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Ruinas, coraje y desesperanza, a 4 años, damnificados claman por atención en Oaxaca

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Álvaro Morales

Entre opacidad en la aplicación de recursos, actos de corrupción y el abandono de miles de damnificados, que aún viven en lugares improvisados e incluso, entre escombros en plena pandemia de Covid 19, Oaxaca conmemorará este martes el cuarto aniversario luctuoso del terremoto del siete de septiembre de 2017, que devastó la región del Istmo de Tehuantepec y causó afectaciones graves en el resto de la entidad, con saldo de 79 personas muertas y más de 63 mil casas con pérdida total y parcial, sin contar los casi 3 mil edificios públicos que resultaron afectados.

A pesar de que los últimos dos gobiernos federales, del priista Enrique Peña Nieto y el morenista Andrés Manuel López Obrador, han reportado la inversión de más de 12 mil millones de pesos entre 2017 y 2021 para la reconstrucción de Oaxaca, pobladores de los municipios de Juchitán de Zaragoza y San Dionisio del Mar, han denunciado la existencia de alrededor de 3 mil 500 viviendas que, a cuatro años del fenómeno natural, continúan sin ser atendidas y que a pesar de los riesgos de colapso, continúan siendo habitadas por sus propietarios; la mayoría, familias de escasos recursos.

Las denuncias más reiteradas durante los últimos 48 meses giran en torno a fraudes maquinados por empresas constructoras, que abandonaron a medias o nunca comenzaron las obras que contrató y pagó por adelantado la población afectada, así como actos ilegales promovidos desde el gobierno, con casos en los que los damnificados recibieron tarjetas para la reconstrucción de sus casas sin ningún tipo de fondo o promesas de ayuda que nunca llegaron, a pesar de la realización de supuestos censos con los que en teoría se confirmaría el número real de damnificados y las acciones para mitigar los daños de la tragedia.

A ello, se suman actos de presión y acoso denunciados por pobladores del municipio de San Dionisio del Mar, que acusaron a la Secretaría de Bienestar de la actual administración federal de negarse a darlos de alta en el padrón de damnificados, como represalia a que desde hace varios años se han opuesto a la realización de megaproyectos eólicos en su territorio.

Juchitán epicentro de la tragedia

El primero de septiembre de 2021, una proposición con punto de acuerdo promovida en el Congreso de Oaxaca estableció que solamente en Juchitán de Zaragoza, existen actualmente 3 mil 200 viviendas clasificadas con pérdida parcial y total cuyos habitantes no han recibido ningún tipo de apoyo económico.

De acuerdo con el documento, 2 mil 274 de esos inmuebles correspondían a casas que resultaron afectadas medianamente durante el terremoto del siete de septiembre, pero que debido a las más de 10 mil réplicas contabilizadas durante las semanas subsecuentes, incluida una de 6 grados de intensidad del 23 de septiembre, éstas se agudizaron hasta que hicieron colapsar algunos espacios.

“El entonces gobierno municipal de Juchitán de Zaragoza solicitó que se aprobara un segundo censo en donde se registraban 2 mil 724 viviendas, de las cuales 2 mil 503 no fueron foliadas en el primer censo y 221 que sí recibieron censo pero que deberían ser reclasificadas”, puntualizó el exhorto, aprobado con 27 votos a favor y en el que se llama al gobernador, Alejandro Murat, a cumplir con el otorgamiento de recursos para que las familias puedan reconstruir sus viviendas.

“Se solicitó que ese (censo) fuera la base para darles (apoyo) a las personas que perdieron totalmente su vivienda a causa de la réplica de fecha 23 de septiembre de 2017, dándoles los mismos tratos que a los damnificados del primer censo” agregó.

A esos espacios, se sumaron otras 476 casas siniestradas durante el terremoto de 7.2 grados ocurridos el 16 de febrero de 2018, con epicentro en Pinotepa Nacional, en la región de la Costa.

Sin embargo, a pesar de que las autoridades gubernamentales aceptaron la realización de aquel segundo censo y la Federación emitió una nueva declaratoria de desastre natural el 16 de febrero de 2018 –después del nuevo terremoto de 7.2 grados–, los apoyos prometidos no han llegado a las familias istmeñas, se acusó en el documento.


La falta de atención a las familias juchitecas se da a pesar de que aquella municipalidad fue considerada como la población más afectada del país por aquel movimiento sísmico.

Según las cifras emitidas por las autoridades, 14 mil 918 viviendas situadas en Juchitán de Zaragoza sufrieron afectaciones, lo que colocó a la municipalidad con los mayores daños, por encima de Santo Domingo Tehuantepec, donde 4 mil 324 viviendas sufrieron afectaciones y Ciudad Ixtepec, con 4 mil 062.

Cuatro años viviendo entre escombros

Una denuncia más acerca del abandono de las autoridades en agravio de los damnificados del terremoto del siete de septiembre de 2017, fue hecha por habitantes del municipio de San Dionisio del Mar, quienes afirmaron que la Secretaría de Bienestar les ha negado el apoyo debido a que un alto porcentaje de ese sector se ha opuesto a la implementación de megaproyectos en ese punto de la región del Istmo.

Alrededor de 200 familias identificadas con las organizaciones Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar y Guardianes del Mar sostuvieron que a pesar de que han pedido la colaboración de las autoridades estatales y federales, éstas únicamente les prometieron que serían incorporadas a los padrones de beneficiarios sin que ello, hasta la fecha, haya sido cumplido.

“Nosotros lo único que deseamos es que nos hagan caso, que nos censen y nos den el apoyo para reconstrucción, que es un recurso que ya está destinado por el gobierno federal y que lamentablemente en San Dionisio del Mar nos están excluyendo”, acusaron los damnificados, durante una protesta efectuada en las oficinas del consejo municipal.

Los inconformes resaltaron que el personal de Bienestar había acudido en al menos cuatro ocasiones a su municipio y que en todas ellas, los funcionarios ignoraron sus súplicas de ayuda y de que fueran integrados al banco de datos que coordina la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi): “Nos dicen que no aparecemos en la lista, que esperemos… han pasado más de tres años y no hemos recibido un solo peso de apoyo de reconstrucción”.

Ante la falta de recursos, los ciudadanos viven entre los escombros de los que fueron sus hogares; en otros casos, yacen en viviendas que permanecen en pie, pero que registran múltiples y evidentes afectaciones estructurales, con el riesgo de que puedan caer en cualquier momento

Debido a aquella situación, los ciudadanos acusaron que tanto el consejo municipal como las autoridades federales seleccionan a su arbitrio a los beneficiarios de la reconstrucción, con prioridad hacia quienes se pronuncien en favor de las políticas implementadas desde la Federación.

Irregularidades, al por mayor

En un informe correspondiente al ejercicio 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que mil 795 millones de los 2 mil 500 millones de pesos que el gobierno federal anunció que destinaría para atender a los afectados por los sismo del siete y 19 de septiembre, no llegaron a su destino.

Según el organismo fiscalizador, el 70 por ciento de los recursos del Fondo de Reconstrucción (Fonrec) presuntamente liberado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, no fue utilizado ni en labores de reconstrucción ni en otras medidas de rescate a la población vulnerada.

La principal irregularidad encontrada por el órgano fiscalizador fue que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reasignó los fondos no dispersados, que ascendieron a mil 795 millones de pesos, sin explicar su destino.

En más al respecto, la Auditoría indicó que la SHCP liberó recursos en favor de los estados que “cumplieron cabalmente con los requisitos establecidos”; sin embargo, los recursos no solicitados o no entregados por la dependencia “fueron reasignados sin que se tuviera conocimiento de su destino final”.

Agregó: “El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para atender los desastres naturales ocurridos por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017 mandató que se aportaran al Fideicomiso 2186 (Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas) un total de 2 mil 500 millones de pesos, con la finalidad de que las entidades afectadas por fenómenos naturales pudieran hacer uso de estos recursos y aportarlos como su contraparte para el programa Fonden, en beneficio de la población damnificada e infraestructura afectada”.

De aquel universo, sólo fueron entregados alrededor de 800 millones de pesos.

Oaxaca, bajo la lupa por irregularidades

 


En el caso de Oaxaca, el documentó afirmó que 65 por ciento de los municipios con declaratoria de emergencia no fue beneficiado con la construcción de vivienda o de infraestructura.

El organismo detalló que luego de la ocurrencia de dos terremotos, el siete de septiembre (8.2 grados) y 19 de septiembre de 2017 (7.1 grados), 356 municipios oaxaqueños recibieron la declaratoria de emergencia por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero, pese a ello, 233 de esas municipalidades, el 65 por ciento, nunca contaron con recursos económicos del fondo para la construcción de vivienda o de infraestructura.

Y no es todo, pues, al final del ejercicio, el organismo descubrió que los estados y municipios que sí recibieron apoyo monetario incurrieron en irregularidades por un monto conjunto de 95 millones de pesos, del cual, el 81 por ciento de las observaciones, se concentraron en Oaxaca.

Las principales anomalías detectadas por la ASF tuvieron que ver con dineros que fueron utilizados para otros fines, así como con contratos no formalizados y con el pago de obras que no se realizaron.

“Para este estado (Oaxaca) se presentaron dos declaratorias de desastres naturales, con fechas del 14 y 28 de septiembre de 2017, que en conjunto afectaron a 356 municipios, de donde a 54 se les apoyó con recursos para atender el problema de vivienda, y a 98 con reconstrucción de infraestructura”.

De acuerdo con el reporte de la ASF, en Oaxaca se determinaron irregularidades por 77 millones 793 mil pesos, debido a la falta de operación de obras concluidas y por no cumplir con la normativa correspondiente.

Más de 12 mil mdp para reconstrucción en Oaxaca, ¿dónde están?

En los informes presentados por las autoridades estatales y federales, la cantidad de recursos enviados a Oaxaca para cumplir con la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto del siete y 19 de septiembre no coinciden.

Informes gubernamentales, documentos legislativos y estados financieros notifican números dispares; sin embargo, los datos más mesurados indican que la contribución federal rebasa, al menos, los 12 mil millones de pesos.

De acuerdo con información emitida por el pasado gobierno federal y ratificada en su momento por los representantes del actual gobierno del estado, entre 2017 y 2018, fueron canalizados a Oaxaca un total de 7 mil millones de pesos para las labores de rescate.

A ello, se deben sumar 5 mil 566 millones de pesos que según el portal https://reconstruyendoesperanza.gob.mx/, fueron enviados a Oaxaca durante 2019, así como mil 464 millones de pesos en 2020 y 353 millones de pesos hasta julio de 2021.

No obstante, otras cifras otorgadas por las autoridades federales aseveran que los recursos enviados a la entidad rondan los 19 mil millones de pesos durante los últimos tres años.

Pese a ello, las acusaciones de abandono y omisiones de la autoridad hechas por parte de los damnificados, continúan.

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