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Delincuencia organizada opera al interior del Gobierno de Oaxaca, afirman abogados

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Álvaro Morales

Desde el interior del Gobierno de Oaxaca y delegaciones de la administración pública federal operan grupos de delincuencia organizada que se valen de toda la estructura del Estado, como el Registro Civil, el Catastro o el Registro Agrario Nacional (RAN), para orquestar despojos y desapariciones “jurídicas” de personas, en agravio de particulares y comunidades enteras, acusaron los abogados Maurilio Santiago Reyes y Caleb Gómez Conzatti, al participar el jueves en la emisión en vivo de Agenda CIO.

Aquellas redes de delincuencia son integradas por altos funcionarios del Poder Ejecutivo, desde la Secretaría General de Gobierno (Segego) y otras oficinas cercanas a la gubernatura, pero también por diputados locales y federales, servidores públicos del gobierno federal, caciques y por particulares cercanos a grupos políticos, que se han enriquecido a costa de los fraudes y del tráfico de influencias, afirmaron ambos personajes, en el programa transmitido, como cada semana, minutos después de las 20:00 horas a través de la plataforma de Facebook Live de CIO Información.

En el caso de los despojos orquestados en contra de particulares, subrayaron, los grupos delictivos buscan posesionarse de inmuebles en zonas de alta plusvalía, como el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca o destinos turísticos, por lo que Caleb Gómez Conzatti, quien actualmente junto con sus dos hermanos –Herbé y Ashmar–, mantiene múltiples denuncias penales en contra de instancias del gobierno de Oaxaca por el robo de su identidad y el intento de despojo de dos propiedades, llamó a la sociedad y “a todo aquel que tenga un metro de tierra en el Centro Histórico”, a corroborar de manera continua el estatus legal de sus bienes inmuebles a efecto de evitar fraudes.

Por su parte, Maurilio Santiago, activista, presidente de la organización Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) y asesor legal de municipio de Santo Domingo Ixcatlán, donde mil 13 comuneros fueron dados por muertos y sepultados por el Registro Civil de Oaxaca en 2018, reiteró que en el caso de las comunidades oaxaqueñas, los delitos son promovidos por altos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (Segego), desde secretarios y subsecretarios, que no sólo avalan sino que amenazan a los pueblos y ordenan la falsificación de documentos oficiales para desposeerlos, con la intención de satisfacer intereses políticos y económicos de grupos.

“Nos preocupa realmente que en Oaxaca existe delincuencia organizada desde el gobierno del estado. Son delincuentes que ocupan el poder para hacer y deshacer; despojar y engañar. Creo que eso debe ser investigado”, refirió Santiago Reyes, después de exponer el caso que atañe a Santo Domingo Ixcatlán y que fue abordado en la versión escrita de Agenda CIO del martes pasado y cuya disputa por la superficie territorial podría estar vinculada –según el asesor– a la intención de grupos de poder de cederla para la explotación minera.

El pasado 26 de junio, CEDHAPI denunció que el Registro Civil de Oaxaca en contubernio con el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria (PA) dieron por fallecidos y sepultados a mil 13 comuneros del municipio de Santo Domingo Ixcatlán, localizado en la región de la Mixteca, con el objetivo de despojarlos de sus tierras.

El organismo de la sociedad civil indicó que todas las personas declaradas muertas por las autoridades se encuentran vivas; sin embargo, la Representación Comunal Agraria, integrada por comuneros afines a la familia “de caciques” Morales Arias, de la que forma parte la ex presidenta del Comisariado de Bienes Comunales, Alma Morales Arias, decidió, el 12 de agosto de 2018, dar de baja del padrón de comuneros a las víctimas para “privarlos de todos sus derechos como personas y, en especial, a los derechos a sus tierras y territorio indígena”.

A pesar de que dentro de la lista de agraviados se encuentran 22 personas vivas que cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agregó la ONG, el representante del Registro Civil, Daniel Víctor Merlín Tolentino, entonces Jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil de Oaxaca, avaló el acta en la que se notificaban las muertes a través del oficio DRC/UJ/699/2018.

“Esto no lo hace una persona, esto no lo hace la familia Morales Arias, esto es un tema que se orquesta desde el escritorio de la Secretaría General de Gobierno (Segego). Esto se fragua desde el gobierno del estado de Oaxaca, desde la Segego, directamente se opera esto”, reiteró.

Tras dar por muertos a los más de mil comuneros, la representación quedó conformada por 300 personas que decidieron ceder una parte de sus tierras, recordó.

“Ya se interpuso el recurso de amparo, se interpuso un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario… no es solamente una autoridad, existen muchas autoridades que están de acuerdo (para cometer los ilícitos); incluso, este grupo político al que pertenece Freddy Eucario Morales Arias (líder de aquella familia acusada de mantener un cacicazgo en la zona), no es un grupo cualquiera: dentro de este grupo hay diputados, hay funcionarios que son diputados actualmente del gobierno del estado, como Marco Antonio Cuevas (Coordinador General de Delegaciones del gobierno local), que es uno de los que operan esta situación y él es funcionario; hay muchas cosas (que deben ser investigadas)”, resaltó.

El abogado sostuvo que el caso de Santo Domingo Ixcatlán no es el único despojo que se ha registrado en Oaxaca en contra de un pueblo completo y, como ejemplo, recordó a la comunidad de Tilzapote, situada en Santa María Tonameca, donde un particular se ostenta como dueño legal de las tierras sobre las que se encuentra asentada la población, en la región de la Costa, situación que actualmente se dirime en tribunales.

“Sabemos que mediante un supuesto juicio, una persona, un particular, quiso despojar a una comunidad indígena de la Costa, Tilzapote, de todo su territorio. De la noche a la mañana, apareció que la comunidad, que los bienes comunales, tenían dueño.

“¿Cómo ese particular lo iba a hacer (despojar a la población) sin el apoyo de todo ese aparato, de todo ese grupo de personas, de funcionarios y políticos que tenían esa intencionalidad?, cuestionó el también activista.

“En mi trayectoria como abogado, he visto, sobre todo en lugares que son cotizados, donde hay playas, que de repente aparece un particular con una supuesta acta de posesión y pelea con los verdaderos comuneros y los despoja, pero resulta que ese particular tiene el apoyo de muchísimos funcionarios del estado, de todos los niveles”, denunció.

Mientras tanto, en su intervención, Caleb Gómez Conzatti resaltó que al igual como se suscitó en Santo Domingo Ixcatlán, donde el Registro Civil se confabuló con las autoridades vinculadas con la propiedad agraria, en el caso de los fraudes a particulares, se concatenan el Registro Civil y todas las instancias que dotan de certeza jurídica a la propiedad privada.

“El Registro Civil depende de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo; el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (Infreo) tiene una Junta de Gobierno y el presidente es la Consejería Jurídica… lo que queda claro es que hay una concentración de las dependencias que están concatenadas en toda esa maquinación de fraudes”, resaltó.

En el caso de los hermanos Conzatti, indicó, en enero de 2021, después de haber sido desaparecidas sus actas de nacimiento del Registro Civil, el Catastro de Oaxaca notificó que los registros de dos de sus propiedades ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca habían desaparecido, mientras que, obligado por un recurso legal, el Infreo, luego de que en un principio había negado información al respecto, terminó por reconocer que sí existían antecedentes de los bienes a nombre de los agraviados.

“Si esto no es una maquinación orquestada por el Estado ¿de quién? Al igual que en el tema de Ixcatlán, seguramente hay un particular que se beneficia; no es que se vaya a despojar a los hermanos Gómez Conzatti para ir a donar (los inmuebles) al patrimonio de Oaxaca; hay un particular que pretende esos inmuebles.

“La mecánica con Ixcatlán es la misma: te desaparezco del Registro Civil y acto seguido voy al registro de tus propiedades… el modus operandi es el mismo”, apuntó el entrevistado.

El miércoles pasado, Agenda CIO, en otras de sus entregas escritas, reportó que los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez acusan al Registro Civil de Oaxaca de haberlos despojado de su identidad al desaparecerlos de los libros de registro y con ello pretender borrar el vínculo con su padre, Víctor Manuel Gómez Conzatti, hijo del botánico italiano Cassiano Conzatti, con la intención de despojarlos de dos inmuebles, una edificio comercial y una casa localizada localizados en el centro de la ciudad de Oaxaca.

Los hermanos sostienen que se han enfrentado a una red de delincuencia organizada, pues para despojarlos de su identidad y desposeerlos de sus bienes han participado tres instancias de gobierno: el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca.

Caleb y sus dos hermanos, afirmaron que el robo de identidad se registró en 2020 y que se enteraron de él en septiembre, cuando, de manera anónima, les hicieron llegar las actas de nacimiento en los que sus nombres aparecían con los apellidos López Martínez y no Gómez Conzatti y Martínez, como ellos se identifican.

Hasta antes de aquel periodo, han sostenido, toda su documentación se había mantenido en orden, pues en el litigio que actualmente mantienen contra las autoridades del estado de Oaxaca, encabezadas por el Registro Civil, los hermanos han exhibido copias certificadas con los apellidos Gómez Conzatti y Martínez, así como credenciales de elector, CURP, pasaportes y cédulas profesionales de diversas instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey.

En otra de sus intervenciones del jueves, Maurilio Santiago resaltó: “Aquí está muy clara, clarísima la situación; es el mismo patrón que se ha efectuado para otros casos. Hay un interés económico clarísimo, un beneficio de particulares, muchos de ellos coludidos con funcionarios públicos del gobierno federal y gobierno estatal, con un solo interés: obtener un lucro, un beneficio.

“Esas personas no son personas cualquiera… son particulares coludidos con funcionarios que operan los diferentes niveles de gobierno y a eso se le puede llamar delincuencia organizada, efectivamente, porque son personas que están, que ocupan el poder para obtener un lucro, un beneficio”.

Finalmente, Caleb Gómez Conzatti llamó a la sociedad a levantar la voz, principalmente “aquellos que tengan un metro cuadrado en Oaxaca” porque están “bajo este esquema (de despojo).

“Dices: ‘Mi casa no vale tanto’… (pero) no importa que no valga tanto, porque es un esquema de tráfico ilegal de inmuebles; entonces, es el mismo costo para esa delincuencia meter a la lista mil hectáreas de terrenos comunales o dos casas en el centro (de Oaxaca); les cuesta exactamente lo mismo”.

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