Denuncian asesinato de activista; desaparece otro en Oaxaca

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Organizaciones sociales de Oaxaca denunciaron el asesinato de un activista y la desaparición de otro defensor de derechos humanos, en la comunidad Cerro Caliente, del municipio de Santiago Jocotepec, en la región de la Cuenca.

Los hechos se registraron la noche del pasado 20 de enero cuando Carlos Mendoza Ramos, dirigente de la Unión Campesina e Indígena Nacional (UCIN) en la región chinanteca de la entidad, fue sustraído de su domicilio con uso de violencia por parte de un grupo de personas armadas, denunciaron.

Así como ese mismo grupo atracó a la familia del dirigente para después asesinar a Gustavo Cruz, activista social en esa comunidad e integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca «Ricardo Flores Magón» (CIPO-RFM).

Frente a esos hechos, la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca, integrada por distintas organizaciones sociales, exigió a las autoridades estatales la presentación con vida de su compañero desaparecido y justicia por el asesinato de uno más.

A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca exigió activar de forma inmediata el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas e informe sobre el paradero del defensor de derechos humanos.

Así también, demandó medidas cautelares para garantizar la vida y la integridad física de las familias de las víctimas, además de la misma protección para el resto de los integrantes de UCIN.

De acuerdo con la organización, las personas armadas que llevaron a cabo los delitos son conocidas en la región por la comisión de actos como son robos y asesinatos, las cuales se han denunciado, pero siguen en libertad.

Por estos hechos, la presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la 64 legislatura del Congreso Local, Magaly López Domínguez, también exigió justicia al Gobierno del Estado, así como la intervención del gobierno federal.

La legisladora demandó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca realice investigaciones para determinar las responsabilidades en las violaciones a derechos humanos que se mencionan, además de declarar recomendaciones.

A las autoridades municipales de Santiago Jocotepec los exhortó a coordinarse con el gobierno del estado para aplicar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida y la integridad de los familiares de las víctimas de estos hechos, así como de dirigentes y activistas de la UCIN y del CIPO-RFM en dicho municipio.

 

El Universal

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