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Fraudes por reconstrucción en Oaxaca, tan graves como la Estafa Maestra

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Álvaro Morales

La tragedia ocasionada por los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y sus miles de réplicas fue vista por funcionarios de los gobiernos municipal, estatal y federal como una oportunidad para hacer negocios, a partir de actos delictivos como defraudación, tráfico de influencias, tráfico de datos, desvío de recursos y demás actos de corrupción que ameritan cárcel y sanciones administrativas contra los responsables, sostuvo el diputado local Pável Meléndez Cruz, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a los Recursos Presupuestales de la Reconstrucción tras los Sismos de 2017 en el Congreso del Estado.

En el marco del cuarto aniversario luctuoso del sismo de 8.2 grados, el representante popular comparó la serie de delitos cometidos durante la reconstrucción en Oaxaca –y su gravedad– con otros actos delincuenciales descubiertos durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, como la Estafa Maestra, orquestada desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entonces a cargo de Rosario Robles Berlanga, en prisión desde 2019, y a la que también acusó de permitir que decenas de damnificados oaxaqueños resultaran defraudados.

Sin querer precisar cifras, porque “es irresponsable”, Meléndez Cruz estimó que al menos uno de cada 10 damnificados por los sismos del siete, 19 y 23 de septiembre de 2017 fue víctima en Oaxaca de algún tipo de fraude, aunque para organizaciones no gubernamentales de la región consultadas al respecto, tal porcentaje podría llegar hasta el 50 por ciento.

De entrada, en su momento, durante 2017 y 2018, la Sedatu informó que había distribuido recursos para la rehabilitación de más de 58 mil viviendas diseminadas en territorio estatal; sin embargo, en la realidad, tales números nunca pudieron comprobarse, denunció el funcionario público, integrante de la 64 Legislatura del Congreso del Estado.

–¿Usted esperaría que hubiera detenciones, procesos judiciales e incluso encarcelamientos por esta situación?

–Deberían aplicarse las responsabilidades civiles, penales y administrativas a los que fueron encargados y a los que hicieron de la reconstrucción un negocio. Yo sufrí el sismo, fui damnificado, estuve viviendo en una cocina comunitaria que se hizo en mi barrio; es decir, toda la gente del Istmo que fuimos protagonistas de este desastre vimos que las cosas no se hicieron como debe ser y, desafortunadamente, hicieron un negocio de la reconstrucción y por eso debe haber gente responsable.

>(La reconstrucción) es una de las líneas de investigación que supuestamente se le siguen a la señora Rosario Robles, además de la Estafa Maestra, porque ella era la cabeza de ese equipo, así que debe haber responsabilidades al equipo que tenía… y, en ese momento, dadas las instrucciones del ex presidente Peña Nieto, el equipo del gobernador actual de Oaxaca (Alejandro Murat) tenía que participar en las corresponsabilidades de la aplicación de los recursos públicos.


–¿Después de la Estafa Maestra, el agravio más fuerte cometido por Rosario Robles fue el tema de la reconstrucción?

–La señora Robles tiene una responsabilidad titánica en la reconstrucción; fue la responsable de que esto se viera como un negocio y no como hacerle justicia a las miles de familias que quedaron desamparadas en el desastre. Muchas viviendas quedaron olvidadas de la Sierra Mixe zapoteca, en el caso del Istmo; no fueron atendidas debidamente y se fueron solamente sobre el caso mediático de las grandes ciudades, como Juchitán de Zaragoza… pero muchas casas de los indígenas de la sierra mixe zapoteca nunca las voltearon a ver.

>Muchas familias que no fueron atendidas fallecieron el 23 de septiembre cuando el tercer sismos nos pegó y que no lo quisieron reconocer como evento, ellos dijeron que fue una réplica más y no es cierto fue un evento nuevo. En esa réplica murió mucha gente porque estaba temerosa de que su vivienda se le cayera y no hubo quién se ocupara de ellos, y algunas personas que todavía se dormían en los pórticos fallecieron porque se les vino la casa encima por no tener las atenciones que se necesitaban.

Es responsable en todos los sentidos: ella, el equipo de presidente Peña Nieto y los funcionarios estatales que acompañaron a esos funcionarios federales del régimen anterior.

De los 7 mil millones de pesos que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto justificó haber enviado a Oaxaca durante 2017 y 2018 para la reconstrucción de las zonas devastadas, se ignora el destino que tuvieron 4 mil millones de pesos, de acuerdo con un balance dado a conocer por el propio Meléndez en 2018.

A ello, agregó en aquel momento, se sumaba el hecho de que el gobierno de Oaxaca tampoco transparentó el destino de decenas de millones de pesos que supuestamente había invertido en la rehabilitación de las zonas afectadas, incluida una presunta inversión de 200 millones de pesos para la remoción de escombros.

El representante del distrito de Tehuantepec, en la región del Istmo, sostuvo que las inconsistencias heredadas por la pasada administración federal, tanto en el censo de damnificados como en el destino del presupuesto para labores de reedificación y rehabilitación de inmuebles, obligaron al actual gobierno de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a comenzar de cero la planificación del tratamiento de las zonas siniestradas, aunque, reconoció, que este proceso no ha estado libre de malas prácticas por parte del personal de la “nueva” Sedatu, de la Cuarta Transformación.

–¿Existen investigaciones abiertas?

–En la comparecencia de Iocifed, le comentamos que nos diera una informe del seguimiento de las carpetas de investigación y las denuncias presentadas por los directores del IOCIFED y también se lo hicimos saber a Sedatu, el subsecretario de la Sedatu nos hizo saber que ellos ya habían iniciado sus quejas antes la Secretaría de la Función Pública y para que a su vez pudiera emanar, si hubiese la responsabilidad penal, a la Fiscalía General de la República porque al lugar con los procesos jurídicos de los funcionarios federales.

>En términos reales, no sabemos a detalle el camino jurídico que están siguiendo, pero a decir de los funcionarios tanto estatales como federales sí que están haciendo esos procedimientos.

“La responsabilidad fue de ella (Rosario Robles) desde el momento en que sus funcionarios no hicieron bien el censo (y) obligaron a la gente a destruir su vivienda; fue un genocidio arquitectónico (sic) de la vivienda vernácula en el Istmo de Tehuantepec, es responsable administrativa y es responsable penal por lo que sucedió con las familias”, resaltó en entrevista con Agenda CIO.

 

Miles de afectados en el olvido

A la falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción de casas, abundó, se sumó el hecho de que ni el gobierno federal peñista ni el gobierno estatal atendieron a los damnificados de comunidades situadas en las lejanías de las zonas urbanas, como es el caso de la Sierra Mixe y otras municipalidades del distrito de Tehuantepec, como Santiago Lachiguiri, Guevea de Humboldt, Santa María Guienagati, San Miguel Tenango, Asunción Tlacolulita y Santa María Ecatepec.

Únicamente en el distrito de Tehuantepec se contabilizan hasta 2020 mil familias cuyos hogares dañados no habían sido tomados en cuenta por las autoridades encargadas de la reconstrucción.

“Son de la parte alejada, muchas familias no fueron atendidas porque (Sedatu justificó) que no tiene tanto personal para llegar hasta allá, pero que sí se dañaron sus viviendas”, apuntó Meléndez Cruz.


–¿Esas casas ya fueron atendidas en este año?

–Estuvimos canalizando y mandaron a los técnicos, pero no han abarcado el 100 por ciento, alegando que es daño parcial.

¿Cuántas viviendas no atendidas existen en el distrito de Tehuantepec?

–Estamos hablando de que solamente de los reclamos que se habían tenido, eran de alrededor de mil viviendas; habíamos entregado una relación el año pasado, pero ya se canalizó.

Estos ciudadanos se suman a los 3 mil 500 originarios de Juchitán de Zaragoza y a los 200 de San Dionisio de Mar que durante este 2021 acusaron que permanecen sin ser tomados en cuenta por las instancias de gobierno, a pesar de que habitan en inmuebles con daños parciales y en otros casos, en espacios totalmente colapsados, entre escombros.

Unos, en el olvido; otros, cobrando de más

Mientras el número de familias desatendidas que han hecho públicos sus casos rondan las 5 mil, otro sector, compuesto por decenas de habitantes de la región del Istmo, han cobrado hasta tres veces los apoyos enviados por el gobierno federal para la rehabilitación de viviendas, valiéndose de tráficos de influencias y de sus nexos con los presidentes municipales.

“Hay todavía familias en el Istmo que están inconformes porque no se les dio y ha habido casos que (a otras familias) se les dio una, dos y tres veces. Hay personas a las que se les ha dado tres veces y que hay personas a las que no se les ha dado ninguna vez”.

Corrupción entre ediles

–¿Existen casos de tráfico de influencias, agandalle?

-Desafortunadamente, Sedatu se apoyó mucho de los presidentes municipales y en ánimo de que todo fuera de manera interinstitucional, porque esa fue la instrucción del presidente López Obrador, hay presidentes municipales que tienen sus grupos políticos y que solamente a sus grupos políticos redireccionaron los apoyos.

Como tenían la manera de decirle a los servidores de la nación: ‘Esa casa requiere’ y ‘esa casa no requiere’, es ahí donde hubo discriminación. Existen personas que no necesariamente son parte de esos grupos políticos de los presidentes municipales y desafortunadamente quedaron fuera; responsabilizamos a los presidentes municipales que no utilizaron su cargo de manera objetiva e institucionalidad para hacerle justicia a todos los damnificados y nada más a sus grupos políticos.


Opacidad

–¿Qué hay de las constructoras fraudulentas, que se llevaron los recursos que fueron distribuidos en las tarjetas de Bansefi que dio el gobierno de Peña?

Es un problema estructural porque las áreas técnicas que maneja Sedatu, que maneja el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed) no tienen capacidad de comunicar y ese es el problema que tienen ellos y también del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

>Todas las instituciones tenían una idea y no querían decirle a nadie cuánto era el monto de la obra, cuánto tiempo estaba para hacerse y quién lo iba a hacer; no le decían a la comunidad quién iba a reparar su templo; como no hubo comunicación de cómo se hacían estos procesos, la gente cayó presa de muchos defraudadores que decían: ‘Deposítame 10 mil pesos y le voy a hacer una casa o deposítame 20 mil pesos y te voy a tener tu casa.

Tal fue el agravio cometido por las empresas que se beneficiaron de la opacidad promovida por las instancias gubernamentales, que en los timos cayeron comunidades enteras, cuyos pobladores perdieron todo o parte de los recursos que les había otorgado el gobierno o, bien, que ellos habían conseguido por su cuenta.


Muchas de esas quejas iban dirigidas a la Comisión Estatal de la Vivienda (Cevi) en el gobierno del estado y tuvimos varias quejas del Istmo de Tehuantepec; en algunos casos, la comunidad completa y, en otros, casos aislados.

“(Llegaban denuncias sobre que) habían supuestas fundaciones u organizaciones que estaban pidiendo dinero a los damnificados para reparar su vivienda. En el caso de Ixtaltepec, hubo familias que sí quisieron construir alguna casa, pero realmente invivibles, porque estamos a casi 37 grados de temperatura en promedio (en la región del Istmo) y no puedes estar en un cuarto tan pequeño y sin ventilación”.

Tráfico de datos desde Sedatu

Otra de las irregularidades detectadas por el legislador gira en torno a actos de tráfico de datos orquestados por los propios funcionarios de Sedatu, quienes filtraban información a distintas empresas o ellos mismos se apersonaban frente a los damnificados y los extorsionaban para entregarles los recursos que ya había sido autorizados en su favor.

“Hubo también quienes venían con papales falsos y también hubo tráfico de datos. Había funcionarios de la Sedatu que ya sabían en dónde estaban los damnificados y les caían y les decían: ‘Usted va a ser beneficiario, pero tiene que mocharse’.

“Incluso, cuando vino el nuevo esquema de la Sedatu había técnicos de la nueva Sedatu que no querían dar a conocer el monto de proyecto ni lo que iban a intervenir y le hacían firmar en blanco a los beneficiarios y se lo dije a la gente responsable de Sedatu… que un principio básico es la transparencia y desafortunadamente hubo muchos casos de fraudes”, dijo.

¿Qué porcentaje de damnificados habrán sido víctimas de fraude?

Es muy arriesgado dar un porcentaje porque no lo tengo documentado dado que no todos tienen la cultura de la denuncia, y por otro lado tampoco hay donde denunciar. Sedatu no tiene oficina en el Istmo y no sabes a dónde ir a denunciar… yo he conocido muchos casos; yo espero que no hayan sido más de 10 por ciento, pero la verdad no puedo decir una cifra exacta; no puedo ser tan irresponsable en eso.


Reconstrucción, al 80 por ciento

Mientras las denuncias por aquellos actos permanecen en jurisdicción de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el caso del gobierno federal, las actuales autoridades anunciaron que el proceso de reconstrucción de la región del Istmo había vuelto a comenzar.

Ante ello, en la víspera del cuarto aniversario luctuoso del terremoto del siete de septiembre, las autoridades informaron que la reconstrucción de las casas con daño total acumulaba un avance del 80 por ciento, con un total de 17 mil 385 inmuebles intervenidos.

A ellos se sumaban acciones de reconstrucción en mil 544 escuelas (avance de 80 por ciento del total siniestradas), 592 sitios y monumentos históricos y 38 centros de salud; todo ello, con una inversión de 7 mil 800 millones de pesos entre 2019 y 2021, tiempo en que ha permanecido vigente la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El actual gobierno no contabiliza, por inconsistencia de datos, el proceso de rehabilitación efectuado por la administración de Enrique Peña Nieto, en la que se reportó una inversión de 7 mil millones de pesos en Oaxaca, con atención para 58 mil viviendas afectadas con daño parcial y total.

Antecedentes

Informes gubernamentales, documentos legislativos y estados financieros notifican números dispares; sin embargo, los datos más mesurados indican que la contribución federal rebasa, al menos, los 12 mil millones de pesos.

De acuerdo con información emitida por el pasado gobierno federal y ratificada en su momento por los representantes del actual gobierno del estado, entre 2017 y 2018, fueron canalizados a Oaxaca un total de 7 mil millones de pesos para las labores de rescate.

A ello, se deben sumar 5 mil 566 millones de pesos que según el portal https://reconstruyendoesperanza.gob.mx/, fueron enviados a Oaxaca durante 2019, así como mil 464 millones de pesos en 2020 y 353 millones de pesos hasta julio de 2021.

La actual administración federal informó que el total de casas y escuelas dañadas terminarán de ser rehabilitadas durante el 2022. Los inmuebles que serán intervenidos el próximo año, según Sedatu, serán aquellos con daños parciales y daños menores.

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