Políticas de Seguridad Pública para Oaxaca

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ADOLFO TOLEDO INFANZÓN

Una de las funciones sustantivas del Gobierno es salvaguardar la integridad de la población; garantizar la seguridad no debe interpretarse como una actividad mecánica, como si fuese un simple requisito por cumplir en el quehacer gubernamental; todo lo contrario, las políticas en materia de seguridad pública deben implementarse debidamente fundamentadas, apegadas a la realidad y al contexto directo de acción, con una fuerte carga de preceptos éticos y morales, articuladas de manera transversal con otras políticas públicas, y principalmente, hechas en el marco del cumplimiento puntual de las Leyes.

El pasado 03 de mayo, durante la LII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), una de las agendas temáticas y programas de trabajo fue precisamente el rubro de Seguridad y Justicia, donde se destacó la definición de varios ejes de acción al respecto: regulación de armas, promoción de mando mixto, homologación nacional de los Centros de Comando, Estrategia de combate a la extorsión y, por último, la homologación de los servicios de emergencia.

Esto indica la necesidad de generar que las políticas de seguridad pública sean consistentes en cada entidad federativa; en lo que concierne a Oaxaca, son muchos los desafíos que se presentan.

Para identificar cuáles son los retos de nuestro estado en torno a las Políticas de Seguridad Pública, es fundamental conocer algunas estadísticas al respecto; por ejemplo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Oaxaca ocupa la posición 21 a nivel nacional respecto a la tasa de incidencia delictiva, con un aproximado de 25 mil delitos por cada 100 mil habitantes, esto incluye robo o asalto en la calle o transporte público, extorsión, robo de vehículo, fraude, robo en cada habitación, entre otros.

Por otro lado, la percepción de inseguridad de los oaxaqueños oscila en el 77.7%, lo cual nos coloca en la posición 10 a nivel nacional, y por encima de la media general, que ronda el 73%. Asimismo, de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Oaxaca ocupa la posición número 24 en cuanto a un sistema de derecho confiable y objetivo.

Si bien es cierto que Oaxaca no figura en los primeros lugares de incidencia delictiva en comparación con los demás estados de la República, sí existe la percepción de inseguridad entre la ciudadanía. Esto muestra que las políticas de seguridad pública deben de surgir a partir del contexto local, que complementariamente al seguimiento y cumplimiento de una directriz de carácter Federal y de delitos de impacto nacional; atienda particularmente las causas y las consecuencias de la actividad delictiva en Oaxaca.

En las últimas semanas, el clima de inseguridad en Oaxaca, se ha incrementado considerablemente, principalmente en las regiones del Istmo y la Costa. Es importante que nuestro estado posea políticas de seguridad pública que, por un lado, sean capaces de responder a las particularidades de cada región; y por otro, se construyan de forma holística, esto quiere decir, que deben incidir tanto en la impartición de justicia, como en la prevención del delito.

Un aspecto de relevancia, y que parece se ha dejado de lado, es el Sistema Penitenciario de Oaxaca, que se encuentra catalogado como el noveno peor del país; por lo que es apremiante establecer medidas para mejorar la reinserción social; así como proporcionar mayor seguridad a la población de los municipios donde están ubicados los penales, pues se ha comprobado el aumento en la delincuencia justamente en las zonas cercanas a dichos centros.

Los oaxaqueños no podemos esperar a que se agrave aún más la situación en materia de seguridad pública; es importante que todos los niveles de gobierno se agrupen para atender ésta situación; pues la libertad y la justicia son dos elementos fundamentales para el transcurrir de una sociedad sana y democrática.

@AdolfoToledo_

adolfotoledo@hotmail.com

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