I de II Partes
Álvaro Morales
Entre acusaciones de corrupción y de haber entregado el movimiento magisterial a los gobiernos estatal y federal, diversas tribus de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han exigido a su actual dirigencia, encabezada por Eloy López Hernández, convocar de manera inmediata a elecciones, tras un retraso de cinco meses, para definir a los que serán sus líderes durante los próximos cuatro años.
Con el argumento de que la pandemia de Covid-19, que comenzó en Oaxaca en abril de 2020, hacía imposible llevar a cabo el proceso electivo, el actual Comité Ejecutivo Seccional (CES) omitió en diciembre pasado realizar las gestiones necesarias ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a fin de que éste emitiera la normativa que regiría el periodo de designación, a pesar de que la actual dirigencia debía culminar su gestión el 21 de enero de 2021.
En sentido opuesto, según los inconformes, la cúpula de la Sección 22 justificó que esperaría a que las condiciones sanitarias le permitieran cumplir con ello, lo que se tradujo en que sus líderes hayan extendido su mandato por cinco meses y, con ello, haber tenido influencia en dos periodos político electorales del país, el de 2018 y el de 2021, y haber hecho negociaciones en su beneficio.
Desde 2018, al interior del gremio, corrientes y grupos como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Coordinadora Democrática Magisterial de Oaxaca (Codemo), una fracción de Praxis y La Chispa Clasista han acusado a su dirigencia de haber recibido múltiples dádivas del gobierno estatal del PRI, así como del partido Morena y el gobierno federal, entre ellas candidaturas a puestos de elección popular, a cambio de desactivar sus movilizaciones tanto en la capital de Oaxaca como en la Ciudad de México.
La UTE y una fracción de Praxis, durante los últimos meses, han sido dos de las corrientes cuyos integrantes han cuestionado de manera más intensa el actuar de sus dirigentes.
El pasado 10 de mayo, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) adheridos al Frente Popular Revolucionario (FPR), exigieron a la dirigencia la emisión de la convocatoria para la elección del nuevo Comité Directivo Sindical
Rogelio Vargas Garfias, fundador de la UTE, y Macario Ótalo Padilla, dirigente del FPR, afirmaron que el secretario general de la Sección 22, Eloy López Hernández, el secretario de Organización, Genaro Martínez Hernández y el secretario de Finanzas, Juan Carlos López Alonso “tuvieron una actitud entreguista con el gobierno y eso en nada ha beneficiado a la base magisterial”.
En una conferencia de prensa efectuada en la sede de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) afirmaron que los dirigentes negociaron candidaturas con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), principalmente en municipios como Tlaxiaco, San Juan Bautista Tuxtepec, Santa Lucía del Camino y Ciudad Ixtepec.
“Ya es tiempo de exigirle al CEN del SNTE la emisión de la convocatoria o por las formas democráticas que decida nuestra Asamblea Estatal para la celebración del Congreso Extraordinario que releve al actual CES”, sostuvo Vargas.
“Observamos con preocupación el peligro que conlleva que siga al frente por su comportamiento claudicante, omiso y charro este Comité Ejecutivo Seccional, que encabeza Eloy López Hernández”, abundó.
Incluso, Vargas sostuvo que las irregularidades cometidas por los principales líderes del sindicato podrían ser suficientes para promover su destitución e incluso expulsión de la Sección 22.
“Las bases no van a permitir que continúen estos personajes charros al frente de la gremial ya que tampoco han convocado a asambleas, pero si han nombrado delegados a modo para participar en la Asamblea Nacional”, reiteraron.
Posteriormente, a través de redes sociales, fue hecha circular una lista –achacada a la UTE– con nombres de personas que presuntamente fueron impuestas como candidatas y candidatos por Morena y el Partido del Trabajo (PT) durante el pasado ciclo electoral –culminado el seis de junio– tras una serie de negociaciones con los líderes sindicales.
A cambio, según las denuncias, la Sección 22 debió aceptar disposiciones nacionales como el pago de pensiones con Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestro (USICAMM).
En la relación figuraban Arcelia López Hernández, sobrina del dirigente de la Sección 22, Eloy López, diputada local plurinominal en la actual 64 legislatura, que contendió fracasadamente por la presidencia municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.
Asimismo, Omar Villavicencio Rosario, asistente de la diputada Arcelia López Hernández, y que fue inscrito en la sexta posición de las candidaturas plurinominales; Alfredo González, también registrado como candidato plurinominal a diputado federal por Morena, tras haberse desempeñado como asesor de Eloy López, y Leticia Sibaja Mendoza, hermana de los docentes Jorge Sibaja y Aciel Sibaja Mendoza –éste último Secretario de Finanzas durante la gestión de Rubén Núñez Ginez–, quien buscó la alcaldía de Jalapa del Marqués.
Asimismo, apareció la abogada Edith Santibáñez, que fue propuesta por el Partido del Trabajo como candidata a la diputación local por el distrito 25, un puesto que, finalmente, perdió.
Una corriente de Praxis, por su parte, también demandó a su dirigencia la emisión de la convocatoria para designar a sus nuevos líderes.
En su pronunciamiento, aquella corriente recriminó que su dirigencia haya pasado por alto la emisión de la convocatoria, con el argumento de que la entidad se encontraba en medio de una crisis sanitaria, pero, por otro lado, sus líderes sí hayan podido efectuar negociaciones de índole político.
Luego, denunció que sus representantes se habían olvidado de luchar por los intereses de las bases, provocando la inmovilización del gremio y su ruptura, en favor de los intereses del gobierno.
De acuerdo con Praxis, la postura de sus tres principales líderes ha sido entreguista y gobiernista, en una traición directa a los principios rectores de la Sección 22, con la única intención se satisfacer intereses personales.
Aseguró que López Hernández, Martínez Hernández y López Alonso habían restado intensidad, adrede, a las exigencias que la Sección 22 había mantenido durante el sexenio pasado, como son justicia para las personas muertes durante el fallido desalojo de 2006; justicia por los muertos y detenidos durante el enfrentamiento de Asunción Nochixtlán de 2016 y resolver la totalidad de las incidencias administrativas –falta de pago o reconocimiento laboral–, acumuladas desde el decreto de 2015 por medio del cual se pretendió desaparecer el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en el marco de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, a decir de otros integrantes del magisterio disidente, lo que realmente buscan las tribus escindidas, más que la reivindicación del movimiento, es obtener el control político y económico que hoy ostenta la dirigencia que encabeza López Hernández.
De hecho, sostuvieron las fuentes, la corriente opositora a los actuales líderes permanece integrada a un bloque político, también relacionado con el partido Morena.
“Estos líderes ni siquiera demandan garantías para un retorno seguro a clases en los planteles educativos ahora que la SEP ha deslizado reiteradamente esa posibilidad, a la que no rehuimos pero que requiere básicamente de la construcción de consensos con los padres de familia y la operación de acciones preventivas permanentes para no poner en riesgo la salud de nadie”, asentó.