Ivonne Mateo
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) pidió sancionar a las autoridades que vulneren los derechos humanos de los ciudadanos con el argumento de dar cumplimiento a las medidas preventivas por la pandemia del Covid-19.
“Es importante evitar y sancionar cualquier exceso, pues existe el riesgo de que en nombre de una causa legítima se utilice esta como pretexto para disciplinar, vigilar, reprimir o entrometerse en la vida privada de las personas”, expuso el organismo defensor ante los decretos aplicables a la contingencia en la entidad.
Y es que la Defensoría señaló que en el contexto de la tercera fase de la pandemia, en la que se espera el mayor número de contagios y defunciones, es necesario solicitar las autoridades que racionalicen los esfuerzos institucionales contra el virus, pues explicó que estas situaciones pueden conducir a abusos significativos de los derechos humanos, con efectos desproporcionados en las personas o colectividades.
“Las prohibiciones totales obligatorias rara vez son efectivas o necesarias”, enfatizó el organismo.
La DDHPO se pronunció porque las autoridades implementen medidas apegadas a los derechos humanos, pudiendo aplicar la limitación o derogación de algunos derechos como último recurso, y con límites estrictos.
“Cualquier limitación a derechos humanos debe estar justificada por un fin legítimo y debe ser proporcional, necesaria, efectiva y basada en evidencia científica, aplicada de manera temporal, no ser arbitraria, discriminatoria y estar jurídicamente sustentada, pero además, se requieren acciones para aliviar las consecuencias de tales restricciones”, aclaró el organismo defensor.
Asimismo, el organismo demandó a la sociedad en general cumplir también con sus responsabilidades para evitar la propagación del virus que ya cobró la vida de 17 personas en Oaxaca.
“Si las personas en lo individual no cumplen también con su cuota de responsabilidad difícilmente se obtendrán resultados favorables para hacer frente a la pandemia. La responsabilidad de actuar razonablemente es una obligación básica para los diferentes niveles de gobierno, pero no sólo de ellos, también existe para los demás poderes públicos, órganos autónomos, medios de comunicación, universidades, sindicatos, cámaras empresariales y organizaciones sociales”, culminó la Defensoría.