Se unen activistas internacionales en Oaxaca en contra de la minería

Activistas nacionales e internacionales se reunieron en el marco del Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y Empresas Mineras realizado en Oaxaca.

Los pueblos y comunidades indígenas locales denunciaron ante ellos 22 casos de violaciones a derechos humanos, todos teniendo como responsables a las empresas que operan proyectos mineros en la entidad, el caso más grave se atribuye a la compañía canadiense Fortuna Silvers Mines.

Asesinatos de activistas en defensa del territorio, contaminación de bienes comunales y fractura de las instancias de organización comunitaria, son algunos de los hechos que han resultado de la actividad minera en Oaxaca.

Los activistas que fungieron como jueces, Blanca Chancosa, lideresa indígena del pueblo Otovalo de Ecuador; Jackeline Romero, premio nacional de Derechos Humanos de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado experto en Derechos Indígenas de Brasil; Miguel Álvarez, premio nacional de Derechos Humanos en México; Abel Barrera, directo del Centro de Derechos Humanos de la Montana de Tlachinollan, de México; Beatriz Gutierrez, lideresa comunitaria de San Mateo del mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos a.c, Francisco Lopez Barcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas.

Las denuncias fueron presentadas a un jurado integrado por expertas y expertos internacionales, dando cuenta de la forma en que los proyectos mineros debilitan las instancias de organización como las asambleas comunitarias, atacan e incluso desaparecen o asesinan a personas defensoras, contaminan el agua  y destruyen las zonas de siembra.

Actualmente se encuentran activos en Oaxaca 41 proyectos mineros que pertenecen a empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México.

Los expertos concluyeron en que los proyecto mineros han violado derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas como el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, derechos al desarrollo propio, derecho a la identidad cultural y derecho a la información técnica y culturalmente adecuada.

Asi pues, los activistas expertos internacionales exhortaron a las autoridades, mediante un predíctamen, a cancelar las concesiones y asignaciones mineras vigentes por haberte otorgado sin consulta a los pueblos y comunidades indígenas; a la suspensión inmediata de la entrega de titulos y concesiones mientras no se elabore un nuevo marco jurídico; a derogar la actual Ley Minera y a declarar el Estado de Oaxaca como un territorio libre de mineria, entre otras peticiones.