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Opacidad, fraudes y protestas, a cinco años del terremoto de S-7

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Álvaro Morales

Entre protestas y bloqueos a carreteras y sedes gubernamentales, Oaxaca conmemoró este siete de septiembre el quinto aniversario luctuoso del terremoto de 8.2 grados que devastó en 2017 a la región del Istmo de Tehuantepec, donde 82 personas perdieron la vida.

Pobladores, comerciantes y miembros de organizaciones políticas han acusado de manera reiterada durante las últimas semanas, que a un lustro de la ocurrencia del sismo de mayor intensidad registrado en los últimos 100 años en México, más de 4 mil familias únicamente del municipio de Juchitán de Zaragoza, catalogado epicentro de la tragedia, no han recibido ninguno de los apoyos prometidos por los gobiernos, primero, de Enrique Peña Nieto y, luego, de Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que casi 60 centros escolares de la misma zona permanecen sin ser rehabilitados, a pesar de que los gobiernos dieron luz verde para que el pasado 29 de agosto se reiniciaran las clases presenciales en toda la entidad tras dos años y medio de la pandemia de Covid 19.

Más de 4 mil familias exigen apoyos

A fines de agosto pasado, integrantes del Comité de Damnificados de Juchitán de Zaragoza bloquearon durante tres días consecutivos la carretera Panamericana 190, a efecto de obligar al gobierno de Oaxaca a entablar de una mesa de diálogo para definir la fecha en que 4 mil 200 representantes de familias recibirán el primer apoyo económico al que se comprometió la autoridad tras cinco años de pedir ser incluidos en el segundo censo de damnificados.

La protesta impidió el tránsito de vehículos hacia los estados de Chiapas y Veracruz hasta que finalmente la Secretaría General de Gobierno (Segego) y la Secretaría de Finanzas (Sefin) signaron un convenio con los inconformes.

De acuerdo con el representante de aquel colectivo, Armando Pineda, el gobierno de Oaxaca se había comprometido a pagar el 30 de junio pasado 65 millones de pesos, equivalente a la mitad de los recursos prometidos a los damnificados, tras quedar registrados en un segundo censo por daños parciales.

No obstante, agregó el dirigente, las autoridades incumplieron con el acuerdo, lo que desencadenó la ola de protestas. 

Al respecto, precisó que el gobierno federal absorbió los apoyos para la población afectada con daño total en sus viviendas, mientras que el gobierno estatal debe correr con los gastos generados por daños parciales.

El monto total de los daños que debe asumir el gobierno estatal es por 131 millones de pesos entre las 4 mil 200 familias, precisó.

Se robaron el dinero, acusa COCEI

A su vez, el pasado 30 de agosto, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI)-Nueva Generación instaló un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno de Oaxaca, sobre la calle de Bustamante en el Centro Histórico de la capital.

Aunque el pliego petitorio de la agrupación giró en torno a diversas demandas sociales, la principal exigencia fue la reconstrucción de planteles educativos dañados desde el terremoto del siete de septiembre.

Los líderes de la organización acusaron a la administración estatal de haber desviado los recursos que estaban etiquetados para la rehabilitación de centros educativos de la región del Istmo de Tehuantepec; en particular, del municipio de Juchitán.

“Hay escuelas que fueron reconstruidas en 20 por ciento o 30 por ciento y lo malo es que las empresas (constructoras) son del Estado de México. Son empresas a las que no se les puede reclamar, no tienen su razón social en el estado de Oaxaca y esa es nuestra preocupación”, sostuvo el líder de la COCEI Nueva Generación, René Vasquez Castillejos.

“Hubo presupuesto etiquetado para esos temas y fue desviado”, abundó el dirigente

Casi 600 escuelas permanecen dañadas

Por su parte, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que hasta el mismo mes de agosto, en el estado existían alrededor de 600 centros educativos que permanecían sin ser rehabilitados, a cinco años del terremoto.

En ese sentido, la gremial reportó que la mayoría de esos centros educativos sufrieron daños parciales o moderados luego del siniestro de siete septiembre; sin embargo, 16 días después terminaron con fallas estructurales tras la ocurrencia de una réplica de 6.1 grados el 23 de septiembre de 2017.

Al igual que la COCEI, la CNTE acusó al gobierno de Oaxaca de haber incurrido en diversas omisiones que le permitieron a las empresas constructoras encargadas de las obras abandonarlas sin que se haya cumplido con la rehabilitación o reconstrucción requerida.

Aquellos fraudes, añadió, fueron maquinados aprovechando la pandemia de Covid 19, que alejó a los maestros y a los alumnos de los centros escolares durante dos años y medio, a partir de marzo de 2019.

El sindicato de maestros indicó que los daños principales se centran en deficiencias en las aulas, lo que incluye afectaciones en paredes y techos, así como el colapso de las redes de drenaje.

En julio pasado, padres de familia y docentes del municipio de Juchitán de Zaragoza realizaron un bloqueo a la carretera Transístmica en demanda de la reconstrucción de 57 planteles educativos.

Sin embargo, funcionarios del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed) les aseguró que, de acuerdo con sus bases de datos, únicamente faltaban por entregar 17 escuelas de un total de 87 que tuvieron que ser intervenidas.

Asimismo, aquella entidad gubernamental, sobre la que han recaído acusaciones acerca de que sus extitulares incurrieron en prácticas ilícitas al momento de entregar contratos para la reconstrucción entre los años 2017 y 2019, sostuvo que cinco escuelas más debían ser atendidas directamente por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A pesar de las aseveraciones de los representantes de gobierno, los padres de familia y los docentes obligaron a los funcionarios a programar una nueva reunión a efecto de que se llevará a cabo una nueva mesa de trabajo para concertar la reconstrucción de los 57 centros escolares que demandaban.

Protestas no cesan

Finalmente, durante el acto alusivo realizado este miércoles en Juchitán de Zaragoza, donde participaron representantes de los gobiernos municipal, estatal y federal, un grupo de comerciantes, maestros y representantes de la religión católica protestaron en contra del retraso de las obras de reconstrucción.

En primer término, un grupo de vendedoras de comida exigieron la culminación de la rehabilitación del Palacio Municipal, que colapsó durante la noche del terremoto.

Las comerciantes se dijeron cansadas de que durante cinco años hayan sido enviadas a diversos puntos de Juchitán sin que las autoridades hayan cumplido con la entrega total del palacio, lugar donde antes de la tragedia comercializaban sus productos.

Con pancartas en mano, a través de las cuales demandaban respuestas inmediatas a sus demandas, las ciudadanas lanzaron consignas en contra de los servidores públicos reunidos en la zona, encabezados por el edil juchiteco, Emilio Montero, y el director de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi), Javier Granados Barrón.

Asimismo, un grupo de pobladores que profesan la religión católica también recriminaron la tardanza en la rehabilitación de diversos edificios históricos de aquella ciudad, principalmente el templo de San Vicente Ferrer, santo patrono de la demarcación, pero de igual manera, otros como la Casa de la Cultura y el edificio de Símbolos Patrios.

Los manifestantes demandaron con rigor la rehabilitación de la red de drenaje, que permanece colapsada desde 2017 y que de manera recurrente provoca que diversas secciones de Juchitán queden anegadas por aguas negras.  

El terremoto del siete de septiembre de 2017 tuvo una magnitud de 8.2 grados.

El Servicio Sismológico Nacional precisó que el fenómeno ocurrió a las 11 de la noche con 49 minutos y 17 segundos, en el Golfo de Tehuantepec, 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.

El terremoto dejó como saldo 102 personas muertas: 82 en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco.

En los actos cívicos realizados tanto en la ciudad de Oaxaca como en la región del Istmo de Tehuantepec, la bandera mexicana fue izada a media asta, en señal de luto.

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