López Mateos y Díaz Ordaz, entre los archivos publicados del caso JFK
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José Raúl Linares/El Financiero
Washington, D. C.- Los ex presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz presuntamente supieron de las operaciones de la CIA y el FBI para rastrear los pasos de Lee Harvey Oswald, asesino de Jonh F. Kennedy en México, y pusieron a su disposición una red operada por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) para espiar las embajadas soviética y cubana.
En un cable recientemente desclasificado por la administración Trump, Wiston Scott, jefe de la oficina de inteligencia estadounidense en México, afirma que pese al uso de la red “LIENVOY” en México, ésta no podía ser citada en los informes que la CIA y el FBI le presentaron al gobierno de Estados Unidos.
“Obviamente, la información del LIENVOY no puede ser utilizada como tal, pero sí las declaraciones de Sylvia Durán”, dice el cable fechado el 27 de noviembre del 1963, sólo cinco días después del magnicidio.
“Solicite una versión traducida de sus declaraciones y obtenga permiso de LITENSOR y LITEMPO-DOS para el uso de estas declaraciones en el informe oficial, será publicado de manera fortuita”, remata el cable.
LIENVOY se trataba del criptograma usado para referirse a la red, operado por la Dirección Federal de Seguridad Pública, en conjunto con la CIA, consagrada a vigilar conversaciones telefónicas de las embajadas cubanas y soviéticas.
LITENSOR y LITEMPO-2 eran las claves encriptadas para referirse al entonces presidente Adolfo López Mateos, así como a su entonces secretario de gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, como informantes y colaboradores de la CIA, de acuerdo con la Fundación Mary Ferrell, dedicada a descifrar criptogramas de las agencias de inteligencia estadounidenses durante la Guerra Fría.
Además, revela la ambigua actitud ante el triunfo socialista en Cuba. Por una parte, el gobierno encabezado por Adolfo López Mateos se negó a cerrar las relaciones diplomáticas con el régimen de Fidel Castro y, por la otra, permitió que bases de la CIA mantuvieran la vigilancia contra diplomáticos, jóvenes simpatizantes de la revolución, intelectuales, disidentes y en general el mundo socialista, como lo confirman decenas de documentos desclasificados por la administración Trump.
