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Las acusaciones y polémicas detrás del próximo Gobernador de Oaxaca

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Álvaro Morales

Desvío de recursos, nepotismo y vínculos con la delincuencia organizada, son algunas de las acusaciones que recaen contra el círculo cercano e incluso, de manera directa, contra el hoy Gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien asumirá el cargo de manera oficial a partir del primero de diciembre próximo.

Durante los últimos tres años, diversos operadores políticos de Jara Cruz, nativo de San Melchor Betaza, en la región de la Sierra Norte, han sido acusados de mantener vínculos, incluso, con cárteles de la droga y recurrir a acciones criminales de alto impacto, como desaparición y asesinatos de personas.

A pesar de aquellos antecedentes, sin embargo, ni el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ni el Instituto Nacional Electoral (INE) interpusieron recursos legales para evitar la participación de aquéllos u otros cuadros polémicos en los comicios del domingo cinco de junio.

Polémicas postulaciones

Salomón Jara y Alejandro Avilés, los dos candidatos que recibieron la mayor cantidad de votos en los comicios, uno como representante de la alianza Morena-PT-Partido Verde-PUP y el otro abanderado del PRI-PRD, no sólo acapararon los reflectores por sus polémicas participaciones en diversos cargos de la función pública, donde fueron señalados de incurrir en actos de corrupción, sino también por sus polémicos nexos con operadores políticos investigados e incluso procesados por posibles nexos con bandas criminales que operan en todo el país.

El cuatro de noviembre de 2021, el priista y diputado reelecto local Gustavo Díaz Sánchez, amigo cercano de Alejandro Avilés Álvarez y que se preparaba para asumir por segundo periodo consecutivo su encargo como legislador, fue detenido junto con su hijo, José Alberto, alias El Pelón, y un hombre más por autoridades del municipio de Fortín de las Flores, Veracruz, bajo cargos de narcomenudeo, portación ilegal de arma de fuego y ultrajes a la autoridad.

Al día siguiente, el Gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, sostuvo que tanto Díaz Sánchez, al que apodan El Gato, como su hijo y el tercer sujeto detenido, podrían estar ligados a una célula del crimen organizado a la que se le atribuían múltiples actos violentos, incluida la ejecución de asesinatos, en los límites de los estados de Oaxaca y Veracruz.

En el ámbito estatal, Gustavo Díaz era originario de Cosolapa, el mismo lugar de vecindad de su amigo y aliado político, Alejandro Avilés Álvarez. De hecho, en el Congreso de Oaxaca, durante la 64 legislatura, Díaz y Avilés conformaron la bancada del PRI ostentado puestos clave; el primero, como presidente de la Comisión de Seguridad y el segundo como líder de su grupo parlamentario e integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Al momento de su detención, Gustavo Díaz, identificado como uno de los principales operadores del PRI en la región de la Cuenca del Papaloapan, aseguró que estaba siendo víctima de un acto de venganza política debido a su filiación priista; sin embargo, el gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se ha encargado de confirmar sus presuntos nexos, de él y su familia, con grupos criminales.

Primero, el 19 de noviembre, 15 días después de su detención en Veracruz y posterior trasladado a un penal de máxima seguridad en Michoacán, las autoridades ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra del diputado priista por la comisión de tres asesinatos ejecutados en dos actos distintos en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Después, el 31 de marzo de 2022, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal reportó la captura de Gustavo Abigail “N”, alias “El Pino”, otro hijo de Gustavo Díaz y presunto cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y generador de violencia en los estados de Veracruz y Oaxaca.

El hombre fue señalado como uno de los involucrados en el homicidio del periodista Julio Valdivia, ocurrido en septiembre de 2020, así como causante de violencia en ambos estados y en la región del Istmo de Tehuantepec.

Y el 20 de mayo pasado, 15 días antes del proceso electoral del cinco de junio, la Fiscalía General de Oaxaca detuvo hoy a Alfredo alias “El Balín”, hermano del exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo Díaz Sánchez, “El Gato”, quien junto con sus dos hijos se encuentran arrestados por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De manera extraoficial se informó que “El Balín”, líder de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) en San José Cosolapa, fue capturado en cumplimiento a una orden de aprehensión por los delitos asociación delictuosa y homicidio.

Salomón Jara

 

El currículum de Salomón Jara, ganador de la elección para la gubernatura, no es mejor que el de Avilés: Primero, Arturo García Velásquez un personaje afín a Salomón Jara y que ganó la presidencia municipal de Jalapa de Díaz, en la región de la Cuenca del Papaloapan, durante los comicios de 2018, fue detenido en octubre de 2019 por la Fiscalía de Oaxaca durante una serie de cateos realizados en Jalapa de Díaz para detener a personas vinculadas con el delito de desaparición forzada.

Una de las movilizaciones fue realizada la madrugada del 24 de octubre en el interior de la vivienda del entonces edil, donde las autoridades estatales afirmaron haber decomisado seis armas de uso exclusivo del Ejército y más de mil cartuchos útiles.

En la misma operación, efectuada en otros cinco inmuebles, también fueron detenidos el primer comandante y el segundo comandante de la Policía Municipal de Jalapa de Díaz en posesión de una pistola calibre .9 milímetros y un rifle AR-15 calibre .223, así como siete personas más.

Tras aquellos hechos, el entonces senador en activo Salomón Jara realizó diversos tipos de pronunciamientos tanto en la capital de Oaxaca como en la Ciudad de México para desvincular a García Velázquez de cualquier hecho delictivo y acusar a la Fiscalía local de fabricar delitos en una persecución política que tenía el objetivo de agraviar a la Cuarta Transformación.

De hecho, Morena, a través de un bloque de diputados afines a Salomón Jara en el Congreso local en la pasada 64 legislatura, amagó con comenzar un juicio político en contra de Rubén Vasconcelos, entonces titular de la Fiscalía oaxaqueña, quien había avalado la movilización que se tradujo en la detención del munícipe morenista.

Días después de su detención y tras la presión del grupo de Salomón Jara, el edil fue dejado en libertad sin ningún cargo en su contra por las autoridades estatales.

Sin embargo, dos meses después, el 23 de diciembre de 2019, Arturo García Velásquez fue asesinado por un comando armado junto con el síndico municipal de Jalapa de Díaz, Javier Terrero, en un evento público del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF Municipal).

Los primeros reportes indicaron que sujetos armados llegaron hasta las oficinas del DIF municipal donde se encontraban trabajadores del ayuntamiento en un convivio de fin de año y dispararon a quemarropa en contra del alcalde y el síndico.

UIF congela cuentas

Seis meses después del asesinato del edil de Jalapa de Díaz, otro ex munícipe de Morena e identificado con Salomón Jara se vio envuelto en una polémica nacional.

Se trata de Antonino Morales Toledo, ex primer concejal del municipio istmeño de San Blas Atempa y principal operado del gobernador electo en la región del Istmo, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces encabezada por Santiago Nieto, acusó de mantener vínculos con el crimen organizado.

El 17 de junio de 2020, la UIF reportó que las cuentas del ayuntamiento y las del munícipe habían sido congeladas al formar parte de una investigación denominada Agave Azul, que mantenían activas las autoridades mexicanas y de Estados Unidos en contra de individuos y organizaciones que presuntamente colaboraban con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además del nombre de Morales, la UIF ventiló el nombre de dos ediles más que, al igual que el de San Blas Atempa, permanecían supuestamente coludidos con la banda criminal: Mónica Marín Buenrrostro, alcaldesa de la alianza PAN-PRD-MC de la población El Grullo, en Jalisco, y Eduardo Cervantes Aguilar, edil priista de Ixtlahuacán de los Membrillos, también en Jalisco, donde justamente fue asesinado Giovanni López, en un abuso policiaco que trascendió en el ámbito internacional.

Tal y como había ocurrido seis meses antes, Salomón Jara, al ser vinculado con Antonino Morales, uno de sus principales operadores en la región del Istmo y líder del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), acusó que se trataba de una campaña sucia en su contra, a efecto de manchar su nombre y su trayectoria política.

El día 16 de junio, Morales Toledo y Salomón Jara, junto con varios ediles morenistas de la región del Istmo, ofrecieron un conferencia de prensa para anunciar que el munícipe blaseño había solicitado a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) que lo citara para declarar en torno a las acusaciones que horas antes había hecho la UIF en su contra.

Ese mismo día, el periódico El Universal reportó que la UIF había accedido a liberar las cuentas de los tres ayuntamientos de los ediles involucrados en la investigación Agave Azul, a efecto de que las autoridades pudieran cumplir con sus obligaciones, como el pago de nómina.

No obstante, el mismo medio reveló que las cuentas personales de los ediles continuarían bloqueadas, como parte de las indagatorias.

Alcaldesa acusada de desaparición y asesinato

Pero no es todo, un año después de aquella polémica, una nueva funcionaria municipal vinculada con el grupo de Salomón Jara fue vinculada con un delito de alto impacto.

El siete de mayo de 2021, la Fiscalía General de Justicia ejecutó una orden de aprehensión en contra de la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, por su probable responsabilidad en la desaparición de la activista méxico-inglesa Claudia Uruchurtu Cruz.

Junto con la autoridad, también fueron detenidos funcionarios cercanos a Uruchurtu y personal de la Policía Municipal de la misma localidad.

Las indagatorias sostienen que la edil morenista tiene responsabilidad en la desaparición de Claudia Uruchurtu, y dentro de las indagatorias se señaló como autores de la desaparición a los Policías Municipales, quienes presuntamente subieron a la fuerza a la ahora detenida a una camioneta, luego de protestar en contra de la autoridad municipal.

Claudia Uruchurtu desapareció el pasado 26 de marzo, después de participar en una protesta pública en contra de la presidenta; antes había presentado una denuncia ante órganos de fiscalización por el supuesto manejo indebido de los recursos públicos de Nochixtlán.

El caso tomó relevancia cuando el Parlamento británico emitió un exhorto al Gobierno de México para que se haga una exhaustiva investigación y búsqueda para lograr la localización de la activista binacional Claudia Uruchurtu, quien desapareció en el municipio oaxaqueño.

La asesinaron, revela el Presidente

El de mayo de 2021, cuatro días después de la detención de Victoria Huerta, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que un testigo protegido había aceptado que Uruchurtu había sido asesinada por presuntas órdenes de la alcaldesa.

“Fue muy doloroso lo que acaba de pasar en Nochixtlán, en Oaxaca, donde desaparece una luchadora social, se abre la investigación y un participante, como testigo protegido, da a conocer que la habían asesinado y que la orden había salido presuntamente, supuestamente, de la presidenta municipal del partido Morena… Y la instrucción es sea quien sea. No llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad”.

Salomón Jara no sólo ha sido acusado por sus vínculos con personajes polémicos, sino por presuntas irregularidades cometidas por él durante su desempeño en la función pública.

Durante su gestión como secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, el político nacido en San Melchor Betaza fue acusado de malversar 50 millones de pesos.

En su momento, la ex contralora del estado, Perla Woolrich, acusó que recibió órdenes de altos funcionarios de la administración gabinista para no castigar las irregularidades cometidas por Jara, debido a su cercanía con el ex gobernador.

 

 

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