Gobierno habría confabulado con autoridad agraria para dar por muertos a mil comuneros en Oaxaca
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Álvaro Morales
El Gobierno de Oaxaca y las autoridades agrarias de la Federación confabularon para “crear un delito desde el Estado” y hacer pasar por muertos a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán y de esa forma desposeerlos de los derechos sobre sus tierras, sentenció el abogado y activista, Maurilio Santiago Reyes.
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedaphi) informó a Agenda CIO que la organización ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue y lleve a prisión por los delitos que se configuren a los funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, de la Procuraduría Agraria (PA) y del Registro Agrario Nacional (RAN) que, en contubernio con una familia de presuntos caciques de Ixcatlán, orquestaron la trama por medio de la cual “desaparecieron jurídicamente” a las víctimas.
El especialista indicó que los agraviados y la Cedaphi cuentan con el nombre y los cargos que ostentaban los funcionarios que se encargaron de falsificar la información para dar por muertos a los pobladores contra los que la autoridad ministerial deberá proceder en primer término, a sabiendas de que también existen otros autores intelectuales que deben ser sometidos a proceso y llevados ante las autoridades judiciales.
En entrevista, precisó que los asesores de los comuneros también interpusieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan de León, donde exigen que el Registro Agrario Nacional (RAN) restituya los derechos de las víctimas, al tiempo que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ampliar las medidas cauteles con que cuentan 22 de los agraviados a efecto de que aquél mecanismo incluya a todos los comuneros que fueron dados por muertos, ante el peligro que corren de que un futuro atenten contra su vida.
En el caso de la demanda interpuesta en el Tribunal Agrario, explicó que aquella autoridad emplazó a la delegación del RAN en Oaxaca para que entregue un informe acerca de los hechos ocurridos en 2018, al tiempo que la CIDH solicitó un plazo de dos meses, que vence en septiembre, para determinar si amplía o no las medidas cautelares.
Registro Civil, infectado de corrupción
Sobre el caso del Registro Civil de Oaxaca, instancia que avaló la muerte de mil 13 comuneros, a pesar de que éstos permanecen con vida, Santiago Reyes expuso que la dependencia se encuentra “infectada de corrupción”, una crisis que se ha agudizado de manera particular durante el actual sexenio que encabeza, Alejandro Murat Hinojosa.
–¿En qué va la denuncia ante la FGR?
–Es contra quienes resulten responsables directamente de los hechos; hay pruebas documentales donde están las constancias que exhibieron el Registro Civil, el RAN… ahí están los nombres; no hay vuelta de hoja porque en esas pruebas documentales se prueba realmente qué es lo que hicieron, su responsabilidad.
–Las autoridades del Registro Civil tuvieron que haber emitido hasta certificados de defunción.
–En teoría (sí), pero no lo hicieron y quien emite ese (aval) nosotros lo mencionamos en nuestro boletín de prensa (Daniel Víctor Merlín Tolentino, entonces Jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil de Oaxaca).
–¿Entonces, la demanda es por los delitos que se configuren?
–Sí, los delitos que se configuren y las personas responsables son las que mencionamos de manera directa, puede haber autores materiales y autores intelectuales, puede ser.
–¿Cuándo se desaparece jurídicamente a alguien o se da por muerto, qué delito es?
–Puede ser (usurpación de identidad), pero habría que ver si se configura el delito de abuso de autoridad y puede incluir (otros) delitos.
–Si el Estado es capaz de hacer eso en una comunidad entera, ¿qué puede esperarle al resto de los ciudadanos?
–Es ponerse a pelear con un monstruo y que realmente es complicado… ¿cuántas personas no cuentan con esa asesoría o con el recurso económico?; claro, hay una gran vulnerabilidad para poder defender sus derechos
–¿Qué tan frecuente es que un ciudadano sea presa de ilícitos como los ocurridos en el Registro Civil?
–Creo que es común sobre todo con este gobierno; yo no había detectado (casos similares) en otro (gobierno estatal); quizá sí había habido otros casos, pero yo no los había detectado; ahora sí es muy evidente lo que está pasando, son muy evidentes los actos de abuso de autoridad en que han incurrido el Registro Civil; está siendo muy cuestionado en este momento en Oaxaca.
–¿Vive una crisis histórica el Registro Civil?
–Lo considero como una situación más de crisis, como una infección de corrupción.
–¿Qué se requiere?
–Que efectivamente cambie el gobierno, cambie la forma de actuar de los funcionarios y del propio gobierno, del propio Gobernador, de la propia gente que está en la Secretaría General de Gobierno (Segego), que cambie la visión de ellos, porque hay muchísima corrupción; se necesitan cambiar de raíz muchas cosas.
>Considero que debemos tener gobernantes que sean honestos porque cualquier persona se corrompe cuando tiene un poder mínimo.
–¿Consideraría urgente que la FGR esté al tanto de lo que pasa en Oaxaca?, ¿se puede considerar esto como un delito de Estado?
–Sí efectivamente, tiene una medida cautelar y se está cometiendo con Ixcatlán una violación: primero, un incumplimiento de una medida cautelar otorgada por la CIDH; hay responsabilidad del Estado y máxime cuando se desaparecen a 22 beneficiarios de medidas cautelares
Involucran a la Segego
–¿Existen algún antecedente de alguna situación en la que el Registro Civil haya avalado la muerte de personas que siguen vivas?
–Si claro, en una situación de esta índole siempre va a ser en contubernio con autoridades; en este caso, para haber esta acción tuvo que haber una acuerdo: primero, fue la PA, la Procuraduría Agraria, la que avaló ese censo (en el que se dieron por muertos más de mil comuneros y dijeron con sus derechos vigentes a 300 pobladores).
Fue la PA en contubernio con la familia Morales Arias, que son los que han operado y quieren hacer la entrega de ese territorio sin acuerdos de la comunidad, incluso hasta falseando documentación, falseando hechos; también (están involucrados) el Registro Agrario Nacional y también la Secretaría General de Gobierno.
–¿Todo el aparato de gobierno trabajó a favor de esa personas (familia Morales Arias)?
–Claro; quien había firmado ese convenio por la falta de tierras fue el propio Gobernador y hay convenios que el Gobernador avala. Efectivamente y el propio Gobernador del estado lo avala, entonces, es una situación creada por el Estado y también autoridades estatales y federales y, al final, lo termina avalando el Registro Agrario Nacional; es algo que ha hecho el gobierno estatal y el gobierno federal.
¿Todos los comuneros, los más de mil comuneros están vivos?
–A excepción de alguien, puede haber algunos (que hayan fallecido), pero no en su totalidad
–¿En conjunto, qué porción de tierras acumulaban estos comuneros?
–Todo porque los vienen comunales son de todos; no es de una sola persona, es de todos, es de la comunidad. Es de todo el padrón de comuneros. Estamos hablando de mil y tantas hectáreas, pero no es de una sola persona, es de todos, es de la comunidad
–¿Y al prescindir de estos mil comuneros, los que quedaron vigentes, alrededor de 300, pudieron hacer lo que quisieron con las tierras?
–Efectivamente, esos 300 que quedaron son los que pueden decidir por todos, por eso los están excluyendo
–¿La ruta fue, entonces, la familia Morales Arias con la PA y de la PA al Registro Civil?
–Quien opera todo, quien arma todo, quien asesora es la PA en contubernio con la familia Morales Arias, la PA asesora a la familia Morales Arias (en cómo rasurar el padrón de comuneros); una vez que ya está eso, avala el Registro Civil; una vez que otorga y avala el Registro Civil el Registro Agrario Nacional registra el padrón que fue rasurado.
–¿Qué tan fidedigno es que esta lucha por las tierras comenzó porque Ixcatlán pretende venderle una porción de ese territorio a Chalcatongo y a partir de ahí simular un conflicto agrario para tener acceso a recursos federales?
–Hay que dividir: (En 2008) la familia Morales Arias se puso de acuerdo con Ulises Ruiz. En su momento Freddy Eucario Morales Arias (presunto cacique) hizo un acuerdo con Ulises Ruiz para generar un conflicto y atraerlo como foco rojo al programa Cosomer (Conflictos Sociales en el Medio Rural a cargo de Sedatu) y les ofreciera el dinero; les interesaba violencia.
>Freddy Morales Arias actualmente está en prisión por un triple homicidio en 2008 de comuneros que se negaron a ceder sus tierras; entonces, ellos generan el conflicto. En la actualidad, los representantes de Bienes Comunales ya no quieran nada con la familia Morales Arias.
>El premio aparentemente es la tierra, pero no sabemos si el interés puede ser por recursos naturales o el agua; hay un manantial muy grande; hay intereses que todavía no se han visualizado; Podemos decir que el dinero le puede interesar a la familia, pero no al Gobernador.
Lo que decíamos es que no es el dinero, es mucho más: una concesión minera, concesión del agua, puede ser eso que esté en el trasfondo; consideramos que el trasfondo puede ser una concesión minera.
–¿Ixcatlán es rico en recursos mineros?
–Sí efectivamente, sí hay recursos; antes del conflicto habían explorando la región helicópteros de una minera canadiense.
–¿Se habla de plata u oro?
–No sabemos exactamente qué mineral puede ser. Lo único que se sabe es que exploraron la zona empresas mineras, una minera canadiense.
Antecedentes
La organización Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) denunció el pasado 26 de junio que el Registro Civil de Oaxaca en contubernio con el Registro Agrario Nacional dieron por fallecidos y sepultados a mil 13 comuneros del municipio de Santo Domingo Ixcatlán, localizado en la región de la Mixteca, con el objetivo de despojarlos de sus tierras.
El organismo de la sociedad civil indicó que todas las personas declaradas muertas por las autoridades se encuentran vivas; sin embargo, la Representación Comunal Agraria, integrada por comuneros afines a la familia Morales Arias, de la que forma parte la actual presidenta del Comisariado de Bienes Comunales, Alma Morales Arias, decidió, el 12 de agosto de 2018, dar de baja del padrón de comuneros a las víctimas para “privarlos de todos sus derechos como personas y, en especial, a los derechos a sus tierras y territorio indígena”.
A pesar de que dentro de la lista de agraviados se encuentran 22 personas vivas que cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agregó la ONG, el representante del Registro Civil, Daniel Víctor Merlín Tolentino, entonces Jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil de Oaxaca, avaló el acta en la que se notificaban las muertes a través del oficio DRC/UJ/699/2018.
Posteriormente, el siete de septiembre 2018, el Registro Agrario Nacional (RAN) efectuó la calificación registral del acta de la asamblea, con lo que se oficializó la baja de los ciudadanos del padrón de comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, en un acto que también tuvo el respaldo de la Procuraduría Agraria.
Según la versión de los denunciantes recabada por medios de comunicación, desde hace más de una década, autoridades estatales, federales y un sector de comuneros de Ixcatlán han permanecido interesados en “crear” un conflicto agrario con sus vecinos de Chalcatongo de Hidalgo, para lo cual algunos comuneros de Ixcatlán decidieron venderle a la segunda población terrenos situados en las inmediaciones del límite territorial de ambas demarcaciones para luego simular una disputa..
Con ello, de acuerdo con los inconformes, los involucrados tendrían acceso a al menos 150 millones de pesos del programa Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) de la Secretaría de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.