Álvaro Morales

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Zetas son dos de los al menos seis grupos del narcotráfico con presencia en el estado que durante los últimos años han reclutado a adolescentes oaxaqueños de entre 12 y 15 años para incorporarlos a la delincuencia organizada, donde fungen roles que van desde narcomenudistas hasta secuestradores y sicarios, de acuerdo con investigaciones de organizaciones no gubernamentales y datos del gobierno federal.

En uno de los últimos casos ventilados públicamente, seis adolescentes oaxaqueños entrevistados por la asociación civil Reinserta en la elaboración del estudio “Niñas, Niños y Adolescentes reclutados por la Delincuencia Organizada”, admitieron haber sido reclutados por grupos delincuenciales y que una vez “captados” recibieron adiestramiento de militares y sicarios de las bandas delictivas. En total, el estudio incluyó el testimonio de 89 adolescentes, de los cuales 67 admitieron estar o haber estado vinculados a grupos delictivos.

A cambio de intervenir en prácticas ilícitas, los jóvenes oaxaqueños revelaron que llegaron a recibir sueldos de entre 15 mil y 30 mil pesos mensuales, en un fenómeno que cada día se extiende más en esta entidad del sur del país.

De hecho, para otra organización no gubernamental, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dedicada a la investigación periodística, hasta 2019, en Oaxaca, se tenía el reporte de al menos otros dos grupos del narcotráfico con presencia en sus regiones: el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, que también podrían incurrir en el reclutamiento de niños y adolescentes.

Pero no es todo, pues en septiembre de 2020, un informe oficial, divulgado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no sólo confirmó la versión de MCCI sino que sumó a la lista de organizaciones con presencia en el ámbito estatal a otros dos grupos: La Familia Michoacana y el Cártel de los Beltrán Leyva.

De la simulación, a la realidad… al borde de la tragedia

A Jesús lo sacó de su casa un niño de 13 años, que semanas antes lo había conocido en un local de renta videojuegos en el municipio de Tlacolula de Matamoros, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca.

El señuelo; es decir, el aparente amigo, trabajaba ya para una presunta célula criminal y con la intención de ganar más adeptos, se acercó a Jesús, de 12 años, un chico que en la ficha de búsqueda que se divulgó con su nombre aparece sonriente y con gorra; un adolescente normal.

El pretexto fue invitarlo a disputar una partida de Free Fire, un juego en línea que en 2018 alcanzó 182 millones de descargas, lo que lo convirtió en el segundo juego de “batalla real” con la mayor demanda en todo el mundo.

La dinámica de la plataforma consiste en que hasta 50 jugadores caen desde un paracaídas en una isla en busca de armas y equipo para matar a sus oponentes. Los integrantes son libres de elegir su posición de partida, escoger armas y suministros para alargar su vida en la batalla.

“En inglés, battle royale, algunas veces referido en español como batalla real, es un género de videojuegos que combina los elementos de un videojuego de supervivencia con la jugabilidad de un último jugador en pie”, dice una descripción hallada en la web.

Los videojuegos tipo battle royale desafían a un grupo de jugadores, comenzando con un equipamiento mínimo, a que busquen armas y eliminen a otros oponentes, siendo el ganador el último jugador en pie, continúa la explicación.

Jesús y la carnada –su nuevo “amigo”– comenzaron a jugar en línea y mientras eso pasaba, el señuelo le presumía a Jesús billetes de diversas denominaciones, hasta 10 mil pesos en efectivo.

Cuando logró captar la curiosidad de la víctima, la carnada le dijo a Jesús que el dinero lo ganaba “trabajando” y que, si quería, él podía ganar lo mismo si colaboraba como vigilante con un grupo de personas a las que él conocía. De acuerdo con versiones periodísticas, el monto ofrecido llegó a los 8 mil pesos.

Con el paso de los días, el señuelo contactó a otros dos jóvenes de la misma edad de Jesús en el mismo local de videojuegos; todos jugaban y a todos, el nuevo amigo, les invitaba cosas.

El nueve de octubre, el señuelo los volvió invitar a jugar y cuando estaban todos juntos “les quitaron celulares y se los llevaron de Tlacolula”, en el comienzo del martirio de tres familias

“Gracias a las publicaciones por redes sociales, recibimos llamadas acerca de que los habían visto por el ADO, por el MiniAutos de avenida Ferrocarril, pero la autoridad en Tlacolula, de plano, dijo que teníamos que esperar 72 horas siendo menores de edad”, narró una allegada de los jóvenes involucrados, en una denuncia pública hecha a través de redes sociales.

Ante la falta de apoyo de las autoridades municipales y ministeriales, los padres decidieron salir “en caravana” a la ciudad de Oaxaca e ir a donde la gente había visto a los adolescentes.

“Gracias a Dios, el celular de uno de los niños se prendió y lo ubico en esa casa ubicada sobre avenida Ferrocarril…”, continúa el relato.

“Cuando llegamos, justo llegó una unidad de policías y salió la hoy detenida y se le dijo que veníamos por los niños que tenía aquí y, en todo momento, negó que hubiera niños ahí… hasta que se vio acorralada y sacaron a los niños…”, precisa.

El juego Free Fire recaudó en 2018 aproximadamente 19.3 millones de dólares, lo que lo convirtió en un éxito financiero significativo para la empresa divulgadora de su contenido en las plataformas Android e IOS: Garena.

“Contarles la historia de lo que pasó es muy larga, pero a resumidas cuentas resulta que es una banda que opera en Oaxaca y que utiliza menores de edad para hacerse pasar por amiguitos”, agrega la denuncia pública divulgada en redes sociales por el caso de los jóvenes de Tlacolula de Matamoros.

“Ya tenían boletos a las 11 de la noche para llevarlos a la Ciudad de México y posteriormente a Monterrey. Gracias, porque de no habernos ayudado saliendo de Oaxaca hubiese sido imposible encontrarlos… es muy triste que un niños de 13 años esté involucrado…”.

Los jóvenes serían utilizados, de acuerdo con lo trascendido, como “halcones” o vigilantes para un cártel de la droga.

Aquél caso, ocurrido hace una semana en los Valles Centrales de Oaxaca, es sólo uno de las decenas que se registran a diario en territorio estatal, pero que, de acuerdo con la propia Fiscalía General del Estado, no son investigados por la policía.

De acuerdo con fuentes oficiales, más del 95 por ciento de los plagios relacionados con trata de menores de edad con fines de explotación laboral no son denunciados por los padres o tutores de las víctimas y, por tanto, no llegan ante un Ministerio Público. Permanecen impunes.

Tal es así, que diversas bandas del crimen organizado han efectuado el reclutamiento “exitoso” de niños y adolescentes oaxaqueños a fin de que éstos funjan roles que van desde narcomenudistas hasta sicarios.

En el estudio “Niñas, Niños y Adolescentes reclutados por la Delincuencia Organizada”, la asociación civil Reinserta entrevistó a un total de 89 adolescentes que se encuentra recluidos por diversos delitos en los estados de Coahuila, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo y Oaxaca.

De esos 89 testimonios, seis fueron levantados en Oaxaca, donde pudo confirmar que en esos casos –todos varones– los jóvenes tuvieron vínculos con la delincuencia organizada.

En el caso de Oaxaca, la investigación que fue financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por su sigla en inglés) arrojó que las organizaciones que predominan en la entidad son el cártel Los Zetas y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De esos seis testimonios, Reinserta AC indicó que los adolescentes señalaron, en tres casos, que tuvieron procesos de adiestramiento con una duración de una a tres semanas, “dirigidos por militares y mandos de la organización criminal”.

Asimismo, la ONG resaltó que el narcomenudeo fue el primer delito cometido por los adolescentes oaxaqueños entrevistados y que éstos se involucraron con la delincuencia organizada entre los 12 y 16 años de edad.

El estudio también resaltó que el involucramiento con grupos criminales fue incentivado, principalmente, por una necesidad económica, seguido de búsqueda de pertenencia.

“Los delitos por los que están privados de la libertad son homicidio, secuestro y violación: cuatro reportan haber sido invitados a participar en la delincuencia organizada, uno más buscó unirse voluntariamente y otro reportó haber sido obligado”, precisó la agrupación, consultada al respecto.

Asimismo, informó que los adolescentes dijeron haber permanecido como parte de los grupos criminales entre uno y tres años, además de que tres de los seis jóvenes advirtieron que podrían reincorporarse a las filas de las bandas delictivas una vez que concluyan su encierro.

“Sólo dos de los seis entrevistados recibe la visita de su madre o padre en internamiento”, apuntó Reinserta.

La organización también apuntó que cuatro de los adolescentes dijeron tener a algún miembro de su familia involucrado en la delincuencia organizada, además de que su nivel máximo de escolaridad es de secundaria trunca.

“El primer contacto con drogas fue a través de amigos, siendo marihuana y cocaína la que más se consumó iniciando el consumo principalmente entre los 11 y 15 años; narcomenudeo resalta como primer delito cometido”, precisó.

Oaxaca, la negación

Hasta 2018, el gobierno de Oaxaca negó sistemáticamente a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado la existencia de grupos de la delincuencia organizada, aun cuando el gobierno pasado, que encabezó Gabino Cué Monteagudo, había admitido su presencia.

Sin embargo, el 28 de octubre de 2019, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que en Oaxaca se tenía detectada la presencia de células de la delincuencia organizada vinculadas con los cárteles de Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Zetas y Sinaloa.

En el reportaje “El otro fracaso de la guerra contra el narcotráfico”, MCCI reveló que de las 233 personas detenidas durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que fueron exhibidas como líderes del narcotráfico, únicamente 13 había sido sentenciadas, 11 por delitos que nada tienen que ver con su presunta participación en grandes bandas de distribución y venta de estupefacientes.

En el caso de Oaxaca, MCCI señaló, en una información divulgada de manera paralela con la publicación de su reportaje, que los datos sobre la influencia de grupos del narcotráfico en la entidad los obtuvo a partir de informes que autoridades federales, entre ellas el Ejército Mexicano, la Policía Federal y la hoy Fiscalía General de la República, había entregado a diversos medios de comunicación, entre ellos Excélsior a finales de 2018.

“Exactamente, no sabía que (las autoridades de Oaxaca) negaban la presencia de cárteles del narcotráfico”, respondió Laura Sánchez, coautora del reportaje, al ser consultada por el reportero en aquel momento.

Sobre la estrategia que adoptaría en aquel momento el naciente gobierno de López Obrador en materia de combate a la delincuencia organizada, Laura Sánchez confirmó lo expresado una semana antes en Oaxaca por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en el sentido de que el gobierno actual no seguiría el modelo implementado por las últimas administraciones, pues de entrada, dejará de considerar objetivos prioritarios.

“(En el Plan Nacional de Seguridad al buscar la palabra narcotráfico) en ningún momento se menciona cómo van a solucionar el problema de consumo de droga, del tráfico de drogas; dicen que lo van a hacer desde la raíz, desde donde se genera el problema, dándole trabajo a los pobres, a los adultos mayores, pero realmente yo no veo una estrategia”.

Un año después, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no sólo confirmó sino que amplió la información divulgada por MCCI.

“Gracias a todos los que apoyaron compartiendo (los llamado de auxilio) y las personas que llegaron a apoyarnos en rodear avenida Ferrocarril… hubo gente que se burló, que no quisieron ayudar…

“Les cuento un poco lo que pasó porque sin pensarlo son cosas que pasan y es un pánico horrible saber dónde no está tu hijo…”, finaliza la denuncia viralizada en redes sociales tras la desaparición de los tres chicos de Tlacolula de Matamoros; hoy, finalmente, de vuelta con sus padres, en un caso ocurrido dos años después de que una ONG refutó los informes del actual gobierno acerca de la inexistencia en el estado de bandas del narcotráfico.