NOTA
¿De donde provendrá el dinero para el mantenimiento del aparato estructural del PRI,ante su renuncia del cien por ciento de financiamiento público?
El martes 26 de Septiembre después de una semana intensa de presión en redes sociales, para que los partidos políticos donaran parte de sus recursos económicos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de Septiembre , el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anuncio a través de su dirigente nacional Enrique Ochoa Reza, sus coordinadores en la Cámara de diputados y Senado, que renunciaban al cien por ciento de sus prerrogativas en 2017, impulsando desde este momento una reforma constitucional para que los partidos políticos renuncien al cien por ciento del financiamiento publico para el proceso electoral 2018, generando una bolsa según Reza Ochoa de más de seis mil millones de pesos que vayan directo a la reconstrucción de zonas afectadas.
La propuesta emanada del PRI suena mediáticamente rimbombante, pareciera un acto de nobleza institucional, de sensibilidad política propia del momento de zozobra que viven miles de familias, despojar a los partidos políticos de todo el dinero publico para fines sociales, es una idea atractiva que no necesariamente puede representar la solución a la contingencia, ni muchos menos una medida sostenible a mediano y largo plazo, al menos no, en este sistema político que funciona a través de una “democracia participativa”.
Pero con esta propuesta de renuncia al cien por ciento de sus prerrogativas para lo que resta del 2017 y su disposición a no contar con recurso publico alguno para la elección de 2018, surgen varias interrogantes que la ciudadanía debe de cuestionar de manera seria por las repercusiones que en ella tienen, ya que pueden impactar o influir de manera negativa en los futuros gobiernos y representantes que surgen de manera obligada de procesos electorales y en los cuales los gobiernos en turno a nivel federal, estatal o municipal, tendrían mayores posibilidades de operatividad política, frente a expresiones políticas que no cuenten con ningún recursos publico licito, lo que a simple vista advierte inequidad en la contienda.
La propuesta inicial de Andrés Manuel López Obrador de donar un porcentaje de sus prerrogativas para los damnificados, tuvo un efecto de “bola de nieve” que descontroladamente ha ido transitando de manera acelerada en estos días en el ambiente político, con el impulso de ideas y toma de decisiones, que ponen en franca desventaja al partido morenista frente al poderío económico gubernamental de su principal rival el PRI, prueba una vez más que la demagogia política mal utilizada sigue perjudicando a los mismos y beneficiando a unos cuantos.
Con la propuesta de Morena, secundada por el “Frente Amplio” del PAN, PRD, MC y ahora oficializada por el PRI con la propuesta del cien por ciento, con iniciativa de reforma constitucional para eliminar financiamiento publico y reducir plurinominales, la contienda electoral del 2018 poco a poco parece irse de las manos del eterno candidato de “izquierda en México”.
Pero las interrogantes van en un sentido más que del futurismo político de los mismo de siempre, en que pasara con los miles de ciudadanos que laboran y que perciben un sueldo en los distintos partidos políticos, particularmente en el PRI, cual será el destino de estos trabajadores cuando se supone el PRI no percibirá un solo peso de financiamiento publico licito y que es la fuente de donde este Instituto Político solventa distintos gastos entre ellos uno tan importante como lo es el sueldo de sus trabajadores.
¿Habrá despidos masivos de trabajadores?
¿Existe una fuente de recursos alterna, para que el PRI solvente sueldo de trabajadores?
¿Con que recurso económico, solventara Ochoa Reza sus giras de trabajo, los eventos, reuniones, publicidad del partido Político?
¿Cada militante otorgara algún recurso económico para estos gastos?
¿Cada uno de los comités estatales del PRI, despedirán trabajadores, cerraran oficinas por no existir fuente licita de recursos para pago de oficinas?
¿Esto provocara algún tipo de crisis económica en los miles de trabajadores del Partido Político a nivel nacional o en los Estados?
Ochoa Reza, anuncio que la renuncia del financiamiento público es de manera inmediata en el 2017, entonces con que recurso económico se pagara el sueldo de este mes a los trabajadores o ¿Con que recurso se indemnizara ante los eventuales despidos, consecuencia de no contar con recursos económicos?
La propuesta priista deja más interrogantes que certezas, una supuesta medida solidaria frente a los damnificados, pero que en realidad parece una reacción acelerada para aprovechar mediáticamente el momento, restarle simpatía a la propuesta morenista, posicionar la idea de cercanía con los mexicanos.
Es verdad que es necesario mermar los recursos no solo a los partidos, sino a organizaciones sociales, a gobiernos en gastos onerosos en muchos rubros, pero a través de la historia hemos cimentado un sistema político electoral o electorero, propuestas de fondo en reducción de prerrogativas, financiamiento publico para procesos electorales, financiamiento privado en las elecciones a través, tiene que ser un paso importante que no nos haga caer en falso, un proceso paulatino que de confianza, certeza y sobre todo exista la confianza de que se sabe lo que se esta haciendo.
Dar un marco legal a la participación política con financiamiento privado es fundamental, transparentar el usos de recursos por parte de los gobiernos federal y estatales en la reconstrucción de zonas afectadas es una urgencia, menos dinero a la política, menos representantes populares, es una exigencia ciudadana, pero no puede ser una propuesta bien intencionada, que sea aprovechada para provocar que solo privilegiados económicamente puedan representar a los mexicanos y muchos menos que la política este en manos de los que pueden pagar campañas y con esto terminemos de alejar a los ciudadanos de las verdaderas decisiones que beneficien o afectan al País.
El PRI tiene mucho que explicar sobre como cubrirá cualquier gasto por mínimo que parezca y que necesita tener una fuente licita de financiamiento, mas ahora que los lineamientos de fiscalización parecen mas rígidos y difíciles de burlar, no vayamos a ser engañados , o más complicado aun: que resulte peor el “remedio que la enfermedad”.