Álvaro Morales
“Si con nuestras vidas fuera necesario pagar este sacrificio, lo vamos a hacer”, sostuvo ante decenas de personas, en septiembre de 2015, el activista Jaime Jiménez Ruiz, cuando aún fungía como presidente del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), una organización que aglutina a autoridades de seis municipios y 46 comunidades costeñas que resultarían afectados con la construcción de la presa hidroeléctrica que desde 2006 pretende llevar a cabo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la agencia Paso de la Reina, en el distrito de Jamiltepec.
“No vamos a descansar hasta que logremos el objetivo que tenemos, que es conseguir la cancelación definitiva de este proyecto de muerte”, agregó el también ex agente municipal, quien cinco años después de aquel acto, el 28 de marzo de 2021, fue asesinado, en medio de una escalada de violencia en Paso de la Reina, que en dos meses con cinco días ha dejado un saldo de cinco personas ejecutadas a tiros.
En la fatídica lista aparece también el nombre de Fidel Heras Cruz, un migrante oaxaqueño que desde que regresó de Estados Unidos, en la primera década del 2000, se dedicó a luchar en contra del proyecto hidroeléctrico como líder del Copudever y, luego, como presidente del Comisariado de Bienes Ejidales, cargo que desempeñaba al momento de ser balaceado, el 23 de enero pasado.
Mientras tanto, las otras tres víctimas fueron identificadas como los ciudadanos Raymundo Robles Riaño, suplente del actual agente municipal (Filogonio Martínez Merino); Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes, habitantes del Barrio Chico de Paso de la Reina, quienes fueron acribillados por un grupo armado que entre la noche del 14 de marzo y la madrugada del 15 de marzo irrumpió en una fiesta en la que participaban.
Nunca antes, a pesar de la existencia de la movilización social contra el proyecto hidroeléctrico del Río Verde que se ha extendido durante 14 años, la violencia en la agencia Paso de la Reina, Jamiltepec, había llegado a los índices registrados en 2021, lamentaron representantes de organizaciones no gubernamentales consultados al respecto por Agenda CIO.
De hecho, desde la creación del Copudever, en 2007, después de que la CFE oficializó en octubre de 2006 su intención de construir la hidroeléctrica, la resistencia civil, aunque había sido víctima de hostigamiento y amenazas, nunca había sufrido la baja de algún integrante en ataques directos, lo que hoy ha derivado en que entre la población permanezca un entorno de tensión, miedo y encono, de acuerdo con las denuncias.
La organización Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), que ha respaldado al Consejo de Pueblos desde su fundación, acusó a los gobiernos federal y estatal de haber instaurado un Estado omiso, al que no le interesan los Derechos Humanos de la población.
“Es evidente que la agenda de derechos humanos no es una prioridad en el estado ni en el país; al contrario, las políticas actuales han hecho todo lo posible por detener o echar para atrás los mínimos avances”, acusó, tras el asesinato de Jaime Jiménez.
“El caso tan lamentable de asesinatos en Paso de la Reina nos permite decir que se configura un estado inoperante, donde la frivolidad de los gastos en imagen y acciones de promoción turística, de inversión en megaproyectos parece ser la única meta”, criticó, en un pronunciamiento divulgado en sus cuentas de redes sociales y en su sitio web.
Hipótesis
Además de la resistencia contra el proyecto de la CFE, Educa denunció que Fidel Heras, la primera persona en ser asesinada, había recibido amenazas de muerte desde el 21 de enero, dos días antes de su ejecución.
La organización civil sostuvo que Heras fue intimidado después de que, como autoridad, sostuvo una serie de desencuentros con ciudadanos a los que identificó como parte de la “familia Iglesias” , quienes se han dedicado a la extracción de materiales pétreos del río Verde, con el aval de las autoridades municipales de Santiago Jamiltepec.
Servicios para una Educación Alternativa recordó que, en 2019, la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, pidió a Paso de la Reina acceso para que en su jurisdicción se pudieran llevar a cabo actividades de extracción de material pétreo en el Río Verde.
“La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio; sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río”, explicó la ONG.
Educa sostuvo que la crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río.
“En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras.
“El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500 mil pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo”, subrayó Educa.
Este medio de información solicitó a la Fiscalía General del Estado información acerca de las líneas de investigación que existen en torno al caso de las cinco personas asesinadas durante los últimos dos meses en Paso de la Reina; sin embargo, al cierre de este reporte, el organismo no había respondido a la petición.
Por su parte, después de que diversos organismos de la sociedad civil condenaron los hechos, y responsabilizaron del clima de inseguridad a las autoridades locales, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió un pronunciamiento el pasado 30 de marzo.
Debido a que los asesinatos ocurrieron en un contexto de defensa de la tierra y el territorio, el organismo llamó a la Fiscalía de Oaxaca a fijar como una de sus líneas de investigación el activismo de los hoy extintos en busca de esclarecer los hechos.
Además, en el expediente de queja DDHPO/0189/(09)/OAX/2021, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública, establecer mecanismos de seguridad para la población en general, pero particularmente para las personas defensoras de tierra y territorio, además de pidió la colaboración de la Guardia Nacional para la realización de recorridos disuasivos en la zona.
La DDHPO refirió que entre 2015 y hasta febrero de 2021, ha iniciado 234 indagatorias relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos.
Quejas y denuncias sin respuestas
El pasado 11 de marzo, tres días antes del triple asesinato cometido en Paso de la Reina y 17 días antes del asesinato de Jaime Jiménez, la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por su sigla en inglés) llamó al gobierno de México a sostener de manera urgente “un compromiso firme” para avanzar en las investigaciones e identificar a los responsables materiales e intelectuales de las amenazas y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en México.
La representante europea del Proyecto México de PBI, Mar Saiz Avendaño, indicó que la impunidad en el asesinato de defensores persiste a tal grado, de que actualmente alcanza un 98 por ciento.
En el 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expuso que el gobierno federal debería considerar la creación de una comisión de investigación específica para los ataques a personas defensoras de derechos ambientales y de tierra y territorio, teniendo en cuenta que son 70 por ciento de las 19 personas defensoras asesinadas en México durante 2020.