Álvaro Morales

En México, uno de cada cinco niños ha sido víctima de violencia sexual durante la primera etapa de su vida, reconoció un estudio elaborado y publicado por la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados federal.

Estas cifras, sin embargo, sólo estipulan los casos que han sido denunciados ante las procuradurías estatales y no considera la cifra negra; es decir, los casos no notificados a las autoridades, precisó el organismo, luego de recibir un proyecto de ley para proteger a la infancia de todo tipo de delitos.

Diariamente, agregó el documento, se suscitan más casos de abuso en escuelas, iglesias, familia y la comunidad, por lo que esta propuesta debe contribuir a disminuir de manera importante el número de estos delitos.

Impunidad, a tope; reforma, en el olvido

Ante ello, el mismo informe resaltó que una iniciativa presentada en 2018 en la Cámara Baja buscaba modificar el Código Penal Federal para equiparar el delito de encubrimiento por parte de superiores jerárquicos, al de pederastia; tipificar el encubrimiento o complicidad de padres o tutores y aumentar de 15 a 30 años de cárcel, y de dos mil a 60 mil días multa, las penas para el delito de pornografía, y prisión hasta por 10 años y 20 mil días multa a quien almacene ese material.

La iniciativa

En ese sentido, se proponía modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para definir medidas cautelares para las víctimas y sus familias, así como la imposibilidad de llevar a cabo acuerdos de reparación entre los menores víctimas y los responsables del delito.

De modificarse a la Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, se estipularía un procedimiento de reparación específica para las niñas, niños y adolescentes.

El proyecto solicitaba que en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se tipificara los delitos de naturaleza sexual contra los menores.

También, que se estableciera en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, sanciones administrativas a las que incurran en conductas contra los derechos humanos, especialmente contra menores de edad, y definir como elementos para las sanciones, el encubrimiento, el daño ocasionado y la reincidencia.

Además, normar en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, las circunstancias especiales de atención, en caso de haber sido víctimas de violencia y sus responsables.

En la Ley de Asistencia Social proponía incluir a las víctimas de violencia como objeto de asistencia social, considerando sus características específicas; incorporar acciones de prevención para evitar que se cometan esos abusos en dichas instituciones y sancionar a las instituciones de asistencia pública o privadas que incurran en violación de los derechos de las niñas, niños o adolescentes.

Asimismo, incorporar en la Ley General para la Prevención Social de Violencia y la Delincuencia, el principio del interés superior de la infancia en materia de prevención y atención de la violencia contra los menores.

Delitos, al alza

Hace tres años, el gobierno federal mexicano admitió un aumento en el número de suicidios y apuntó al homicidio como la cuarta causa de muerte entre los jóvenes.

Ante ello, continuó, “es importante que los compromisos del Estado mexicano se concreten en políticas públicas hacia ellos”.

Informó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que los infantes deben vivir en un ambiente armónico, aunado a que existen responsabilidades para atenderlos y materializar sus derechos; sin embargo, precisó, “a la hora de concretar estas garantías se falla”.

En más al respecto, señaló que en los casos de pederastia en Oaxaca ocurridos en iglesias de la Arquidiócesis de Antequera se realizaron exhortos para solicitar al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, y al titular de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, resolver los casos de abusos a infantes y darles garantía de protección, pero a la fecha no se tienen respuestas concretas.

En ese sentido, el ex sacerdote de la Arquidiócesis de México, Alberto Athié Gallo, destacó que la legislación “está muy atrasada” en relación con la Convención Mundial de los Derechos del Niño. Apenas, dijo, se actualizó con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin embargo, expresó, “en materia de procesos de Ministerios Públicos, detenciones y fallos, no hay un solo sacerdote sentenciado en México y la complicidad entre autoridades eclesiásticas y civiles continúa”.

Iglesia oculta delitos, reitera ex sacerdote

Lo más grave de todo, continuó, es que “no hay justicia y los delitos son ocultos, escondidos y encubiertos. Necesitamos leyes que hagan que los responsables cumplan con la justicia, que se lleven a cabo iniciativas de ley que respondan mejor a las necesidades de justicia de las víctimas de pederastia que hay en el país”.

Incluso, dijo, no se tiene el dato preciso de todas las víctimas que existen en México, porque muy pocas se atreven a denunciar, pasan años para que las y los niños expresen que un sacerdote abusó de ellos.

“El primer intento de control de denuncia está dentro de la iglesia, porque su objetivo central es proteger su imagen y lo hace resguardando a los abusadores; sólo los cambia de iglesia, generando con ello que continúen cometiendo este delito”.

En 2016, la productora Cristina Sada Salinas tuvo la idea original y coprodujo el documental “Silvestre, pederastia clerical en Oaxaca”, para retratar el caso de aquel sacerdote al que se le acusa de abusar de 90 indígenas de la Sierra Mixteca en Oaxaca.

En una de las presentaciones del trabajo, Sada Salinas dijo que 10 sacerdotes oaxaqueños fueron los que denunciaron esos actos y quienes accedieron a participar en el documental.

Sin embargo, comento que a noviembre de 2016, tres de ellos ya habían perdido la facultad de ejercer su ministerio, además de que sufrían persecución y amenazas de muerte.

Miguel Arias, uno de los 10 sacerdotes que dieron a conocer el abuso a niños indígenas por parte del cura Silvestre Hernández, precisó que el ser suspendidos del ministerio sacerdotal significa, en términos civiles, perder toda posibilidad de trabajar en su oficio, además de que “somos amenazados y denunciados, no sólo para promover nuestra suspensión, sino para que nos encarcelen y nos exhiban como criminales por denunciar este caso”.

“Si logran suspendernos del ministerio y meternos a la cárcel a todos, será un mensaje a los demás curas que tengan la intención de denunciar, para que no lo hagan. Nosotros no queremos más víctimas en Oaxaca de casos de niños violados por un sacerdote”, agregó.

El documental “Silvestre, pederastia clerical en Oaxaca”, fue dirigido por Santiago Mohar Volkow, con base en una investigación de Diego Enrique Osorno, y coproducido por Cristina Sada Salinas y Andrés Clariond Rangel.