Álvaro Morales

Homicidio, desaparición de personas, vínculos con la delincuencia organizada, desvío de recursos, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito, son algunos de los delitos de los que han sido acusados durante el trienio que está a punto de concluir presidentes municipales emanados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido político fundado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de tales escándalos, que han cimbrado el ámbito político oaxaqueño y trascendido en las esferas nacional e internacional, Morena se ha consolidado como la primera fuerza política de la entidad y, de acuerdo con el pronóstico de analistas, se apresta para asumir, de manera oficial, el control de Oaxaca, luego de aquel partido llegará al 2022 con una preferencia de más de 50 por ciento previo a los comicios gubernamentales de junio.

Desde hace tres años, Morena controla el Congreso local, donde ha mantenido la mayoría y, por ende, el control de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), además de 43 de los 153 municipios que se rigen por el sistema de partido políticos. Con el control del Poder Ejecutivo y Legislativo estatal, sólo le bastaría hacerse del control del Poder Judicial.

Recuento

En junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas personales e institucionales del edil de San Blas Atempa, Antonino Morales, bajo la acusación de que el servidor público mantenía probables vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Morales Toledo, llegó al gobierno municipal de San Blas Atempa en 2019, bajo las siglas de Morena, tras una trayectoria al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y se convirtió en una pieza clave hasta ser considerado uno de los principales operadores políticos en la región del Istmo, del grupo del senador Salomón Jara, actual aspirante al gobierno de la entidad.

El portal de noticias La Silla Rota divulgó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la UIF indagaban al alcalde, que dejará el cargo el próximo 31 de diciembre, de vínculos con la delincuencia organizada y lavado de dinero.

La Silla Rota sostuvo que el nombre del edil oaxaqueño formaba parte de la investigación Agave Azul, emprendida en contra de presuntos miembros del CJNG y de otros ediles mexicanos, entre los que se encontraban Eduardo Cervantes Aguilar, de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y de Mónica Marín, de El Grullo, Jalisco.

La UIF confirmó en su momento que Morales Toledo era investigado por su presunta colaboración con el CJNG y por cuyas indagatorias la Unidad de Inteligencia Financiera y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) bloquearon mil 939 cuentas bancarias de personas y empresas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En total, según las autoridades, eran alrededor de cinco presidentes municipales de todos los partidos políticos los que habrían ayudado al CJNG a lavar dinero y mantener sus operaciones; sin embargo, 48 horas después del congelamiento de las cuentas del edil.

Menos de un año después de aquella polémica, el siete de mayo de 2021, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, de Morena, quien buscaba ser reelecta en el cargo, por su probable participación en la desaparición forzada y presunto asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.

“De acuerdo con los hechos asentados en la causa penal 203/2021, el pasado 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz fue vista por última vez en las inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación”, explicó la Fiscalía.

El 22 de abril de 2021, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz afirmaron la causa de la desaparición de su hermana Claudia fueron las denuncias por corrupción en contra de la presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta.

Según la carpeta de investigación 10367/FMIX/NOCHIXTLÁN/2021, desde el pasado 26 de marzo se desconoce el paradero de Claudia, quien fue levantada en la plaza central de Nochixtlán luego de participar en una protesta contra la autoridad emanada de las filas de Morena.

La familia recalcó que Claudia fue documentando y reuniendo pruebas contra la autoridad y presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca donde se le investiga por un desvío de 18 millones de pesos y el órgano superior de fiscalización detectó irregularidades por más de ocho millones de pesos.

Antes de su detención, la alcaldesa se había deslindado del caso y había afirmado que todo se trataba de un “linchamiento mediático”; sin embargo, el siete de mayo fue detenida junto con integrantes de la policía municipal.

Aunque la investigación fue abierta por el delito de desaparición forzada de personas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló en una de sus conferencias mañaneras que existían elementos para establecer que la activista había sido asesinada.

Otro edil morenista que ha sido constantemente señalado de cometer actos irregulares, es el de Salina Cruz Oaxaca, Juan Carlos Atecas, que ha sido señalado de cometer actos de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y extorsión.

Todo comenzó en 2019, cuando seis regidores del municipio porteño de Salina Cruz denunciaron a Atecas Altamirano ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción por presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y peculado, entre otros.

Los denunciantes fueron los regidores de Ecología, Protección al Medio Ambiente, Pesca y Acuacultura, Rosendo Gómez Prudente; de Aguas Residuales, Sachiko Leticia Guillen Noguchi; de Equidad de Género, Mara Selene Ramírez Rodríguez; de Salud, Mario Trinidad Antonio Ferra; de Turismo, José Antonio Carmona Hernández y de Panteones, Ignacio Pérez Cervantes.

Específicamente los denunciantes acusan que se está haciendo un mal uso de la Hacienda Pública Municipal, pues se está cobrando de manera ilícita los salarios de trabajadores despedidos.

Por esta denuncia se integró la carpeta de investigación 47/(FEMCO)/2019 y la Fiscalía Anticorrupción requirió al presidente municipal que en un término de tres días presente copias certificadas de los nombramientos de tres funcionarios del ayuntamiento.

Las denuncias de presuntos actos irregulares cometidos por atecas han continuado a lo largo de su administración y en 2021, diversos empresarios y comerciantes han hecho pública quejas por actos de extorsión cometidos por funcionarios de confianza de Atecas Altamirano.

Por último y representando uno de los casos más polémicos de la denominada “Cuarta Transformación” en Oaxaca, está la gestión del todavía presidente municipal de Oaxaca de Juárez,  Oswaldo García Jarquín, quien entre reclamos por presuntos actos de corrupción y demandas de auditorías e incluso procedimientos penales por una supuesta malversación millonaria recursos públicos, se enfila al cierre de su gobierno municipal.

La actual administración municipal se ha caracterizado por el colapso de todas sus áreas: calles plagadas de baches, el servicio de recolección de basura inoperante, falta de insumos para los trabajadores y gasolina para los camiones recolectores de basura, además del repunte en inseguridad y el crecimiento del comercio informal.

La administración del primer edil capitalino morenista será analizada durante esta semana como parte de las entregas diarias de Agenda CIO, en la edición “El recuento en Oaxaca”.