Gobierno, desvíos de 2 mil millones; Fiscalía, estancada en Oaxaca

Ivonne Mateo

Aunque la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Oaxaca asegura tener pruebas de un presunto desvío de 2 mil millones de pesos en la administración pública estatal, lo cierto es que, a dos años de su creación, el organismo autónomo no ha conseguido ninguna sentencia y continúa exigiendo más presupuesto para dar resultados.

Durante su comparecencia ante diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Congreso del Estado, el titular de la Fiscalía, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, admitió que durante su gestión ha iniciado 1 mil 531 carpetas de investigación, sin embargo, apenas 15 se han judicializado, es decir, el 0.9 por ciento de las denuncias han sido conocidas por un juez.

En ese sentido, el Fiscal Anticorrupción señaló que se ha documentado un desvío superior a los 2 mil millones de pesos por parte de la administración pública estatal durante los Gobiernos de Ulises Ruíz Ortíz; Gabino Cué Monteagudo y en lo que va del mandato de Alejandro Murat Hinojosa. Asimismo, recordó que se han documentado irregularidades por 1 mil millones de pesos en autoridades municipales.

Sin embargo, admitió que están en espera tanto de que los casos lleguen a un juez como de que los que ya están judicializados obtengan una sentencia.

Y en ese sentido, el Fiscal Anticorrupción señaló que los rezagos en el organismo van de la mano con el recurso con el que se cuenta, pues denunció ante los diputados que solamente tiene a tres personas a su cargo, aunque los legisladores le recordaron que la nómina de la Fiscalía contempla a 31 personas.

Asimismo, los diputados de la 64 Legislatura le recordaron que cuenta con un sueldo mensual de 58 mil pesos, a lo que el Fiscal les manifestó su inconformidad por un recorte de 25 mil pesos.

Y es que, Iruegas Álvarez insistió en que la Fiscalía que representa, no cuenta con autonomía presupuestaria, ni asignación en recursos de ramos autónomos y que no está considerada como unidad ejecutora para el presente ejercicio fiscal 2019 y las acciones deben sujetarse a la disponibilidad presupuestal de la Fiscalía General del Estado, es decir, denunció que no se ha garantizado una verdadera autonomía en el órgano.