OPINIÓN | ¿Porqué es relevante la última reforma sobre la violencia política de género?

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José Manuel Luis Vera

La violencia política de género contra las mujeres, ha estado recientemente en boca de todos, sin embargo, ha existido desde hace mucho tiempo, solo que no había sido visibilizada por parte de los académicos, organismos y autoridades. 

En un esfuerzo por prevenir y erradicar la violencia política de género, y al no encontrarse regulada en la legislación, ni tipificada en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en el año 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera conjunta con otras autoridades, emitió el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; misma que sirvió como una importante guía de actuación para todas las autoridades vinculadas con el tema. 

A partir de la presentación del Protocolo, el Tribunal Electoral de la Federación y los Tribunales Electorales Estatales, empezaron a recibir recursos e impugnaciones donde se alegaba VPG; lamentablemente en algunos casos no era fácil acreditar los cinco elementos que exigía el protocolo, y en otros, donde sí se alcanzaba configurarla, no había una verdadera sanción para el que la cometía.

No obstante, conforme se fue avanzando en el conocimiento y resolución de los asuntos, los magistrados federales empezaron a dictar sentencias y a emitir criterios jurisprudenciales relevantes, que ayudaron a aplicar sanciones  a los responsables de VPG; tal es el caso del expediente identificado con el número SUP-REC-531/2018 emitido por la Sala Superior, en donde determinó confirmar una sentencia de la Sala Regional Xalapa, misma que dejó sin efecto el registro de un candidato que pretendía reelegirse en el cargo, al estar demostrado que en su calidad de presidente municipal, incurrió en actos de violencia política por razones de género, contra la síndica municipal del mismo ayuntamiento, lo que desvirtuó la presunción de tener un modo honesto de vivir, requisito de elegibilidad para contender por la reelección inmediata a presidente municipal. Caso suscitado, por cierto, en nuestro estado de Oaxaca.

A pesar de esos avances, no era suficiente para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política, y desde organismos internacionales, nacionales, académicos y sociedad civil, se fue impulsando la necesidad de establecer en la ley, la violencia política de género en contra de las mujeres.

Así, por fin el día 13 de abril del presente año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 8 leyes generales, relacionadas con la VPG. 

Esta reforma es muy importante para la democracia de nuestro país, y en particular para los derechos políticos electorales de las mujeres, ya que viene a fortalecer la paridad sustantiva y la no discriminación.

A continuación, analizaremos los aspectos más relevantes de esta reforma electoral.

La primera de ellas, es el establecimiento de la definición de lo que es la violencia política de género, por lo que ahora ya sabemos cuándo se configura, quiénes la cometen y las sanciones en que pueden incurrir; por lo que en la ley se establecen 22 conductas que pueden constituir VPG. 

Con la reforma, quien incurra en conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, podrá ser sancionado en la vía electoral, penal y de responsabilidades administrativas. Es de señalar que las mujeres también pueden cometer violencia política de género, por lo que no es una responsabilidad solo de los varones.

Se establece como requisito de elegibilidad para ser Diputada o Diputado Federal o Senadora o Senador, no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.

En materia electoral, las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador, mejor conocido como PES, en el cual, además, se pueden dictar medidas cautelares y de reparación a favor de la víctima.

En la vía jurisdiccional, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, para los amigos JDC, será el procedimiento idóneo para conocer y resolver de los casos donde se demande VPG.

En el ámbito penal, se establecen 14 hipótesis que pueden constituir el tipo penal de violencia política de género, y se establecen sanciones que van desde uno a seis años de prisión y multa de 50 a 300 días.

Además, cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores, fueren cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad.

Es de destacar que las mujeres que sufren violencia política en razón de género, no solo pueden ser víctimas de delito, sino también de una falta o violación de sus derechos humanos, como lo son los derechos político-electorales.

Esperamos que esta información les sea útil y sobre todo que, que abone al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

¡Usted tiene la última palabra!

 

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