Tras salida de Vasconcelos, van, ahora, por renuncia de Secretario de Seguridad

Mientras la presión política se tradujo en la renuncia de Rubén Vasconcelos Méndez como Fiscal del Estado, hace dos semanas, las pugnas al interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se han agudizado prácticamente a la par, en busca de la destitución de Ernesto Salcedo Rosales, como titular de la dependencia.

Más de mil elementos adscritos a la Policía Estatal mantienen desde el viernes pasado tomadas las instalaciones del Cuartel de San Bartolo Coyotepec, en la región de Valles Centrales, y de las delegaciones regionales de la Cuenca del Papaloapan y Pinotepa Nacional en demanda de respuestas a un pliego petitorio, que gira en el otorgamiento de mejoras laborales y el cese de sus mandos superiores, encabezados por Salcedo, al que acusan de incurrir en actos de abuso de autoridad y solapar casos de corrupción.

Ernesto Salcedo fue nombrado en el cargo en junio de 2019, en sustitución de Raymundo Tuñón Jáuregui, que en su momento se desempeñó como jefe de escoltas del actual Gobernador de la entidad.

La actual, es la mayor protesta de policías oaxaqueños desde la registrada en febrero de 2015, durante el gobierno pasado de Gabino Cué Monteagudo, cuando un grupo de elementos se manifestó debido a la falta de pagos y a la precariedad de sus condiciones de trabajo, lo que se tradujo en que un grupo de 300 efectivos se atrincherara en el interior del cuartel y tuvieran que ser desalojados por la Policía Federal, tras un enfrentamiento en el que salieron a relucir disparos de arma de fuego e intercambio de rehenes.

Al cierre de edición, las protestas no habían escalado a hechos de violencia; sin embargo, las medidas de presión se han caracterizado por marchas y protestas efectuadas por los agentes, incluida una caravana a San Pablo Guelatao, el pasado 21 de marzo, para solicitar la intermediación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los inconformes, además de la renuncia de Ernesto Salcedo, exigen la destitución del subsecretario de Información y Desarrollo Institucional, Guillermo del Pozo García, que es acusado de sobajar a los elementos, y del comisionado de la Policía Estatal, Francisco Santiago José.

El viernes pasado, cuando comenzaron las movilizaciones, los agentes inconformes llegaron a encarar a Santiago José e incluso, lo corrieron del cuartel, entre gritos y acusaciones de incurrir en actos ilegales.

Según la versión otorgada por los propios elementos, la protesta se inició alrededor de 05:30 horas del 19 de marzo, instantes después del pase de lista, cuando los efectivos decidieron tomar las instalaciones y bloquear los accesos, 12 horas después de la masacre de 13 policías del Estado de México, a manos de un grupo criminal.

Los policías oaxaqueños justificaron que las condiciones de trabajo que imperan al interior de la corporación, los hacían vulnerables a sufrir una emboscada como la del Estado de México, y, en dado caso, dejar en la indefensión a sus familiares, debido a que ni siquiera cuentan con cobertura de seguros de vida.

De hecho, recordaron que los deudos de cinco policías que fueron emboscados y asesinados en San Vicente Coatlán, en noviembre de 2019, no han recibido ningún tipo de apoyo económico por parte de las autoridades.

Ante ello, los efectivos demandaron mejoras salariales, la dotación de uniformes y de equipo de trabajo, así como el cese de los tratos indignos de los que son parte, pues, como ejemplo, acusaron que reciben 35 pesos al día para adquirir los tres alimentos del día.

Horas después del comienzo de la protesta, en redes sociales trascendieron imágenes de un chat en Watts App donde un funcionario de rango medio de la Secretaría de Seguridad Pública, se negó a atender las peticiones de los agentes inconformes y, luego, les advirtió que serían despedidos en caso de que no desactivaran la movilización.

Ello provocó que los policías incrementaran la intensidad de su movilización, por lo que, finalmente, el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo, salió al paso y aseguró que la dependencia mantendría un diálogo permanente con ellos.

El funcionario argumentó que las demandas de los trabajadores eran de corte administrativo, como el pago del bono alimenticio que se realiza cada mes e implica un proceso de dispersión, situación que sería resuelta por la Oficialía Mayor de la SSP.

Sin embargo, pese a aquella aseveración, la protesta no terminó sino, al contrario, continuó creciendo.

Además de los bajos salarios, retrasos en el pago del bono alimenticio y de viáticos, los inconformes se quejaron de malos tratos del subsecretario Guillermo del Pozo García.

En un video divulgado por los elementos una mujer policía acusa Del Pozo de afirmar que los policías que murieron en Coatlán, en noviembre de 2019, perecieron “por pendejos… porque se metieron a una zona donde no debían”.

La misma mujer, al parecer esposa de una de las víctimas mortales, refirió que el Subsecretario sostuvo ante ella que su familiar “murió por pendejo porque no espero el apoyo”.

Otro caso fue el de otra agente, quien afirmó que “a ella la mandaron a la zona de los triques y cuando tuvo acercamiento le dijo que por pendeja, porque si no hubiese querido, no hubiera ido. Esas fueron las palabras de Guillermo del Pozo García”.

“No somos pendejos señores, hace mucho tiempo que se terminó el policía del morral y del machete, sabemos leer y escribir y por eso estamos aquí hoy para luchar por lo que nos corresponde”.

La movilización de los policías, obligó al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, a acudir de manera personal al cuartel de San Bartolo Coyotepec e implementar una mesa de negociación con los elementos.

No obstante, a pesar de que el diálogo comenzó durante la tarde-noche del lunes, hasta el martes los policías aún se negaban a regresar a sus actividades cotidianas.

Diversas fuentes aseguraron que los uniformados se negarían a acceder a los llamados de las autoridades, si antes no se concretaba el cese del secretario de Seguridad, Ernesto Salcedo, lo que se traduciría en el segundo movimiento en puestos claves de la seguridad interna de la entidad, en menos de tres semanas.