Álvaro Morales

Tras cuatro años de desmovilización, en los que pasó de ser la organización más beligerante del país a una aliada de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado fin de semana el otorgamiento de 50 mil plazas de trabajo a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El titular del Poder Ejecutivo federal presumió durante su gira por Oaxaca tal acción como un gesto de su gobierno porque los maestros “se han portado muy solidarios con nosotros, con nuestro movimiento”.

De materializarse, se tratará de la mayor basificación de trabajadores en la historia del estado, lo que prácticamente aumentará 60 por ciento el número de plazas que actualmente ostenta el sindicato magisterial (80 mil reconocidas de manera oficial).

 

Al lanzar su discurso, el mandatario resaltó que durante su gestión, la Sección 22 no ha llevado a cabo protestas ni bloqueos carreteros como lo acostumbró durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, incluida la revuelta social de 2016 en Asunción Nochixtlán.

“¿Sí han notado el cambio?”, cuestionó López Obrador: “Nos entendemos muy bien porque cancelamos la mal llamada reforma educativa y se les da el trato que merecen”, dijo.

Lo anterior sin embargo, únicamente evidenció las acusaciones que han lanzado diversos actores del gremio sobre el actuar de sus dirigentes.

Desde 2018, año en el que llegó al poder López Obrador, al interior del gremio, corrientes y grupos como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Coordinadora Democrática Magisterial de Oaxaca (Codemo), una fracción de Praxis y La Chispa Clasista acusaron a sus representantes de haber recibido múltiples dádivas del gobierno estatal del PRI, que encabeza Alejandro Murat, así como del partido Morena y el gobierno federal, entre ellas candidaturas a puestos de elección popular, a cambio de desactivar sus movilizaciones tanto en la capital de Oaxaca como en la Ciudad de México.

Entreguismo

La UTE y una fracción de Praxis han sido dos de las corrientes cuyos integrantes han cuestionado de manera más intensa el actuar de sus dirigentes.

 

 

El 10 de mayo de 2021, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) adheridos al Frente Popular Revolucionario (FPR), exigieron a la dirigencia la emisión de la convocatoria para la elección del nuevo Comité Directivo Sindical, tras acusar que sus líderes habían entregado el movimiento sindical a los gobiernos en turno.

Rogelio Vargas Garfias, fundador de la UTE, y Macario Ótalo Padilla, dirigente del FPR, afirmaron que el secretario general  de la Sección 22, Eloy López Hernández, el secretario de Organización, Genaro Martínez Hernández y el secretario de Finanzas, Juan Carlos López Alonso han mantenido una “actitud entreguista con el gobierno y eso en nada ha beneficiado a la base magisterial”.

Tanto Vargas Garfias como Ótalo Padilla afirmaron que los líderes de la 22 negociaron candidaturas con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), principalmente en municipios como Tlaxiaco, San Juan Bautista Tuxtepec, Santa Lucía del Camino y Ciudad Ixtepec en los últimos proceso electorales.

 

“Observamos con preocupación el peligro que conlleva que siga al frente por su comportamiento claudicante, omiso y charro este Comité Ejecutivo Seccional, que encabeza Eloy López Hernández”, sentenciaron.

Incluso, Vargas sostuvo que las irregularidades cometidas por los principales líderes del sindicato podrían ser suficientes para promover su destitución e incluso expulsión de la Sección 22.

“Las bases no van a permitir que continúen estos personajes charros al frente de la gremial ya que tampoco han convocado a asambleas, pero si han nombrado delegados a modo para participar en la Asamblea Nacional”, reiteraron.

 

Posteriormente, igual en mayo de 2021, a través de redes sociales, fue hecha circular una lista –achacada a la UTE– con nombres de personas que presuntamente fueron impuestas como candidatas y candidatos por Morena y el Partido del Trabajo (PT) durante el pasado ciclo electoral –culminado el seis de junio de 2020– tras una serie de negociaciones con los líderes sindicales.

A cambio, según las denuncias, la Sección 22 debió aceptar disposiciones nacionales como el pago de pensiones con Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestro (USICAMM).

En la relación figuraban Arcelia López Hernández, sobrina del dirigente de la Sección 22, Eloy López, diputada local plurinominal en la actual 64 legislatura, que contendió fracasadamente por la presidencia municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.

 

Asimismo, Omar Villavicencio Rosario, asistente de la diputada Arcelia López Hernández, y que fue inscrito en la sexta posición de las candidaturas plurinominales; Alfredo González, también registrado como candidato plurinominal a diputado federal por Morena, tras haberse desempeñado como asesor de Eloy López, y Leticia Sibaja Mendoza, hermana de los docentes Jorge Sibaja y Aciel Sibaja Mendoza –éste último Secretario de Finanzas durante la gestión de Rubén Núñez Ginez–, quien buscó la alcaldía de Jalapa del Marqués.

Asimismo, apareció la abogada Edith Santibáñez, que fue propuesta por el Partido del Trabajo como candidata a la diputación local por el distrito 25, un puesto que, finalmente, perdió.

Una corriente de Praxis, por su parte, también demandó a su dirigencia la emisión de la convocatoria para designar a sus nuevos líderes.

En su pronunciamiento, aquella corriente recriminó que su dirigencia haya pasado por alto la emisión de la convocatoria, con el argumento de que la entidad se encontraba en medio de una crisis sanitaria, pero, por otro lado, sus líderes sí hayan podido efectuar negociaciones de índole político.

 

De acuerdo con Praxis, la postura de sus tres principales líderes ha sido entreguista y gobiernista, en una traición directa a los principios rectores de la Sección 22, con la única intención se satisfacer intereses personales.

Aseguró que López Hernández, Martínez Hernández y López Alonso habían restado intensidad, adrede, a las exigencias que la Sección 22 había mantenido durante el sexenio pasado, como son justicia para las personas muertes durante el fallido desalojo de 2006; justicia por los muertos y detenidos durante el enfrentamiento de Asunción Nochixtlán de 2016 y resolver la totalidad de las incidencias administrativas –falta de pago o reconocimiento laboral–, acumuladas desde el decreto de 2015 por medio del cual se pretendió desaparecer el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en el marco de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

Finalmente, el Comité Ejecutivo Seccional de la 22 dio luz verde para llevar a cabo su proceso de renovación de dirigencia; sin embargo, éste será hasta el próximo mes de noviembre, un mes antes de que comience el nuevo gobierno estatal, que encabezará a partir del primero de diciembre Salomón Jara Cruz.

“Por gestiones del gobernador (Alejandro Murat) y el compromiso con el magisterio nacional, y aquí en especial con los maestros de Oaxaca, ya nos comprometimos que se van a basificar 50 mil maestros y maestras de Oaxaca. Esto lo tenemos que dar a conocer, que lo sepan maestros de Oaxaca que se han portado muy solidarios con nosotros, nuestro movimiento”, dijo Obrador el pasado fin de semana.