El posgrado de Derecho en la UABJO
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Lecciones Constitucionales
Marco Antonio Baños Avendaño
Sin un marco jurídico adecuado, el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca lleva a cabo un doctorado de tres años de duración, cuando en el resto de las universidades de mayor prestigio son de dos; y dos maestrías, una en el novedoso Sistema Penal Acusatorio y otra en Derecho Constitucional, empero, a pesar de su elevado costo no se encuentran inscritas en el Conacyt como de un alto nivel académico, ni existe un reglamento que regule a dichas maestrías, menos a los de estudios de doctorado, ni la transparencia ni la rendición de cuentas en el manejo de los recursos económicos.
Esto conlleva a que no exista un rango para definir el costo semestral de esos estudios, su determinación solamente recae en el coordinador de posgrado. No existe un ordenamiento legal que diga los requisitos para acceder a este cargo, bien puede serlo un profesionista con grado de doctor o hasta uno de licenciatura como sucede actualmente. El posgrado se regula a través de la “discrecionalidad” a pesar de que pertenece a la Facultad de Derecho y ésta a nuestra Universidad.
Cuando comenzó el año 2016 el primer semestre del doctorado, resultado de elecciones y cotos de poder, llega un coordinador de posgrado cuando debiesen existir muchos más para atender la Facultad de Derecho, pero vinieron las elecciones y recayó un nombramiento en quien cuya ascendencia y prestigio académico se desconoce. Sin embargo, lo único que interesa a dicha coordinación es que los maestrantes y doctorantes estén al corriente de sus pagos, pero se ignoran los múltiples problemas que aquejan al posgrado. Nadie sabe quién o quienes lo designaron y si se cumple con los requisitos de al menos ser titulado en un grado de maestría o doctorado.
No se sabe en qué materia ha destacado como docente, si ha escrito alguna obra jurídica o si pertenece al padrón de investigadores del Conacyt, o si cuenta con publicaciones en revistas especializadas de reconocido prestigio.
El posgrado carece de transparencia y rendición de cuentas, ya que éste tiene su propia tesorería y los pagos no se hacen a través de la Secretaría de Finanzas de la Rectoría de la Universidad, si no que los ingresos parece ser forman parte de un botín político que se maneja con discrecionalidad, del cual ni el director de la Facultad de Derecho sabe, ni el propio rector conoce las Finanzas de este posgrado. Menos lo sabrá el maestrante o doctorante al cual solamente se le obliga a que hagan los pagos puntuales.
Ni el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho sabe lo que sucede, no obstante que es la máxima autoridad de esa Facultad, no conoce cómo se manejan los recursos, ni los planes, ni programas académicos de esos estudios. Y es que el Posgrado lejos de ser una unidad académica que busque elevar y eficientar el nivel académico de los asistentes, es el atractivo político de los diversos grupos de poder de esta Universidad, precisamente por el alto rendimiento de dinero que representa, aunque la calidad académica pase a segundo término.
En ninguna de esas maestrías que se imparten, ni en el doctorado, existe un plan curricular de materias y objetivos que las conformen, no existe un claustro de docentes con un alto nivel académico, cada fin de semana se presenta a un docente que intenta improvisar alguna clase, inclusive, a veces sin el perfil adecuado, como sucedió en el doctorado que un italiano sin haber cursado maestria vino a impartir una materia en un doctorado en Derecho. No existen instalaciones adecuadas para la enseñanza, desde este año 2017, el posgrado funciona cada fin de semana en las instalaciones de la Facultad de Contaduría, porque se cobra caro pero se carecen de instalaciones e infraestructura física y académica.
Por la falta de un teglamento, el alumno no cuenta con una segunda oportunidad para regularizar una materia, lo cual conlleva a que el posgrado de esta manera intente controlar políticamente a los asistentes, ya que si no aprueba alguna materia, en cualquier momento semestral puede irse a la calle. Tampoco existe un plazo para obtener el grado una vez que se acreditan las materias. Por ejemplo, en la UNAM el egresado solamente tiene dos años para obtenerlo o perderá esa posibilidad. En este Posgrado no existe ese plazo, por eso hay muchos egresados que no lo hacen, ni les interesa porque saben que en cualquier tiempo lo podrán hacer. Tampoco existe un padrón de nombres de los que han obtenido el grado, por eso muchos lo ostentan a pesar de que no lo tienen, porque una cosa es haber cursado todas las materias de una maestría o de doctorado y otra haber obtenido el grado con un trabajo recepcional y defendido ante un sínodo.
En el posgrado imperan los mismos vicios y deficiencias de los estudios de licenciatura, a nadie le interesa que mejore, al contrario, es la joya de la corona en cada elección, y los grupos políticos lo pelean porque saben de los altos ingresos que cada semestre representa. En el caso de la maestría en el Distema Penal Acusatorio no existen las instalaciones adecuadas para su enseñanza, hay un cupo que rebasa lo permitido para un nivel de posgrado, el primer semestre tiene 70 asistentes y no hay sala de audiencias para el simulacro de los juicios orales.
En la Facultad de Contaduría, cada fin de semana hay fiestas o celebraciones con música a todo volumen, las calendas son frecuentes, máxime que a un lado está la Facultad de Idiomas y la de Enfermería; no existen las condiciones de enseñanza-aprendizaje. Cada ponente enseña lo que se le ocurre y antoja a pretexto de la libertad de cátedra, la cual en lugar de entenderla como una libertad de enseñanza, la entienden como una forma de improvisar y decir lo que se les venga en gana.
No se ha dicho nada de esto porque el asistente en muchos de los casos hace un esfuerzo loable no tanto por aprender, sino por la obtención del grado para que logre su ascenso laboral, aunque no tenga el nivel del grado que detente. Igual que en la licenciatura hay improvisación y desdén, por eso es que se permiten estos mismos vicios de antaño, por eso es que los grupos de poder se interesen en usufructuar el posgrado, poniéndole precio a todo, por eso se privilegian los pagos antes que el nivel académicos de ponentes y asistentes.
Por eso no existe una reglamentación en ese posgrado, ni la transparencia, ni la rendición de cuentas. Por eso seguimos como estamos, con altos costos en una Universidad cuyo apotegma ha sido que sea crítica, científica y popular, con las maestrías y doctorado más caras que las universidades privadas, por lo que sin norma alguna, esto es letra muerta.