Gobierno va contra 6 mil empresas que evaden 21 mil millones de pesos anuales

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Rodrigo Islas Brito

“Queremos informar a trabajadores y de manera especial a los patrones, que se enteren que ya hay una nueva legislación y que pueden ser sancionados”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien junto a funcionarios de su gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo que irá contra la subcontratación ilegal, la cual será perseguida como delincuencia organizada, pues se ha detectado que en México 4 mil empresas despidieron a 64 mil trabajadores en diciembre para no pagar prestaciones de fin de año.

Según Obrador hoy la subcontratación ilegal significa, en el caso de ser responsables, pena de cárcel sin derecho a fianza por lo que los empresarios deberán cumplir con la ley y con su propia dimensión social, ya que a decir del mandatario hoy los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  ya no serán malversados, ni se quedaran en manos de políticos corruptos.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que quien incurra en esa práctica corre el riesgo de que se le abra una a investigación y enfrenta penas de hasta 14 años de prisión, mientras que al empresario que ofrezca el servicio ilegal puede recibir hasta 20 años de prisión.

A lo que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde informó que existen hasta 5 millones de trabajadores que laboran hoy en México  bajo un esquema de subcontratación ilegal bajo el cual se rigen actualmente hasta 6 mil empresas que evaden 21 mil millones de pesos anuales. Escenarios en el que se detectaron al menos mil 200 empresas con esquemas de contratación ilegal, con poco más de 862 mil trabajadores.

Se dijo en la conferencia mañanera de este 15 de enero que se han realizados siete operativos especiales a grandes empresas, como hotelerías, servicios informáticos y call center, entre otros rubros, con 36 empresas subcontratistas involucradas.

Luisa María, explicó por otra parte  que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual dejará de existir como parte de la reforma laboral, aún tienen un rezago de medio millón de expedientes, con juicios que podrían durar de 2 a 8 años.

Por su parte el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto informó que el abuelo del niño José Ángel “N”, contra quien ya existe un proceso judicial en marcha por ser de su pertenencia las dos armas que su nieto uso para asesinar a su maestra, dispararle a seis de sus compañeros y suicidarse hace uno días en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, puede ser también responsable de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Aunque Nieto, al parecer ahora más cuidadoso con lo que dice después de que el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero lo acusara públicamente de entorpecer el debido proceso de los implicados en actividades financieras ilícitas con sus filtraciones, se negó a dar más detalles del caso.

«¿Qué les recomiendo a los legisladores? Que elijan gente íntegra, honesta, demócratas, no gente convenenciera, arribista, oportunista, chambistas», dijo por otra parte López Obrador en su recomendación a los legisladores mexicanos que seleccionen a  personas honestas e íntegras para relevar a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Recomendó a los ediles del país hacer esfuerzos grandes de austeridad para tapar  los baches de sus poblaciones  y sus gobernados no enfurezcan y quieran su renuncia después de verlos pasearse en camionetas de lujo.

Después fue al tema de las disculpas que su gobierno ofrecerá al pueblo Yaqui. “Estamos ofreciendo disculpas y pidiendo que en España y en el Vaticano hagan lo mismo, pero el Estado Mexicano tiene que ofrecer disculpas y también ofrecer una política distinta”, señaló, pues en 2021 se conmemorará la Independencia y se recordarán los 500 años de la Conquista.

Indicó que los ocho pueblos yaqui están “en abandono completo, sin pavimento, sin agua, sin drenaje, sin espacios públicos. Entonces es un proceso de reconstrucción, porque se abandonó por completo a los pueblos. Vamos a ir poco a poco, nos estamos poniendo de acuerdo, trabajando de manera conjunta gobiernos municipales, estatales y federal”.

Al final de la conferencia, cuando un reportero le dijo con una sonrisa que se había equivocado al afirmar en otra conferencia que el proceso de extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte, ya era un hecho en el poder judicial de Estados Unidos cuando fuentes de este mismo poder aclararon después que el proceso solo iba en la solicitud. La respuesta de Obrador fue simple y reiterada: “No me equivoqué”.

 

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