Dupla Cué-Murat, bandera del autoritarismo en Oaxaca

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Miguel Ángel Maya Alonso

Gabino Cué Monteagudo, exgobernador de Oaxaca, y Alejandro Murat Hinojosa, actual mandatario estatal, son representantes de una vieja tradición de cacicazgo local, asegura una investigación inconclusa del Instituto Belisario Domínguez, dependiente del Senado de la República y publicado en agosto del 2017.

El informe afirma que en Oaxaca las estructuras operativas del sistema político oaxaqueño se mantiene anclada al autoritarismo, sobre todo porque el gobierno ha sido ejercido por élites formadas al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Desde finales de la década de los ochenta se implementaron mecanismos que dieron mayor apertura democrática, lo que llevó a Gabino Cué al poder, en teoría un gobernante de izquierda, sin embargo, estos cambios no necesariamente han significado una transformación profunda de las estructuras autoritarias.

“Si a finales del siglo XX las disputas entre élites locales por el poder se llevaron a cabo al interior del PRI, en el siglo XXI continuaron mediante los nuevos mecanismos de competencia electoral”, destaca el informe del Senado de la República.

Las contiendas por el poder y el acceso a recursos a nivel municipal se han diversificado; en ellas aparecen, tanto expresiones comunitarias como ligadas a los partidos políticos, afirma el estudio, asimismo, lo que se complica con las más de 400 organizaciones sociales que suelen articularse con las comunidades para gestionar beneficios en favor de su población.

“Desafortunadamente, esta realidad no se ha acompañado por la consolidación de nuevos mecanismos de mediación política y social. El clientelismo es todavía un instrumento fundamental en una sociedad altamente heterogénea como la oaxaqueña y ha sido empleado por las élites en el poder para construir condiciones de legitimidad y gobernabilidad. Para algunos autores tal estructura ha sido esencial en la continuidad del autoritarismo local”, expresa la investigación.

Para el Senado de la República, los recursos para el ejercicio ciudadano de derechos y la expresión de sus demandas en Oaxaca son aún limitados, al tiempo que se mantienen prácticas represivas cuando los mecanismos patrimoniales de intermediación se ven rebasados.

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