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Impunidad: Fraudes millonarios y corrupción en reconstrucción de escuelas en Oaxaca

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Álvaro Morales

A cuatro años de los terremotos del siete y 19 de septiembre de 2017 y a tres años de que diversos sectores involucrados en los trabajos de reconstrucción de escuelas y viviendas comenzaran a denunciar la existencia de actos fraudulentos, las autoridades estatales y federales no han presentado avances en las investigaciones que se siguen en contra de las empresas que abandonaron las labores de rehabilitación de centros educativos, a pesar de haber cobrado recursos multimillonarios.

Además de la empresa constructora méxico-colombiana, Grupo Salcedo, que huyó de Oaxaca después de presuntamente haber cobrado hasta 79 millones de pesos por la rehabilitación del 60 por ciento de las escuelas de educación básica que presentaban daños total o parcial tras aquellos movimientos telúricos, Orlando Hernández Montes, uno de los tres últimos titulares del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), ha sido acusado de manera reiterada de participar en el otorgamiento de contratos irregulares en detrimento del erario público.

Mario Bustillos otro ex titular del Iocifed también ha sido involucrado en las investigaciones por la Fiscalía Anticorrupción del estado, según antecedentes hemerográficos.

Antecedentes

En marzo de 2019, la Fiscalía de Oaxaca anunció la apertura de carpetas de investigación en contra de la empresa constructora Grupo Salcedo, una firma propiedad del empresario colombiano Óscar Salcedo González, pero con domicilio fiscal en el Estado de México, que fue acusada de haber dejado inconclusas las obras de reconstrucción de escuelas en la región del Istmo de Tehuantepec a pesar de haber recibido pagos por 79 millones de pesos.

Óscar Salcedo González, empresario

Según la denuncia de un grupo de empresarios oaxaqueños retomada por diversos medios de comunicación, Grupo Salcedo fue beneficiado con un contrato por adjudicación directa por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entonces encabezada por Rosario Robles, con el cual se hizo del control del 60 por ciento de las labores de rehabilitación de los planteles total o parcialmente colapsados por los movimientos telúricos.

Para supuestamente cumplir con el compromiso, Grupo Salcedo subcontrató, con la presunta anuencia del entonces director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), Orlando Hernández Montes, a al menos 40 empresas locales, que se hicieron cargo del comienzo de la reconstrucción de los planteles.

Sin embargo, a mediados del 2018, a menos de un año de haber comenzado las labores de rehabilitación, la empresa méxico-colombiana cerró las oficinas que mantenía en el municipio de Ciudad Ixtepec y salió de Oaxaca, sin cubrir los pagos que mantenía pendientes con 20 de sus subcontratadas.

En ese momento, Carlos Vásquez Rasgado, representante de los agraviados, acusó ante la prensa que tal acción se trató de un fraude de grandes dimensiones que no podía quedar impune, por lo que pidió a las autoridades ministeriales investigar y dar seguimiento al caso a efecto de que pudieran recuperar sus inversiones, al tiempo que los constructores pararon las obras.

Días después, la Fiscalía General de Oaxaca anunció la apertura de una investigación en contra de aquella empresa, al tiempo que sus funcionarios confirmaron que la organización había cerrado sus oficinas sin cubrir diversos montos con al menos 20 subcontratistas.

En ese 2019, le Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, a cargo de Jorge Emilio Iruegas Álvarez, sostuvo en una entrevista con Grupo Milenio que el organismo a su cargo había comenzado nueve carpetas de investigación por supuestos fraudes documentados durante las labores de reconstrucción: una relaciones con la existencia de empresas fantasmas que se beneficiaron con contratos y probables hechos de enriquecimiento ilícito y ocho más por casos de obras que fueron pagadas, pero que no fueron culminadas.

En aquel momento, Iruegas Álvarez aseguró que serían citados a declarar los extitulares del Iocifed, Orlando Hernández Montes y Mario Bustillos y que los expedientes estaban a punto de ser judicializados; no obstante, dos años después, ninguna orden de aprehensión ha sido emitida.

Dos años después, al comienzo de 2021, el actual titular del Iocifed, Adolfo Maldonado, sostuvo en una entrevista divulgada por Milenio Diario, que la dependencia había comenzado 46 denuncias por fraudes en la reconstrucción de escuelas, las cuales fueron turnadas primeramente a la Secretaría de la Contraloría y luego a la Fiscalía Anticorrupción.

Orlando Hernández Montes y Mario Bustillos, ex titulares del IOCIFED

El funcionario precisó que en los expedientes permanecían involucradas 11 empresas constructoras, entre ellas Grupo Salcedo, que incumplieron con el otorgamiento de los servicios para los que fueron contratadas, ya sea rehabilitación o reconstrucción de escuelas.

Maldonado afirmó en aquel momento, febrero de 2021, que varias de las pesquisas había sido puestas a disposición de jueces oaxaqueños y que en poco tiempo podría ser liberadas las órdenes de arresto correspondientes; sin embargo, al siete de septiembre, día del cuarto aniversario luctuoso del terremoto del siete de septiembre, nada de ello había sucedido.

Grupo Salcedo, pájaro de cuentas

En marzo de 2019, el portal de información Aristegui Noticias divulgó un trabajo elaborado por la reportera Diana Manzo en el que se dio a conocer que alrededor de 50 constructores del Estado de México y Veracruz acusaron a Grupo Salcedo SA de CV, la misma empresa que meses antes había huido de Oaxaca, de negarse a liquidar un adeudo de 100 millones de pesos que mantenía con todos ellos.

Los agraviados afirmaron que en múltiples ocasiones se habían entrevistado con el propietario de la firma, el empresario colombiano Óscar Salcedo González, quien había incumplido todas las promesas de pago.

En el reportaje, un constructor identificado como Alex Jiménez Patatuchi, sostuvo que Grupo Salcedo mantenía deudas desde 2016 por trabajos de rehabilitación de escuelas.

Jiménez Patatuchi sostuvo que la empresa que encabeza comenzó a trabajar con Grupo Salcedo a partir de 2015, cuando éste obtuvo por adjudicación directa obras para la rehabilitación de escuelas otorgadas por el gobierno de Eruviel Ávila.

“Sabemos que a los de Oaxaca y también en el estado de Veracruz esta misma empresa adeuda a los constructores, es algo desagradable porque no nos ha cumplido, hemos ido a sus oficinas y nos dicen que no está el dueño, que no hay pago, qué esperemos y así han pasado los días y las semanas, sin que nos paguen”.

Familia inmiscuida en la política colombiana

A su vez, en octubre de 2019, el periodista Alfredo Martínez de Aguilar reveló en una columna que el constructor Óscar Gerardo Salcedo Gonzales, dueño de Grupo Salcedo, residió en Toluca, Estado de México, pero que siempre mantuvo vínculos con sus familiares, que radican y forman parte de la clase política del departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia.

De manera particular, de acuerdo con el trabajo periodístico, Salcedo González mantenía intereses políticos en el municipio de Guacarí, donde presuntamente financió la campaña electoral de su primo, Mario Guillermo Ruales Salcedo, que busca llegar a la alcaldía municipal.

El artículo sostuvo, además, que Gerardo Salcedo Calero, padre del dueño de Grupo Salcedo, permanecían en ese momento en el puesto de alcalde, por lo que la intención del empresario era mantener a su familia en esos puestos.

Martínez de Aguilar también precisó que ocho empresas del Grupo Salcedo recibieron por adjudicación directa 123 contratos, que subcontrató en complicidad con el primer director del Iocifed, Orlando Hernández Montes.

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