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Citybús, pacto de impunidad 

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II de II Partes

Álvaro Morales

Claro, es un pacto de impunidad. Yo voy a decir las cosas tal cual son y por su nombre: existe pacto de impunidad entre algunos sectores; claro, por supuesto, en la política”, dijo Héctor Javier Chávez Rosales, integrante de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), consultado por Agenda CIO sobre el Citybús y los motivos que han mantenido en la impunidad las diversas irregularidades que existen en torno el fallido proyecto de movilidad.

“A las cosas hay que nombrarlas por su nombre: es (un tipo de) corrupción que se valida para acceder a los recursos de algún ente, (ya sea) de gobierno o privado o (incluso) internacional”, indicó.

“(Cuando consigues el financiamiento, el proyecto) tiene que seguirse al pie de la letra porque se entiende que había una planeación, que hubo toda una serie de estudios de factibilidad y por algo se realizó en esas condiciones y cuando ya modificas ese proyecto, ya es una cuestión totalmente distinta; entonces, ¿ese financiamiento para qué fue?”, agregó al referirse sobre todos los cambios hechos al plan original del Citybús y su destino final, en el que los autobuses fueron entregados a las empresas camioneras para que los operarán en rutas distintas al plan original, un plan original en el que presuntamente se erogaron más de mil millones de pesos.

Sin embargo, a pesar de las evidentes irregularidades en la fallida obra, ningún funcionario de éste y el pasado gobierno ha pisado la cárcel por su participación en el proyecto que fue impulsado por el ex secretario de Administración en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, Alberto Vargas Varela.

“El problema se llama corrupción”, continuó el especialista: “Una cantidad tan grande de dinero para pavimentar con concreto hidráulico ciertas zonas (es exagerado); son ocho kilómetros (los que conforman la ruta de Viguera a Xoxocotlán; no hay un carril confinado (y) las paradas, primero 14 y ahora 22, tampoco representan esa inversión, en lo que materialmente tenemos hasta ahorita”.

Para Chávez la actual administración no sólo será responsable de mantener en la impunidad los ilícitos cometidos durante la creación del proyecto, sino de haber sumado más actos de corrupción en los últimos seis años.

“Ya incluso hubo una investigación en la que se encontraron presuntos responsables de desvíos, de licitaciones amañadas, de obras mal ejecutadas en el ejercicio de estos recursos públicos; sin embargo, nos dicen quiénes son, pero no vemos las sanciones.

“Hablaban, incluso, en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, del ex secretario de Finanzas, me parece; también de otro funcionario, de apellido Negrete, que supuestamente ellos eran los responsables de estos desvíos, pero ahora que venga la nueva administración, también vamos a encontrar responsables de esta administración porque lejos de dar una solución al problema que se venía arrastrando, fueron a entorpecer más; incluso, hay evidencias de más corrupción de la que se vio (previamente)”, dijo.

–¿Se tapan unos con otros?, cuestionó este medio.

–Claro, es un pacto de impunidad. Yo voy a decir las cosas tal cual son y por su nombre, existe pacto de impunidad entre algunos sectores claro, por supuesto, en la política. 

Sobre el futuro de las investigaciones, el experto en construcción sostuvo que éstas dependerán de la entereza del próximo gobierno estatal, que encabezará el morenista Salomón Jara Cruz.

“Venimos arrastrando problemas de diferentes gobiernos. Va a haber otro gobierno que va a heredar un problema más y si no tiene la capacidad o las ganas, la entereza de reordenar lo que se tiene va a ser un presupuesto más tirado a la basura”. 

Para el arquitecto Lázaro García Saavedra, miembro del Colegio Libre de Arquitectos y del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (Pro-Oax), está última, organización fundada por el pintor Francisco Toledo, las modificaciones a la estructura vial de Oaxaca durante los ocho años que las autoridades insistieron en la construcción del Citybús, son más perjudiciales que constructivas. 

“Estoy totalmente seguro de que si hacemos un análisis de costo-beneficio ese resultado va a ser completamente negativo para la ciudadanía porque hay que entender claramente que todo lo que el gobierno lo hace lo hace con recursos públicos, no lo hace con dinero del partido en el poder, son recursos públicos, son recursos de nosotros de los ciudadanos y esos recursos tenemos los ciudadanos la gran responsabilidad de que sean debida y correctamente utilizados”.

De hecho, el profesionista sostuvo que el nuevo modelo de transporte no cumplió con cuestiones elementales como estudios de impacto ambiental.

“Estoy completamente seguro que ese análisis de costo beneficio nos arrojará sin lugar a dudas que ese costo es negativo porque un proyecto que es de competencia y afecta a toda la ciudadanía no va a cumplir con estos estudios de impacto ambiental, ¿los tiene? Si los tiene, quién los hizo. No es que me interese saber quién los hizo para tener una idea de cuánto cobro, no, es sólo para saber si es una persona que cuenta con el expertís necesario para hacer estos estudios de impacto porque si no hablando de una imposición más”.

Asimismo, advirtió que en caso de que las investigaciones competentes no se traduzcan en castigos contra los responsables, en un periodo maximo de cuatro años la idea quedará en el olvido y los camiones seguirán circulando como lo hicieron durante el último años, cómo parte de las empresas camioneras que ya han existido durante 70 años y no como un modelo alternativo de transporte.

“Máximo unos cuatro años. En que se convierta en un sistema de transporte más, en una ruta más de transporte, en más de lo mismo y que el problema lejos de solucionarse se complique. Tal parece que lo que se le quiere heredar a las próximas administraciones es un problema más y no ayudarlos a solucionarlo”.

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