“INICIATIVA PARA CREAR LA LEY PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA”

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MARCO ANTONIO BAÑOS AVENDAÑO

Con un sello de fecha 18 de septiembre de 2012, se propuso  ante la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, esta iniciativa que realmente debe considerarse que se aplique en nuestro Estado, la Exposición de Motivos expresa:

Que con reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es primigenia en derechos de tercera y cuarta generación así como de nuevos mecanismos de exigibilidad y tutela de derechos humanos. La falta de métodos de protección adecuados es particularmente notable en lo que respecta a los derechos relativos al medio ambiente, la salud, usuarios y consumidores, culturales, de desarrollo, entre otros.

El movimiento para dar acceso a la justicia a través de la protección de los derechos difusos y colectivos o intereses supraindividuales dirigido por Mauro Cappelletti durante la década de 1970 llegaron a México a través de una serie de conferencias pronunciadas en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1990. México se encuentra en una etapa inicial del tema, en comparación con las normas y la evolución jurisprudencial de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y Estados unidos. Sin duda México está en condiciones de evaluar y analizar la experiencia acumulada en estos países para forjar un sistema que enriquezca la tutela de los derechos colectivos o difusos.

En el plano constitucional, hay algunos ejemplos de acciones colectivas. Por ejemplo, el amparo agrario de revisión constitucional a favor de la actividad agrícola de los grupos cooperativos o comunitarios, y una llamada acción popular para la protección del medio ambiente y de los consumidores. En el plano legislativo, las demandas populares ya existen en las áreas de medio ambiente, la salud, los consumidores y derechos de los adultos mayores. Éstas suelen dilatarse en los diferentes dependencias administrativas, y en muy pocos casos, se otorga autorización expresa para iniciar acciones judiciales, aunque todas ellas, la dependencia tiene un monopolio exclusivo para comparecer (interés jurídico más no interés legítimo) ante un tribunal para reclamar una violación de los derechos colectivos.

Algunas leyes regulan acciones colectivas o de grupo de forma expresa, así la Ley Federal del Trabajo en Conflictos Económicos de Naturaleza Colectiva, el Código de Procedimientos Civiles de los Estados de Morelos, Chihuahua y Puebla; y la Ley Federal del Consumidor, que sólo da pie a la dependencia para iniciar una acción judicial a nombre de los consumidores.

Es importante mencionar que desde que la Ley de Protección al Consumidor fue promulgada, sólo ha habido dos acciones colectivas presentadas por la Agencia de Protección a los Consumidores ante la jurisdicción federal: los casos de Air Madrid y de Líneas Aéreas Azteca, ambos en 2007, con la excepción de algunos antecedentes judiciales aislados en materia de consumo.

En la actualidad, la posibilidad de una reforma legislativa se encuentra en estudio en México. Tal reforma podría llevarse a cabo de varias maneras: 1) transversalmente, es decir, incluyendo el medio ambiente, la salud, el consumo, la cultura, los procesos de revisión constitucional (amparo), y otros asuntos, (2) mediante la introducción de capítulos específicos en el Código de Procedimientos Civiles y en el Código Federal de Comercio, y 3) a través de la aprobación de un Código de Procedimiento Colectivo General basado en el Código Modelo iberoamericano de Acciones Colectivas, que constituye una guía para promover las reformas legales.

Entre los múltiples aspectos que se deben considerar en la implementación de dicha reforma, se destacan las siguientes: (a) la amplia participación para iniciar estas acciones, teniendo en cuenta la experiencia de otros países, (b) la representación adecuada del grupo, (c) las medidas cautelares adecuadas; (d) la extensión de los efectos de la sentencia definitiva, y (e) la indemnización del daño causado y su extensión a los daños totales.

Asimismo, son de particular interés: (a) un procedimiento de certificación, antes del inicio de una acción colectiva. (b) la cosa juzgada, haciendo que la sentencia vincule a todos los miembros de la colectividad, (c) sistema de output que favorece las reclamaciones legitimas basadas en un principio numérico, (d) topes a los honorarios de los abogados y a las estructuras de rendición de cuentas ante el poder judicial para evitar abusos por parte de los abogados de los demandantes, (e) derecho de presentar una acción colectiva que se limite a organizaciones específicas o para un número mínimo de individuos con el fin de evitar los intereses políticos que interfieren cada vez que se concede exclusivamente a las dependencias administrativas, de conformidad con el principio de representación adecuada, y (f) la asignación de recompensas monetarias a las entidades especificas en lugar de permitir que las ganancias monetarias paren en los bolsillos de los abogados demandantes.

El ambiente es propicio para la discusión de una reforma constitucional para introducir las acciones colectivas, como demuestran las iniciativas presentadas este año para agregar un párrafo quinto al artículo 17 de la Constitución: “Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para una adecuada protección de los derechos colectivos e intereses colectivos, tanto como las medidas que permitan a los individuos organizarse para defenderse”.

La introducción de la acción colectiva es una prioridad de la Administración Federal, el Congreso y el Poder Judicial, incluyendo a los propios Estados Federados.

No sólo para garantizar un mayor acceso a Lajusticia en los términos del artículo 17 de la Constitución, sino también para reducir los recursos humanos y materiales y los costos asociados a la maquinaria judicial, para dar coherencia a las decisiones judiciales, para garantizar el acceso a la justicia, incluidas las pequeñas demandas, y, en particular, para fortalecer la democracia mediante la participación dinámica de la ciudadanía. La multiplicación de las acciones colectivas en todo el mundo es sólo una de las formas en las cuales el acceso a la justicia está siendo cada vez más hacia una mayor parte de la población.

El desarrollo de propuestas de acciones colectivas, la legislación y la promulgación de tales procedimientos en la ley de América Latina siguen marchando con paso firme. En suma, para nuestro tiempo, esta iniciativa de ley tutela los derechos a la salud, vivienda digna y adecuada, la alimentación adecuada y benéfica, desarrollo cultura y a los beneficios del progreso  científico, la participación en la vida cultural, lingüísticos, artísticos, urbanísticos, etcétera.

NO fue viable la iniciativa ya que se necesita de un “Fondo para la Reparación del Daño a Violaciones Graves y Víctimas de los Derechos Humanos”, cuyos recursos están destinados a la reconstrucción de los bienes lesionados de carácter difuso o colectivo, a la realización de actividades tendientes a minimizar la lesión o evitar que ella se repita, entre otras que beneficien el bien jurídico perjudicado.

Esperemos exista la VOLUNTAD de nuestros legisladores para hacer realidad esta iniciativa tan necesaria ya ante tantas violaciones a los Derechos Humanos.

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