CNDH pide a la Corte obligar al Ejército y FGR a continuar búsqueda de eperristas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver favorablemente el caso de lacdesaparición forzada de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca.

El órgano federal recordó que el pasado cuatro de junio, la SCJN atrajo el caso con motivo de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que resolvió que fuera el máximo tribunal del país el que analizara la validez de un amparo otorgado por un Juzgado de Distrito el cual obliga a las autoridades federales a reanudar las pesquisas hasta dar con el paradero de ambas personas.

Sin embargo, la CNDH lamentó que a ocho meses de que la SCJN haya recibido el expediente ésta no ha fijado una fecha para analizar el asunto y determinar si es procedente obligar a las autoridades a ampliar las investigaciones “de manera completa y exhaustiva”.

Un juez federal amparó a las familias de ambos eperristas con el objetivo de que el gobierno no cerrara el expediente hasta dar con su paradero, a lo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) se inconformaron y respondieron con el recurso de revisión que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

En ese sentido, la CNDH criticó que tanto la Sedena como la FGR “lejos de apoyar en la investigación para esclarecer los hechos, con verdad y transparencia”, se hayan inconformado.

“La CNDH observa con preocupación que a más de un año de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado y a más de 13 años de la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la Suprema Corte de Justicia aún no ha definido fecha para celebrar la sesión en la que se analizará el caso”, agregó.

Asimismo, indicó que en la sentencia emitida por el Juzgado de Distrito se reconocieron violaciones graves a los derechos humanos de los luchadores sociales, “lo cual coincide con el contenido de la Recomendación 007/2009 emitida por esta Comisión Nacional, en la que se advirtió que diversos servidores públicos de la Federación intervinieron en su desaparición forzada y vulneraron sus derechos a la libertad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso”.

Por este caso, en agosto de 2020, fueron detenidos el ex director de la Policía Ministerial de Oaxaca, Daniel Camarena, así como dos comandantes regionales y seis efectivos de la hoy Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), acusados de haber participado en la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Tras su aprehensión, un juez federal de Jalisco dictó auto de formal prisión en contra de todos ellos; además, se confirmó que el ex procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás, permanece prófugo de la justicia, con una orden de aprehensión en su contra emanada del mismo caso.