Fundamentación y motivación de las autoridades

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Lecciones Constitucionales

Marco Antonio Baños Avendaño

“FELIZ AÑO 2018”

Hemos llegado al fin del año 2017, todo ciudadano debe tener en cuenta que el sagrado derecho a ser libre, ser igual ante la ley, ser protegido por su Constitución y leyes del país, ser atendido por las autoridades sin que medien actos de molestia, sin que exista violación a sus derechos humanos, sin que sea agraviado, censurado o sea agraviado por las autoridades violentados sus derechos.

Lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales, que establecen la obligación a las autoridades que emiten un acto de molestia, que el mismo se pronuncie cumpliendo con todas y cada una de las formalidades establecidas en la ley. Se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse.

En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado.

A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar y motivar.

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.”, que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo.

Ahora bien, ante esa configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados.

Igualmente se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado.

Cuando a un individuo, ciudadano, por ejemplo en materia de trabajo o acto de autoridad, se le violentan derechos humanos establecidos en los artículos 1º, 5º, 8º,13, 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  sus correlativos en los artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, lo establecido en la Declaración de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en sus artículos 1.1 y 2, 8,9, 11, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 2.3, 14, 15 así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 8,  en los que en su conjunto establecen que todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por FUNDADO que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por MOTIVADO, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa, además de respetar el procedimiento. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está premisa se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo.

En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del individuo, para que esté obligado a responder de los mismos, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables.

Si una autoridad violenta Derechos Humanos y se trata de servidores públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con la penal, pues las dos tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico y, por ende, ambas son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado; por ello, en la interpretación de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse, de manera prudente, a los principios penales sustantivos, para valorar la aplicación de sanciones derivadas de la comisión de una responsabilidad administrativa.

Finalmente, es deber de todo ciudadano, hasta el final del año, saber que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está premisa se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Feliz año 2018, les desea el Colegio de Amparo Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, el cual presido con la humildad científica que nos legó el Gran Maestro Nominado Cum Laude del Amparo Mexicano y que aún me inspira a escribir esta columna dedicada al pueblo de Oaxaca desde sus inicios.

 

Esta columna se reproduce en este medio informativo tal cual ha sido concebida por su autor. Las opiniones en ella expresadas no son necesariamente compartidas por este portal.

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