I de II Partes
Álvaro Morales
Durante los últimos dos años y lo que va de 2021, la 64 legislatura del Congreso del Estado ha avalado el nombramiento de diversos personajes, identificados con partidos políticos, en puestos clave de órganos autónomos y poderes del Estado, aunque para ello haya tenido que incumplir con sus responsabilidades constitucionales y, por ende, violentar su autonomía, según afirman organizaciones sociales y expertos.
Desde el titular de la Fiscalía General del Estado hasta integrantes de otros órganos autónomos y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), han sido designados en actos que se sustentaron en recovecos legales, lo que ha llevado a particulares y organizaciones no gubernamentales a intentar echar abajo tales designaciones, según una serie de antecedentes hemerográficos recabados por este medio.
El último caso está relacionado con el nombramiento de Moisés Molina Reyes y Abraham Isaac Soriano Reyes como integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), luego de que los integrantes del Congreso de Oaxaca renunciaran a la facultad constitucional que les permitía determinar a las personas que ocuparían las dos plazas que permanecían vacantes en el máximo tribunal de la entidad.
Desde el pasado 12 de abril, los legisladores admitieron su conocimiento acerca de que tenían un plazo de tres semanas –que fenecía el tres de mayo– para elegir, de entre dos ternas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo, a los dos ciudadanos o ciudadanas que asumirían el cargo de magistrados en el Poder Judicial.
Sin embargo, a partir de ese momento, a través de redes sociales se difundió la existencia de un supuesto acuerdo previo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo para que tanto Molina Reyes como Soriano Reyes recibieran tal nombramiento.
Ante ello, un grupo de detractores de Molina comenzó a hacer circular en internet diversas versiones acerca de que aquel funcionario era inelegible, debido a que contaba con antecedentes por haber estado involucrado en la comisión de diversos delitos, incluidos desaparición de personas y un presunto acto de violación, cuyas denuncias en su contra no habían prosperado.
La organización Oaxaqueños contra la corrupción también señaló a Molina Reyes de haber cobrado del erario estatal casi 1 millón de pesos entre 2019 y 2020, como encargado de un área llamada Unidad de Contenidos de la Gubernatura, la cual, de acuerdo con la agrupación denunciante, no pudo ser hallada en portales de transparencia.
Después de varios días de presión mediática, a la que se sumaron algunas activistas defensoras de los derechos de las mujeres y especialistas en Derecho, el pasado 28 de abril, cinco días antes de que venciera el plazo para que el Congreso nombrara a los dos magistrados, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 64 Legislatura hizo público un dictamen donde perfilaba como magistrados a Érika Rodríguez Rodríguez y a Alejandro Magno González.
Luego, diversos usuarios de redes sociales y medios de información, calificaron dicha acción como un intento de simular el acuerdo previamente pactado entre el Congreso y el gobierno estatal debido a que para validar tal determinación, el documento tenía que ser puesto a consideración del Pleno para que fuera votado o, en su defecto, rechazado.
Pasaron los días y la Comisión Permanente del Congreso, ante la falta de una demanda de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), nunca convocó a una sesión extraordinaria, por lo que aun con el dictamen dejó que venciera el plazo legal y permitió que la decisión recayera en manos del Gobernador.
Con ello, una vez llegado el cuatro de mayo, el Poder Ejecutivo hizo uso de la facultad legal que le otorgó el Poder Legislativo y nombró a Moisés Molina y Abraham Soriano como magistrados.
Historial de omisiones
Esa, no obstante, no ha sido la única ocasión en que el Congreso es omiso con sus responsabilidades y con ello beneficia al Poder Ejecutivo, según los reportes consultado y denuncias de organizaciones sociales y activistas.
En febrero de 2020, el Poder Legislativo no se acató a los tiempos establecidos por la Constitución y no ejerció su responsabilidad de nombrar a otro integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO).
Por esta omisión, la responsabilidad cayó en el Gobernador, quien decidió que Ángel Alejo Torres, ex asesor jurídico de su administración, asumiera el cargo como integrante del TSJE.
Desde el 21 de enero, el titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Murat Hinojosa, había remitido al Congreso una terna de aspirantes a ocupar el cargo de magistrado, pero los legisladores incumplieron con el desarrollo del procedimiento, según el recuento hemerográfico realizado.
Tintes políticos en magistraturas
A mediados de marzo 2021, en el comienzo de la pandemia de Covid 19 en el estado, el Poder Legislativo de Oaxaca avaló con 28 votos a favor la designación del ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Paulo José Luis Tapia Palacios como magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, cargo que ejercerá por un periodo improrrogable de siete años.
Tapia Palacios, hasta antes de su nombramiento, se había desempeñado como director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (Cecyteo), con una de las percepciones más altas de la función pública local, según el tabulador de sueldos de la Secretaría de Administración.
En ese mismo momento, los congresistas ratificaron el nombramiento de Eduardo Calvo Ziga, como magistrado de la Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca por un periodo improrrogable de cinco años.
Eduardo Calvo es hermano de José Luis Calvo Ziga, ex secretario del Medio Ambiente de la entidad.
El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) es el encargado de perseguir y castigar los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos locales y es una de las piezas fundamentales del Sistema Estatal Anticorrupción.
En otros casos suscitados en marzo de 2020, la 64 legislatura avaló los nombramientos como magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca de Perla de Oriente Rocha Muñoz, María Isabel Chagoya Méndez, ex presidenta del Comité de Consulta y Participación Ciudadana de Oaxaca, María del Carmen Chiñas Salinas, fiscal Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género.
Dentro de los funcionarios, también resaltó el nombre de Emilio de Gyves Montero y Carlos Vázquez Guerra, ex director de concesiones de la entonces Secretaría de Vialidad y Transporte, hermano de la actual diputada local del PRI, Maritza Escarlet Vázquez Guerra.