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Funcionarios acusados de integrar red de despojo alcanzarían hasta 250 años de cárcel

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Álvaro Morales

Sólo por uno de los múltiples despojos que le son adjudicados a funcionarios públicos del actual gobierno del estado, de instancias como el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, el Registro Civil y el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (Infreo), aquellos servidores deberían ser sancionados con entre 15 y 20 años de prisión; es decir, entre 150 y 200 años en prisión de ser hallados culpables de 10 casos denunciados o a entre 200 y 250 años de cárcel en caso de ser reincidentes.

El artículo 386 del Código Penal del Estado de Oaxaca resalta que se aplicará una pena de 15 a 20 años de prisión y multa de 800 (76 mil 976 pesos) a mil veces (96 mil 220 pesos) el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el Estado si el despojo se realiza por dos o más personas o si lo ejecuta un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

Entre otra de las agravantes del delito, la normativa estipula que recibirán la misma sentencia el que planee, induzca, financie o dirija o propicie la acción de despojo.

Además, el Código Penal del Estado de Oaxaca plantea una pena de 20 a 25 años de cárcel a quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles urbanos o rústicos y se acredite su reincidencia.

“Se considera que se dedican a promover el despojo de inmuebles urbanos en forma reiterada, quienes hayan sido anteriormente condenados por esta forma de participación en el despojo, o bien, se les hubiere decretado en más de dos ocasiones auto de formal prisión por este mismo delito, salvo cuando en el proceso correspondiente se hubiese resuelto el desvanecimiento de datos, el sobreseimiento o la absolución del inculpado”, precisa el Código.

En cuanto a los civiles que hayan participado por primera vez en el ilícito, se establece, en el artículo 385, que se impondrá de tres a cinco años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el valor de lo despojado no exceda de 7 mil 840 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Asimismo, de cinco a 10 años de prisión y multa de cuatrocientos a seiscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el valor de lo despojado exceda de 7 mil 840 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización y de 10 a 15 años de prisión y multa de seiscientos a ochocientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el valor de los despojado exceda de 23 mil 522 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Antecedentes

Un punto de acuerdo que actualmente es promovido en el Congreso federal propone exhortar al fiscal general del Estado de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, a que integre las carpetas de investigación correspondientes y ejerza acción penal en contra de quien resulte responsable de las suplantaciones de identidad en el Registro Civil del Estado de Oaxaca y de los despojos orquestados desde instancias estatales, como el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca.

El documento demanda que funcionarios del estado de Oaxaca y los integrantes de una red de notarios públicos que presuntamente han actuado en contubernio con los servidores públicos, sean investigados por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documentos y falsedad de declaraciones.

Asimismo, la proposición demanda que se ejerza acción penal en contra de personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, notarios y servidores públicos por las alteraciones a la Base Nacional de Actas de Nacimiento y al Registro Nacional de Población a cargo de la Secretaría de Gobernación, así como por la simulación de laudos y actos jurídicos, blanqueo de capitales de naturaleza inmobiliaria a través de escrituraciones notariales y los demás que se deriven.

Luego la propuesta pide exhortar a la Secretaría de Gobernación a que implemente medidas de seguridad en la integración, sincronización y actualización del Registro Nacional de Población a través de la Conexión Interestatal con el Registro Civil del Estado de Oaxaca, así como investigar los hechos descritos en la proposición y sancionar a los involucrados en dichos actos y realizar las denuncias penales que correspondan.

Además, la propuesta plantea que la Cámara de Diputados exhorte al gobernador del estado de Oaxaca para que se investigue y, en su caso, retire las patentes a los notarios involucrados en los casos de suplantación de identidad y despojos denunciados al interior del Registro Civil del Estado de Oaxaca; revisar las actividades e irregularidades del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca y las omisiones de la Consejería Jurídica, así como interponer las denuncias penales que correspondan.

“El problema surge cuando las instituciones encargadas de realizar alguno de los registros antes mencionados, caen en actos de corrupción como es el caso de Oaxaca, en donde se han denunciado el robo de inmuebles mediante cambios de identidad en el Registro Civil”, abunda el documento.

Luego, el escrito toma como ejemplo el caso de los hermanos Gómez Conzatti, que fueron desaparecidos de la base de datos del Registro Civil de Oaxaca.

“Tal es el caso, en que con fines de despojo a los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar de apellidos Gómez Conzatti y Martínez les fueron borradas sus identidades y suplantadas por otras que ya han sido dictaminadas falsas por la Fiscalía General de la República, para que no pudieran acreditar su personalidad ni la titularidad de dos inmuebles en el Centro Histórico de la capital del estado, de los cuales son copropietarios por donación hecha en vida ante notario público, por su padre Víctor Manuel Gómez Conzatti”.

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