Álvaro Morales

Entre acusaciones de corrupción, con operadores políticos vinculados o investigados por su presunta participación en delitos de alto impacto, como delincuencia organizada, desaparición y asesinatos de personas, el experredista, exfuncionario del gobierno del estado y actual senador con licencia, Salomón Jara Cruz se perfila como el próximo candidato de Morena al gobierno de Oaxaca, un instituto político que llegará a los comicios de junio próximo con más del 50 por ciento de la intención del voto a su favor.

El pasado 23 de diciembre, Jara Cruz fue anunciado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena (CEN) como Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Oaxaca, una nominación que prácticamente lo convirtió en virtual candidato a la gubernatura del estado, por encima de la también senadora Susana Harp Iturribarría, quien mantiene una pleito legal contra su dirigencia nacional a raíz de esa determinación.

De acuerdo con un estudio divulgado por la Comisión Nacional de Encuestas de Morena el mismo día que difundió que Salomón Jara sería su abanderado, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador tiene en esta entidad un 50.77 por ciento de preferencia electoral, por lo que prácticamente todos los analistas políticos aseveran que el ganador de las elecciones internas en Morena –Jara o Harp– habrá de asumir la gubernatura de la entidad el próximo primero de diciembre.
Sin embargo, el virtual candidato de Morena arrastra una serie de vínculos con personajes que fungen o han fungido como sus operadores y que han sido acusados de incurrir en actos de corrupción, desaparición forzada de personas, asesinatos e incluso nexos con la delincuencia organizada.

Edil detenido y, luego, ejecutado

Primero, Arturo García Velásquez un personaje afín a Salomón Jara y que ganó la presidencia municipal de Jalapa de Díaz, en la región de la Cuenca del Papaloapan, durante los comicios de 2018, fue detenido en octubre de 2019 por la Fiscalía de Oaxaca durante una serie de cateos realizados en Jalapa de Díaz para detener a personas vinculadas con el delito de desaparición forzada.
Una de las movilizaciones fue realizada la madrugada del 24 de octubre en el interior de la vivienda del entonces edil, donde las autoridades estatales afirmaron haber decomisado seis armas de uso exclusivo del Ejército y más de mil cartuchos útiles.

En la misma operación, efectuada en otros cinco inmuebles, también fueron detenidos el primer comandante y el segundo comandante de la Policía Municipal de Jalapa de Díaz en posesión de una pistola calibre .9 milímetros y un rifle AR-15 calibre .223, así como siete personas más.

Tras aquellos hechos, el entonces senador en activo Salomón Jara realizó diversos tipos de pronunciamientos tanto en la capital de Oaxaca como en la Ciudad de México para desvincular a García Velázquez de cualquier hecho delictivo y acusar a la Fiscalía local de fabricar delitos en una persecución política que tenía el objetivo de agraviar a la Cuarta Transformación.

De hecho, Morena, a través de un bloque de diputados afines a Salomón Jara en el Congreso local en la pasada 64 legislatura, amagó con comenzar un juicio político en contra de Rubén Vasconcelos, entonces titular de la Fiscalía oaxaqueña, quien había avalado la movilización que se tradujo en la detención del munícipe morenista.
Días después de su detención y tras la presión del grupo de Salomón Jara, el edil fue dejado en libertad sin ningún cargo en su contra por las autoridades estatales.

Sin embargo, dos meses después, el 23 de diciembre de 2019, Arturo García Velásquez fue asesinado por un comando armado junto con el síndico municipal de Jalapa de Díaz, Javier Terrero, en un evento público del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF Municipal).

Los primeros reportes indicaron que sujetos armados llegaron hasta las oficinas del DIF municipal donde se encontraban trabajadores del ayuntamiento en un convivio de fin de año y dispararon a quemarropa en contra del alcalde y el síndico.

Tras el hecho, elementos la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal montaron un operativo para intentar dar con los responsables de los hechos; sin embargo, no lograron realizar ninguna detención.

Desde entonces, ni el senador ni las autoridades locales se han pronunciado al respecto.

UIF congela cuentas

Seis meses del asesinato del edil de Jalapa de Díaz, otro ex munícipe de Morena e identificado con Salomón Jara se vio envuelto en una polémica nacional.

Se trata de Antonino Morales Toledo, ex primer concejal del municipio istmeño de San Blas Atempa, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces encabezada por Santiago Nieto, acusó de mantener vínculos con el crimen organizado.

El 17 de junio de 2020, la UIF reportó que las cuentas del ayuntamiento y las del munícipe habían sido congeladas al formar parte de una investigación denominada Agave Azul, que mantenían activas las autoridades mexicanas y de Estados Unidos en contra de individuos y organizaciones que presuntamente colaboraban con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además del nombre de Morales, la UIF ventiló el nombre de dos ediles más que, al igual que el de San Blas Atempa, permanecían supuestamente coludidos con la banda criminal: Mónica Marín Buenrrostro, alcaldesa de la alianza PAN-PRD-MC de la población El Grullo, en Jalisco, y Eduardo Cervantes Aguilar, edil priista de Ixtlahuacán de los Membrillos, también en Jalisco, donde justamente fue asesinado Giovanni López, en un abuso policiaco que trascendió en el ámbito internacional.

“Los tres alcaldes señalados han sido mencionados en el operativo ‘Agave Azul’, que concluyó hace unos días con el congelamiento de casi 2 mil cuentas bancarias de personas y entidades ligadas al cartel liderado por el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’”, publicó Univisión, al respecto.

“Hoy sostuve una reunión de trabajo con Gerardo Solís, Fiscal General del estado de Jalisco, en seguimiento del operativo #agaveazul. La inteligencia financiera, así como la procuración e impartición de justicia no tienen partido”, twiteó Nieto el 15 de junio de 2020, al referirse al tema.

Tal y como había ocurrido seis meses antes, Salomón Jara, al ser vinculado con Antonino Morales, uno de sus principales operadores en la región del Istmo y líder del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), acusó que se trataba de una campaña sucia en su contra, a efecto de manchar su nombre y su trayectoria política.

El día 16 de junio, Morales Toledo y Salomón Jara, junto con varios ediles morenistas de la región del Istmo, ofrecieron un conferencia de prensa para anunciar que el munícipe blaseño había solicitado a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) que lo citara para declarar en torno a las acusaciones que horas antes había hecho la UIF en su contra.

Ese mismo día, el periódico El Universal reportó que la UIF había accedido a liberar las cuentas de los tres ayuntamientos de los ediles involucrados en la investigación Agave Azul, a efecto de que las autoridades pudieran cumplir con sus obligaciones, como el pago de nómina.

No obstante, el mismo medio reveló que las cuentas personales de los ediles continuarían bloqueadas, como parte de las indagatorias.

Caso Uruchurtu, alcaldesa acusada de desaparición y asesinato

Pero no es todo, un año después de aquella polémica, una nueva funcionaria municipal vinculada con el grupo de Salomón Jara fue vinculada con un delito de alto impacto.

El siete de mayo de 2021, la Fiscalía General de Justicia ejecutó una orden de aprehensión en contra de la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, por su probable responsabilidad en la desaparición de la activista méxico-inglesa Claudia Uruchurtu Cruz.

Junto con la autoridad, también fueron detenidos funcionarios cercanos a Uruchurtu y personal de la Policía Municipal de la misma localidad.

Las indagatorias sostienen que la edil morenista tiene responsabilidad en la desaparición de Claudia Uruchurtu, y dentro de las indagatorias se señaló como autores de la desaparición a los Policías Municipales, quienes presuntamente subieron a la fuerza a la ahora detenida a una camioneta, luego de protestar en contra de la autoridad municipal.

Claudia Uruchurtu desapareció el pasado 26 de marzo, después de participar en una protesta pública en contra de la presidenta; antes había presentado una denuncia ante órganos de fiscalización por el supuesto manejo indebido de los recursos públicos de Nochixtlán.

El caso tomó relevancia cuando el Parlamento británico emitió un exhorto al Gobierno de México para que se haga una exhaustiva investigación y búsqueda para lograr la localización de la activista binacional Claudia Uruchurtu, quien desapareció en el municipio oaxaqueño.

La asesinaron, revela el Presidente

El de mayo de 2021, cuatro días después de la detención de Victoria Huerta, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que un testigo protegido había aceptado que Uruchurtu había sido asesinada por presuntas órdenes de la alcaldesa.

“Fue muy doloroso lo que acaba de pasar en Nochixtlán, en Oaxaca, donde desaparece una luchadora social, se abre la investigación y un participante, como testigo protegido, da a conocer que la habían asesinado y que la orden había salido presuntamente, supuestamente, de la presidenta municipal del partido Morena… Y la instrucción es sea quien sea. No llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad”.

Salomón Jara no sólo ha sido acusado por sus vínculos con personajes polémicos, sino por presuntas irregularidades cometidas por él durante su desempeño en la función pública.

Durante su gestión como secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, el político nacido en San Melchor Betaza fue acusado de malversar 50 millones de pesos.

En su momento, la ex contralora del estado, Perla Woolrich, acusó que en su momento, recibió órdenes de altos funcionarios de la administración gabinista para no castigar las irregularidades cometidas por Jara, debido a su cercanía con el ex gobernador.