Álvaro Morales

La jueza principal del Tribunal de Enjuiciamiento de Huajuapan de León, María Teresa Quevedo Sánchez, modificó hoy el delito de desaparición forzada de personas que recaía sobre Lizbeth Victoria Huerta, ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán y operadora política del hoy gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, y la sentenció a cuatro años y dos meses de prisión bajo cargos de “obstrucción” en la búsqueda de Claudia Uruchurtu Cruz, activista desaparecida desde marzo de 2021.

Con su decisión, la jueza Quevedo Sánchez propició que la pena contra Victoria Huerta se redujera 94 por ciento, pues la sentencia máxima por desaparición forzada de personas, delito que se le atribuía a la ex edil, es de 60 años.

Pero sí sentencia a los cercanos de la edil

Contrariamente, la misma juzgadora halló penalmente responsable de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu a Juan Antonio Hernández Martínez, guardaespaldas de Lizbeth Victoria, y, por ende, lo condenó a 60 años de prisión en calidad de autor material del acto criminal, y, en calidad de partícipes o cómplices, condenó a 40 años de cárcel a Rolando Aquino Barrita y a la misma pena a Nelci Yanet Vásquez Jiménez, ambos también cercanos a la ex alcaldesa.

Las penas fueron confirmadas por fuentes de la Vicefiscalía de la Región de la Mixteca.

“Por favor, ayúdennos a compartir. Que todo Mexico se entere el nivel de corrupción entre el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y el gobernador Salomon Jara Cruz”, publicó en redes sociales Sara Uruchurtu, hermana de Claudia, esta tarde, al dar a conocer, por su parte, la determinación del Tribunal de Enjuiciamiento.

“Un crimen cometido por Lizbeth Victoria Huerta, con miembros cercanos de su equipo, el novio y el guardaespaldas, con autos de municipio a su cargo, con ayuda de sus grupos de choque”, agregó la víctima indirecta.

Mientras tanto, en un pronunciamiento a nombre de la familia Uruchurtu Cruz, se reiteró que “es claro que tanto la juez María Teresa Quevedo Sánchez como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, han sucumbido a otros intereses y has desvirtuado, una vez más, el significado de la justicia y la verdad”.

Gobierno federal lo había advertido 

Durante la conferencia matutina de este día, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja había advertido que la jueza de Oaxaca había pretendido desde el lunes pasado cambiar el delito que se le imputaba a Lizbeth Victoria por otro que ameritaba una pena corporal menor.

El funcionario reiteró que las investigaciones para detener a Victoria Huerta y cuatro cómplices, uno de ellos con proceso judicial aún abierto, fueron realizadas por la Fiscalía de Oaxaca y la Unidad Nacional Antisecuestros, por lo que un cambio en el fallo sería un acto de impunidad.

“Aquí se informó que hubo un fallo condenatorio contra diversas personas, entre ellas la alcaldesa de Nochixtlán, Lizbeth N… la jueza condenó a estas cuatro personas al delito de desaparición forzada y solamente estaba pendiente la audiencia de la individualización de la sanción que se llevó a cabo el lunes 12 de diciembre”, explicó el servidor público.

“Sin embargo, en la audiencia se advirtió que la jueza pretendía que el Ministerio Público señalara pena para otro delito, no para el delito de desaparición forzada sino para el delito de desaparición de personas, (la diferencia) es sustantiva porque para el delito de desaparicion forzada, que es para el que de realiza la condena la pena va de 40 a 60 años de prisión, en tanto que para el otro delito es de dos a siete años de prisión.

“Este caso lo exhibimos porque es un caso que generó mucha indignación y está probado y están sentenciadas las personas como responsables y aquí el punto es que la jueza no vaya a cambiar el fallo que ella misma determinó. Sería un caso de impunidad y efectivamente se recurría si fuera el caso”.

Apelarán sentenciada 

Por su parte, fuentes de la Vicefiscalía de la región de la Mixteca confirmaron la sentencia emitida este día y adelantaron que la autoridad ministerial apelará el fallo de la jueza, María Teresa Quevedo Sánchez.

“Que el nombre la  jueza corrupta y vendida sea bien conocido en todo Mexico”, insistió la familia, al afirmar que la responsable de la resolución “en vez de cambiar la historia de Oaxaca decide desvirtuar su carácter de juez y se vende de la forma más indignante. Seguiremos luchando en ámbitos federales e internacionales”.