Madres en prisión no solo sufren tratos denigrantes, también explotación laboral

Álvaro Morales

Las mujeres que permanecen al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San Francisco Tanivet, Tlacolula, en los Valles Centrales de Oaxaca, son víctimas de tratos denigrantes y de exploración laboral, mientras que las autoridades penitenciarias han impedido que los niños que nacen en el interior de la cárcel o, bien, viven al lado de sus madres, sean dados de alta en el Registro Civil, acusó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Además, al emitir una serie de medidas cautelares en favor de las reclusas, el organismo comprobó, en diciembre pasado, que las autoridades penitenciarias acostumbran a castigar a aquellas mujeres que se atreven a denunciar los actos ilegales que son cometidos por funcionarios públicos.

La CNDH sostuvo que en octubre pasado, personal de la Tercera Visitaduría General visito el penal de San Francisco Tanivet a fin de aplicar visitas de supervisión del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, donde advirtió que las mujeres que permanecen privadas de la libertad en ese lugar eran obligadas a efectuar trabajo no remunerado, incluidas reclusas que conviven con sus hijos adentro de la cárcel y mujeres cuya edad y condición de salud no es óptima para realizarlo.

Semanas después, luego de que la CNDH acordó ejercer la facultad de atracción del caso, personal del organismo reingresó al Cefereso y el 14 de diciembre de 2021, no solo corroboró que los tratos denigrantes se continuaban llevando a cabo sino que recopiló múltiples testimonios en el sentido de que, en octubre de 2021, con motivo de las primeras entrevistas que proporcionaron a servidores públicos de la institución garante, personal penitenciario llevó a cabo diversas represalias.

Al margen de lo anterior, también se corroboró que el trabajo no remunerado continuaba llevándose a cabo, sin omitir mencionar que algunas madres, quienes viven con sus menores, señalaron que no se encontraban inscritos en el Registro Civil de la entidad federativa.

“El director del centro confirmó esta situación, por lo que proporcionó un listado de seis menores no registrados, aduciendo que se había elaborado un oficio de petición al Registro Civil para tales efectos, documento que enviaría posteriormente. El 16 de ese mes y año (enero de 2022) se le requirió nuevamente dicho oficio, sin que a la fecha de la emisión de las presentes medidas cautelares se haya obtenido respuesta”, criticó la Comisión.

Ante la evidencia y los testimonios recabados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó que se suspendiera de inmediato la práctica de trabajo no remunerado “y se efectúen a la brevedad actividades de trabajo y de capacitación para el mismo, con estricto apego al cumplimiento de los ejes de reinserción social y el derecho al trabajo digno; se lleven a cabo inmediatamente las acciones necesarias, incluidas las de coordinación y gestión con el Registro Civil que corresponda, para el registro de nacimiento de los y las menores de edad que no cuenten con este y que viven con sus madres al interior de ese Centro Femenil”.

También demandó que se respetara el derecho de las reclusas a la libre manifestación; se garantizara en todo momento la integridad psicofísica de la población penitenciaria y de los y las menores que ahí viven, y cesaran de inmediato los actos de malos tratos cometidos en su contra.

Asimismo, que, en caso de que alguna de ellas requiriera atención médica, se proporcionara de manera inmediata e integral; que todas las acciones que se adopten estén apegadas a los más altos estándares en materia de Derechos Humanos, y en estricto respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad y del personal que ahí labora.

Este lunes siete de marzo, Agenda CIO dio a conocer que los centros penitenciarios de Oaxaca no sólo carecen de las medidas estructurales mínimas para albergar a mujeres madres con sus hijos sino que ponen en riesgo la integridad de los menores, de acuerdo con la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 y el Informe Especial Sobre las Condiciones de Hijos e Hijas de Mujeres Reclusas 2016, el órgano autónomo federal reportó que de los 362 menores de edad que hasta 2019 habitaban con sus madres en cárceles de todo el país, nueve correspondían a niños de entre cero y seis años detectados en la entidad oaxaqueña, ocho en el Centro de Reinserción Social Femenil de San Francisco Tanivet, Tlacolula, y uno más en el reclusorio de Santo Domingo Tehuantepec, en la región del Istmo.

El documento, sin embargo, resaltó que aquellos infantes y sus madres carecían de entornos dignos que garantizaran su acceso a los estándares mínimos de seguridad y desarollo y, como ejemplo, resaltó que los menores y sus progenitoras que se encuentran en el penal de Tanivet, en los Valles Centrales, deben prácticamente coexistir sin separación con reclusos que padecen de sus facultades mentales.