Álvaro Morales
Al menos 50 ciudadanas y ciudadanos han sido asesinados durante los últimos tres años en alrededor de 30 ataques armados contabilizados en las ocho regiones de la entidad en contra de funcionarios municipales, ex funcionarios y representantes políticos.
Las víctimas han sido presidentes municipales, ex ediles, autoridades en funciones, candidatos a puestos de elección popular, representantes políticos, familiares de líderes políticos, funcionarios de comunicación social e incluso activistas que habían protagonizado pugnas directas con grupos de poder.
Un recuento hemerográfico hecho por Agenda CIO, indica que cuatro presidentes municipales han sido asesinados entre 2019 y 2021, lo que, a su vez, ha consolidado a Oaxaca como la entidad del país con el mayor número de alcaldes ultimados durante los últimos 14 años, con un total de 12.
A aquella lista fatídica, se suman 13 ex presidentes municipales que fueron ejecutados en diversos hechos documentados entre 2018 y lo que va de 2021, así como tres candidatos a puestos de elección popular y siete personas que los acompañaban, como parte de su comitiva, al momento de los hechos.
Además, durante el último trienio, también fueron asesinados siete servidores públicos en funciones de los ayuntamientos, entre síndicos, agentes y regidores; 10 activistas y líderes políticos, así como siete familiares de ediles o ex ediles.
Los últimos casos
Los últimos antecedentes que se tienen al respecto se remontan al sábado 20 de marzo de 2021, cuando la precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos Carreño, fue ultimada a tiros cuando circulaba, junto con su chofer, a bordo de una camioneta sobre la carretera federal 175.
Gallegos y su acompañante fueron sorprendidos por los sicarios cuando transitaban en las inmediaciones del acceso a Santo Tomás Jalieza, un municipio localizado en el distrito de Ocotlán, 30 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca.
El cadáver de la mujer quedó en el asiento del copiloto, mientras que el conductor quedó malherido detrás del volante y fue trasladado a un hospital para que recibiera atención médica.
En 2015, el esposo de la precandidata, identificado como José Luis Méndez Lara, también fue ejecutado a balazos en Ocotlán de Morelos y cinco años antes, en 2010, el empresario Manuel Benítez Manzanares, quien era compañero de fórmula de Ivonne Gallegos y había resultado electo como diputado local por el PAN, fue secuestrado semanas antes de que rindiera protesta como legislador.
Ante la ausencia de Manzanares, Gallegos Carreño fue designada como diputada local en la 61 legislatura –2010-2013–.
Un mes y medio antes del crimen perpetrado en contra de Ivonne Gallegos, el presidente municipal de Chahuites, en la región del Istmo de Tehuantepec, Leobardo Ramos Lázaro, fue asesinado a balazos el cuatro de febrero de 2021.
Ramos Lázaro, que cumplía su segundo periodo como munícipe, fue atacado cuando circulaba a bordo de una camioneta marca Toyota placas RX-74-158 de Oaxaca, en calles de la colonia San Antonio, perteneciente al barrio Juchi de Chahuites.
En 2020, Ramos Lázaro, quien era militante del partido Movimiento Ciudadano, fue acusado de haber estado involucrado en el asesinato del activista Modesto Valencia Baltazar habitante de Chahuites e integrante del Frente Democrático Pro Defensa del Pueblo.
El homicidio de Valencia Baltazar ocurrió en marzo de 2020 y meses antes, el defensor se había confrontado con Leobardo Ramos, tras acusarlo de incurrir en actos de corrupción.
Otro hecho aparentemente vinculado con pugnas políticas ocurrió el 23 de enero pasado, cuando el cadáver de Fidel Heras Cruz, activista y presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina, Jamiltepec, fue hallado en la comunidad de La Esperanza, en el municipio de Santiago Jamiltepec.
Heras Cruz era uno de los principales opositores a la construcción de la presa Paso de la Reina y al proyecto hidroeléctrico del Río Verde y había mantenido diversos desencuentros con autoridades de Santiago Jamiltepec y un grupo de caciques de la misma municipalidad, por la extracción de material pétreo del río Verde.
Ediles, blanco del crimen
El 2019 fue uno de los años más fatídicos para los presidentes municipales de Oaxaca, con un total de tres asesinatos en 12 meses.
A penas comenzaba el periodo, cuando el munícipe de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio Santiago, fue asesinado a tiros minutos después de haber tomado posesión del cargo.
Aparicio Santiago realizaba su primer recorrido como edil, cuando fue atacado a tiros por un par de sujetos que caminaban entre el contingente que acompañada al funcionario.
Tras la agresión, también resultó herido el síndico Perfecto Hernández, quien murió horas después cuando recibía atención médica.
Ocho meses después, el 16 de agosto, la alcaldesa priista de San José Estancia Grande, Carmela Parral Santos, y el delegado regional de la Coordinación de Protección Civil de Oaxaca, Hugo Castellanos Ortega, fueron asesinados y sus cuerpos hallados en un vehículo.
Las autoridades informaron en aquel momento que poco antes de la medianoche del viernes 16 de agosto, policías estatales de investigación llegaron a la carretera federal 200, en un punto del municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, donde la Policía Municipal resguardaba una camioneta en cuyo interior estaban los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre, que presentaban disparos de arma de fuego.
Precisó que a las víctimas se les encontraron documentos que los identificaban como la alcaldesa Parral y el delegado Castellanos.
Asimismo, en el lugar se encontraron siete cartuchos (dos de calibre .38 súper y cinco de calibre 7.62), así como un cargador para pistola.
Posteriormente, el 23 de diciembre de 2019, durante la realización de un convivo con motivo del fin de año, el presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, Arturo García Velázquez, y el síndico, Javier Terrero –ambos de Morena– fueron atacados y asesinados por un comando armado.
Los primeros reportes de la policía indican que hombres armados dispararon a quemarropa contra el alcalde y el síndico, quienes se encontraban juntos en una fiesta de fin de año en el DIF Municipal de esa población, localizada en la región de la Cuenca del Papaloapan.
Ex ediles, otras víctimas
Sin embargo, no sólo los alcaldes en funciones han sido blanco de la violencia política, pues existe otra lista conformada por al menos 13 exediles que han sido muertos durante los últimos tres años con tres meses.
La mañana del 15 de febrero de 2018, el expresidente municipal de Ejutla de Crespo, en los Valles Centrales de Oaxaca, Francisco Hernández, fue asesinado por sujetos desconocidos.
De acuerdo con la información divulgada horas después del ataque, el militante del PRI y presidente municipal entre 1996 a 1998, fue atacado por sicarios cuando permanecía en un puesto de jugos.
Veinte días después, el ex presidente municipal de la población de Santiago Texcalzingo, Teotitlán de Flores Magón, Saturnino Morales Pérez, fue asesinado de varios impactos de bala y, el 19 de junio, Lucio Rodríguez Pérez, ex edil de Santo Domingo Teojomulco fue asesinado a tiros durante la mañana, minutos después de haber abierto una negociación de su propiedad.
El 23 de agosto, también de 2018, el ex presidente municipal de Valerio Trujano (2014-2016), en la región de la Cañada, Gualberto Rosas Lastra (PRI), fue asesinado a tiros, y el 31 de octubre a la fatídica lista se sumó el ex presidente municipal de Tepelmeme Villa de Morelos, Sabino García Jiménez.
García Jiménez fue ultimado en la Ciudad de México, donde radicada.
En 2019, fueron ejecutados el expresidente municipal de San Pedro Ixcatlán, Fidel Fernández Figueroa, y el expresidente municipal de Santiago Llano Grande, Oaxaca, Juan Gabriel Rodríguez Salinas, así como el exalcalde de Acatlán de Pérez Figueroa, David Maciel Sosa –hermano del actual edil—y el expresidente municipal de Santo Tomás Tamazulapan, Pedro Mendoza Cortés.
Mientras tanto, en 2020, fue asesinado el exedil de San Juan Bautista Lo de Soto (Costa) y ex candidato en el pasado proceso electoral, Alfredo Vicente Ojeda Serrano, adentro de un negocio de su propiedad, en el municipio de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero.
Conmoción por crímenes
de candidatos
En 2018, la violencia política alcanzó a los candidatos y los equipos de trabajo que contendieron en el proceso electoral, considerado en el ámbito nacional como el más violento de la historia.
En el caso de Oaxaca, la madrugada del dos de junio, la candidata a segunda concejal de la coalición PRI-Verde Ecologista y Nueva Alianza a la presidencia municipal de Juchitán, Pamela Itzamaray Terán Pineda fue asesinada a balazos en Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo reportes policiales, Pamela Terán fue atacada por un grupo armado después de las tres de la madrugada cuando salía del “Bar Jardín” ubicado en el centro de la ciudad de Juchitán.
En el ataque también murió la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín y el chofer Adelfo Guerra Jiménez.
Veintitrés días después, el 25 de junio, el candidato a diputado local de Morena por el distrito de Ejutla en Oaxaca, Emigdio López Avendaño, fue asesinado junto con cinco personas más en el municipio de San Vicente Coatlán, en la región Valles Centrales de la entidad.
En el lugar dejó de existir el candidato, así como dos de los integrantes de su caravana, en tanto que otras tres personas más que resultaron heridas, fueron auxiliadas y conducidas al hospital del IMSS de Miahuatlán de Porfirio Díaz, quienes murieron posteriormente.
Semanas después de las elecciones, que se efectuaron el dos de julio, fue ultimado Roberto Juan Guzmán Rosales, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Santiago Tamazola, en la región Mixteca.
Los hechos ocurrieron cuando el hoy occiso caminaba por el barrio El Calvario ubicado a las afueras de la población, donde sujetos desconocidos le dispararon y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
A los ediles, ex ediles y candidatos, se añaden otros funcionarios de los ayuntamientos que han sido abatidos por sicarios cuando se mantenían en activo en sus respectivas funciones.
Después del asesinato de los sindicatos Perfecto Hernández, de Tlaxiaco, y Javier Terrero, de Acatlán de Pérez Figueroa, en diciembre de 2019 también fue ultimado Alejandro Enríquez José, agente municipal de la comunidad de Bella Vista, Loxicha.
Seis meses después, el 24 de junio de 2020, sujetos armados ejecutaron de varios disparos a Óscar López Jiménez, regidor de Ecología del municipio de Loma Bonita, en la región de la Cuenca del Papaloapan.
De acuerdo con testigos de los hechos, el funcionario municipal se encontraba en la revisión de una obra en construcción, en la calle Macedonio Alcalá, en esta municipalidad, cuando desconocidos le dispararon en varias ocasiones a corta distancia.
Además, en septiembre de 2020, tres autoridades de San Luis Amatlán fueron ejecutadas a tiros cuando se desplazaban en una carretera a bordo de un vehículo de motor.
Las víctimas fueron identificadas como Natalio Vásquez, agente municipal de Santa Isabel del Palmar; Jaime Sánchez, secretario municipal, y Margarito Sánchez, tesorero municipal.
El múltiple asesinato ocurrió en un camino de terracería, cuando individuos dispararon contra las autoridades auxiliares.