Se cumplen 42 años de que el Estado Mexicano desapareció a Leticia Galarza,  la siguen buscando

Rodrigo Islas Brito

Este 5 de enero se cumplen 42 años de que fue detenida, torturada y desaparecida por el gobierno mexicano, Leticia Galarza Campos. Según lo señalado por su hermana Judith Galarza los responsables fueron las fuerzas represivas de la Dirección Federal de Seguridad Nacional, alias “Brigada Blanca”. El gobierno fue el de José López Portillo, quien negó siempre su detención.

“En aquellos años desconocíamos la dirección del lugar donde fue detenida. El 2019, gracias a las jóvenes que están elaborando el documental de mi hermanita, se ha conseguido mucha información, antes negada. He vivido sentimientos encontrados, recorrido calles y lugares donde fue vista por última vez”, expone Judith Galarza en su perfil de red social sobre su hermana detenida en la colonia Gertrudis Sanchez, Norte 91, Oriente 101, en 1978.

Fue en agosto de 1977 cuando más de 10 hombres fuertemente armados con acento chilango llegaron al domicilio de la familia Galarza Campos, ubicado en la calle Mimas 1523 de la colonia Satélite en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ahí detuvieron a Francisco Javier Galarza de 18 años y Josefina Campos de Galarza, madre de Leticia, a los cual les vendaron los ojos y trasladaron con rumbo desconocido. Siempre preguntando por el paradero de Leticia, la cual aún no había sido detenida. Testimonios de la familia aseguran que en el grupo, había dos hombres de aspecto estadounidense, quienes dirigieron el operativo mediante señas. Durante el encierro de 2 días de los detenidos, madre e hijo, a la que sumó una tercera detenida, Patricia Galarza, también hermana de la hoy desaparecida, fueron torturados psicológicamente. La familia marca que aquellos que se identificaron como policías se llevaron de la casa todo tipo de documentos oficiales y fotografías.

Leticia Galarza Campos era parte del Movimiento Insurgente Armado “Liga Comunista 23 de septiembre”, y tuvo una hija con el líder de la brigada roja asesinado el 17 de agosto de 1976, David Jiménez Sarmiento, y cuyo padre también fue desaparecido. De la niña de nombre Alejandra Maritza, se desconoció su paradero hasta los 4 años de edad.

En su testimonio, Judith Galarza cuenta que su hermana Leticia, la segunda de trece hijos, conocieron después de su desaparición forzada por el estado mexicano, testimonios de personas que vivieron con ella en casas de renta, como Martha Rivero y Mario Álvaro Cartagena, familia por cierto fue la que cobijó a su sobrina desde los cuatro meses de nacida, debido a la persecución de la que eran objeto.

Fueron cuatro años que la familia Galarza buscó Alejandra, quien fue encargada por Leticia a la señora Graciela López de Cartagena, como medida de seguridad para que no la secuestraran. De Leticia Galarza Campos todas las instituciones gubernamentales posibles negaron siempre su detención.

En el 2005 que, al revisar el Archivo General de la Nación, se lograron ubicar documentos sin firma, sin responsables, únicamente con el sello de Gobernación, informando que Leticia fue detenida y acusada de decenas de delitos sin derecho a una defensa. Existen informes que fueron registrados el 18 de febrero de 1978, un mes con catorce días después de su detención, que dan cuenta que a Galarza aún estaba siendo interrogada.

Judith Galarza recuerda que gracias a la investigadora Adela Cedillo lograron contar con una fotografía donde se evidencia el estado físico de su hermana que indudablemente da cuenta de que Leticia fue sometida a torturas.

“Recordemos que las fuerzas represivas de la Dirección Federal de Seguridad Nacional, alias la Brigada Blanca, expertos agentes entrenados en la Escuela de las Américas en toda clase de prácticas represivas para aniquilar a los combatientes por la liberación nacional de nuestro pueblo, cometieron cientos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada, catalogada como crimen de estado y delito de lesa humanidad”, apunta Judith Galarza.

Vale recordar que del primero de enero de 1969 al 13 de septiembre de 1999, se le conoce como el periodo correspondiente a la llamada Guerra Sucia. Actos policiacos de persecución y desaparición del Estado Mexicano contra grupos de ciudadanos inconformes con la impunidad de un sistema político que mostró sus tentáculos más feroces con la matanza a manos del Ejército Mexicano de un aun incalculable número de personas el dos de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en el conjunto habitacional Tlatelolco.

En esta Guerra se registró la desaparición forzada de 480 personas en 17 entidades de la República; en 62% de los casos (296), elementos del Ejército mexicano estuvieron involucrados según revela un informe de la Procuraduría General de República (PGR) del 2015, donde se describe que 61% de las desapariciones (293) ocurrieron en el estado de Guerrero, 9% en el Distrito Federal (44), 8% en Jalisco (38) y 5.4% (26) en Sinaloa.

Sobre esto Judith Galarza declara que si bien es cierto que hoy sobre el tema se mantiene diálogo con el nuevo gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las demandas siguen siendo las mismas. “Ni más ni menos: paradero real de nuestros familiares detenidos desaparecidos, verdad, justicia y sobre todo la reparación integral moral, política, social”, abunda Galarza.

Asegurando que sobre el tema no puede haber compensación económica si no existe el reconocimiento político y jurídico del daño que el Estado Mexicano ha causado no solo a las víctimas directas sino a la sociedad en su conjunto, por los daños irreparables que cometieron los torturadores de la Brigada Blanca a cargo de Miguel Nazar Haro, fallecido en el 2012 y antiguo titular de la antigua Dirección Federal de Seguridad, uno de los más odiados y sanguinarios policías en la historia de México, ya que se le atribuyen capturas, secuestros, homicidios y desapariciones de integrantes de organizaciones no simpatizantes de los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo.

“Son 42 años que hemos exigido ante ocho gobiernos la presentación con vida de nuestros familiares, verdad, justicia y reparación integral, como medida de no repetición. Hoy manifestamos nuestro compromiso de continuar nuestras demandas, que son las mismas que enarbolamos desde que nos arrancaron a nuestros familiares”, declara Judith Galarza.

“Esperamos que no se cometa el error de negar la verdad y la justicia: la impunidad acarrea la repetición y se agravan los delitos, o cambian de forma, como ha sido la guerra contra el narcotráfico que dejó miles de desaparecidos, ejecutados, torturados y en sí, miles de violaciones a los derechos humanos, muchos de ellos son claramente por razones políticas”, agrega la hermana de Leticia Galarza Campos.

La hija de Leticia Galarza fue registrada como Alejandra Maritza Cartagena López por la familia compañera de lucha con la Leticia encargó a su hija de seis meses de edad el 5 de enero del 1978. Hoy es abogada por la Universidad Enrique Díaz de León y Maestra en Derechos Humanos y Paz por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Es activista feminista, y su labor es ayudar a otras mujeres así como contribuir a la resolución de casos de mujeres desaparecidas y de feminicidios desde su incorporación al Comité de América Latina y el Caribe por la defensa de los derechos de las mujeres (CLADEM) desde el 2010