Álvaro Morales
II de II Partes
El nombramiento de Arturo Peimbert Calvo como Fiscal del Estado de Oaxaca, pese a la oposición del sector feminista de la entidad y la inconformidad de los aspirantes que se postularon para ocupar aquel cargo, debido a la celeridad con que se llevó a cabo el procedimiento, se convirtió en otra de las determinaciones más polémicas asumidas por la 64 Legislatura.
Peimbert fue electo como titular el pasado 18 de marzo, 12 días después de la renuncia de Rubén Vasconcelos Méndez, entre acusaciones de haber desempañado un papel negligente durante su estancia como presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), lo que se tradujo, según organizaciones sociales, en el incremento de casos de violencia de género.
Una vez conocida la determinación del Poder Legislativo, varios de los 15 aspirantes que quedaron en el camino acusaron que el proceso de designación llevaba línea desde el Gobierno estatal.
Luego, tras ese contexto de denuncias por acuerdos entre partidos políticos y poderes del Estado, los diputados aprobaron la desaparición del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Lo anterior, dando pie a la sustitución de los actuales responsables de dichos órganos.
Sin dar lectura a los dictámenes ni mencionar el tipo de acuerdo, mucho menos discutirlos en el pleno, fueron votados por la mayoría de diputados asistentes.
En primer término, los integrantes de la 64 Legislatura aprobaron la nueva Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, con el que desaparece el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y crea el Consejo de Participación Ciudadana.
Así, los actuales miembros de dicho órgano dejarán de ejercer sus funciones al término de 30 días posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley, tras lo cual el Congreso designará a los nuevos integrantes.
En segundo término, también avalaron la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIP), para dar paso al Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno.
En este caso, también los actuales responsables de dicho órgano serán sustituidos en el corto plazo.
De acuerdo con el dictamen, el objetivo es contar con un nuevo órgano que responda a las exigencias de la sociedad, como uno de los órganos clave en la transparencia y combate a la corrupción, así como vigilar el cumplimiento de las nuevas reglas de buen gobierno planteadas en esta iniciativa.
Las aprobaciones, con 28 votos, se dieron en la última sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del tercer año de ejercicio legal de la 64 Legislatura.
Y no sólo eso, pues, ahora, el partido Morena presentó otra iniciativa en la que propone la desaparición del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) para la creación de un nuevo tribunal, y quitarle la facultad al Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para colaborar en las elecciones que se rigen por Sistemas Normativos Internos (SNI).
La iniciativa plantea que el nuevo organismo electoral se llame Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Oaxaca, “como un organismo especializado en materia electoral, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.
Los diputados argumentan que el TEEO no cuenta con credibilidad y que incluso sus integrantes han estado involucrados en situaciones de soborno y corrupción.
De la misma forma, aseguran que se ha puesto en entredicho la ética, profesionalismo y calidad moral de los magistrados, por los cambios repentinos y frecuentes que han realizado en la rotación de la titularidad de la Presidencia del TEEO en muy breve tiempo.
Con esta iniciativa los diputados locales de Morena pretenden aumentar el número de tres a cinco magistrados y un nuevo método de selección; y que la Presidencia del nuevo organismo se rote por periodos de cada dos años.
Asimismo, propone la creación de comisiones permanentes y especiales al interior del tribunal y una estructura eficiente “a efecto de mejorar la función jurisdiccional mediante el establecimiento de Direcciones Ejecutivas”.
Para quitarle la facultad al IEEPCO de su colaboración en la organización de las elecciones que se rigen bajo Sistemas Normativos Indígenas, Morena propone la creación del Órgano de Sistemas Normativos Indígenas para separar los procesos electorales por partidos políticos y los procesos electorales por los llamados “Usos y Costumbres”.
La iniciativa también establece que todo lo relativo a las elecciones por Sistemas Normativos Indígenas deberá regularse en una nueva legislación. La creación de un nuevo órgano deberá ser especializado y autónomo e integrado por cinco consejeros ciudadanos.