Trump arremete contra fallo judicial sobre DACA

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D. R. por sus autores.

Agencia Notimex

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció ayer un sistema judicial “injusto” en su país, tras la decisión que bloqueó la derogación del programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que otorga estatuto legal temporal a jóvenes indocumentados.

El magistrado William Alsup, de San Francisco, ordenó el martes al ejecutivo “mantener el programa DACA a nivel nacional en los mismos términos y condiciones que tenía antes de ser suprimido el 5 de septiembre de 2017”.

Alsup aseguró en su resolución que el argumento del Departamento de Justicia para eliminar el plan es “una premisa legal con fallos”.

Trump, como ya es habitual, respondió con un tuit demoledor: “Queda claro que nuestro sistema judicial está quebrado y es injusto cuando la oposición en un caso (como en DACA) siempre usa el Noveno Circuito (en San Francisco) y siempre gana, antes que eso sea revertido en cortes superiores”.

Ese programa, aprobado por el expresidente Barack Obama en 2012, protegía de la deportación a indocumentados que llegaron al país en su infancia, conocidos como dreamers.

En concreto, a menos de que una corte de mayor rango anule la decisión de Alsup, los beneficiarios del DACA podrán renovar sus permisos.

El dictamen podría complicar las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre el estatus legal de unos 800 mil jóvenes amparados por el programa. Aunque el fallo benefició inicialmente a los demócratas, también definió el frente de batalla entre las dos partes y podría endurecer las posiciones en vez de alentar el compromiso.

El mandatario confirmó también ayer que no aceptará ningún acuerdo en el Congreso para reemplazar el programa migratorio que no incluya fondos para el muro en la frontera con México.

Por su parte, el legislador estatal de Nuevo México, Bill McCamley,  dijo que se busca presentar una iniciativa de ley para obstruir los planes de construir en esa entidad una parte del muro, ya que teme que éste restrinja el comercio y provoque un estancamiento en el crecimiento laboral.

Los legisladores del Partido Republicano presentaron ayer su proyecto de ley de reforma migratoria, que incluye una solución para los beneficiarios del DACA, pero también garantiza fondos para construir del muro.

Aun si este proyecto de ley resulta aprobado en la Cámara de Representantes, tendrá un camino difícil en el Senado, donde los republicanos necesitarán los votos de al menos nueve demócratas.

El proyecto incluye el fin de las llamadas “ciudades santuario” (que no cooperan con las autoridades migratorias) y dificulta a los inmigrantes legales a adquirir la ciudadanía.

Los republicanos quieren que sea una ley independiente, mientras hay demócratas que buscan adjuntarla al paquete sobre el gasto federal que debe aprobarse antes del 19 de enero para evitar el cierre del gobierno.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos exhortó ayer al Congreso a que reforme leyes para evitar la partida de más de un millón de inmigrantes que corren el riesgo de perder sus permisos de trabajo.

El presidente de la Cámara, Thomas Donohue, se refirió a los inmigrantes que entraron a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños (conocidos como dreamers) y también a los de países afectados por desastres naturales y guerras que actualmente gozan de los beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS), que protegía de la deportación a salvadoreños y haitianos.

Al pronunciar su discurso de comienzo de año, Dononue aseguró que “estos individuos tan trabajadores aportan su talento a nuestra economía de manera clave y los perderemos si el Congreso no actúa pronto”.

Agentes de inmigración llegaron a decenas de tiendas 7-Eleven en Estados Unidos para comenzar a examinar el estatus migratorio de los empleados, en las que detuvieron a 21 personas sospechosas de estar ilegalmente en el país.

Los agentes se enfocaron en 98 tiendas, ampliando una investigación que comenzó hace cuatro años en una causa contra una franquicia en Long
Island, Nueva York.

La acción parece abrir un nuevo frente en la expansión de la aplicación de las leyes de inmigración durante el gobierno de Donald Trump, que ya ha llevado a un incremento de 40 por ciento en los arrestos para deportación.

Derek Benner, un alto funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), aseguró que la operación de ayer fue “la primera de muchas” y “un indicador de lo que vendrá” para los empleadores.

En el barrio de Koreatown, en Los Ángeles, siete agentes, que arribaron en vehículos sin placas, cerraron una tienda durante 20 minutos para explicarle la auditoría al único empleado presente.

Los agentes les dijeron a clientes que llegaban que la tienda estaba cerrada brevemente para una inspección federal.

Benner dijo que las investigaciones no se van a limitar a grandes compañías ni una industria en particular.

A diferencia de operaciones previas, las acciones de ayer estuvieron dirigidas exclusivamente a personal administrativo.

El mandatario insistió en que el acuerdo trata a Estados Unidos de manera muy injusta al poner grandes sanciones por usar los valiosos recursos del país como el gas, el carbón o el petróleo, de manera que su aplicación habría obligado a cerrar negocios.

En 2017, Trump honró una de sus promesas de campaña al anunciar la retirada de su país del Acuerdo de París, con el argumento de que ese pacto pone en “permanente desventaja” a la economía.

Previo a estas declaraciones, el gobierno de Trump ya había dejado la puerta abierta para reintegrarse al pacto en un futuro o a negociar un nuevo acuerdo.

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