Denuncian a Cabildo de San José del Progreso por irregularidades y malos manejos
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Habitantes de San José del Progreso del distrito de Ocotlán de Morelos viven en constante zozobra pero no a causa de la delincuencia sino por el actuar de sus autoridades municipales que encabeza Servando Díaz Vásquez.
A decir de ciudadanos entrevistados y que por temor a represalias se reservan sus nombres, el edil e integrantes del Cabildo municipal portan armas largas AK-47 conocidas en el bajo mundo de la delincuencia como “cuerno de chivo”, con las que intimidan a la población pero sobre todo a quienes no están de acuerdo con su forma de gobernar.
Acusaron que el munícipe Servando Díaz Vásquez se ufana de ser militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y como parte de su impunidad es escoltado por guaruras que también portan armas de grueso calibre.
“Hoy que se habla de que hay que combatir la delincuencia en el estado de Oaxaca, este presidente hace alarde de portar armas largas sin que nadie haga algo al respecto, por lo que pedimos a la Sedena que desarme a las autoridades municipales”, expusieron.
De igual manera, afirmaron que el Cabildo recibe cada año 12 millones de pesos por parte de la empresa minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines (FSM) y cuyo destino se desconoce ya que no hay obra pública en el pueblo.
A decir de los inconformes, las escasas obras en la comunidad fueron ejecutadas por la empresa minera Cuzcatlán que se ve obligada a hacerlas con tal que las autoridades municipales la dejen operar los yacimientos de oro, plata y otros minerales preciosos.
De la misma forma, señalaron que la empresa minera a lo largo de varios años de estar en funciones ha causado severa contaminación al medio ambiente local y a la salud de los habitantes, por lo que exigen su salida del lugar.
La queja de la zozobra en San José del Progreso también la retomó la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) cuyos miembros de la comunidad, de Ejutla de Crespo y Ocotlán de Morelos han denunciado la operación ilegal de la empresa minera y los daños sociales y al medio ambiente que ha causado.