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“La violencia en Culiacán es un huracán que no se va”: población vive entre balaceras, cierre de negocios y la ‘infodemia’

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Animal Político

“¿Su comercio tiene protocolos de seguridad para, en caso de balacera, podernos resguardar?”.

La maestra Laura Guzmán, presidenta de la industria de restaurantes en Sinaloa, cuenta que, como parte de las estrategias de reactivación del comercio en Culiacán, ciudad que acaba de cumplir un mes desde que comenzaron los enfrentamientos armados entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, hicieron encuestas entre la ciudadanía.

El objetivo de las encuestas, explica Guzmán, era saber qué medidas tomar para facilitar la vuelta de clientes a unas tiendas que suman semanas vacías por una violencia que ella misma describe como “un huracán que lleva un mes dando vueltas y no se va”.

Antes de hacer las encuestas, Guzmán dice que entre múltiples empresarios organizaron chats de WhatsApp y grupos de personas que salían desde las cinco de la mañana para comprobar si había condiciones de seguridad en la ciudad para que el transporte público urbano trabajara con ciertas garantías, y para que pudieran abrir los puntos más importantes de comercio, como los mercados públicos, y las tiendas del centro de Culiacán.

“Sin embargo, después de hacer un gran esfuerzo para que los trabajadores pudieran trasladarse en transporte público a sus empleos, vimos que no había consumo, que no había clientes en las tiendas”, plantea la presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Por eso, salieron a la calle a preguntar a la ciudadanía cuáles son las condiciones que necesitarían para volver a consumir en los comercios y tienditas locales.

“Por un lado, la gente nos dice que necesita seguridad en el traslado, porque tiene miedo a que les roben su vehículo, o a que los secuestren, o extorsionen. Y por otro, nos impactó que nos preguntaban mucho si los comercios tienen protocolos de seguridad para, en caso de una contingencia, resguardarse en un lugar seguro”.

“O sea, te dicen: sí estoy dispuesto a salir, pero tú, Estado, dame las condiciones de seguridad para mi traslado, y tú, comercio, dame la seguridad ante una posible situación violenta”.

El problema hasta ahora es que, a un mes de que estalló el conflicto armado tras la caída de ‘El Mayo’ Zambada, que al parecer fue preso tras un supuesto acuerdo entre uno de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán y las autoridades estadounidenses, nadie, ni el Gobierno Federal, ni el estatal, ni el municipal, están logrando, a pesar de los esfuerzos, dar esas mínimas garantías a los comercios ni a la ciudadanía en una urbe de 1 millón de habitantes en la que, al caer la tarde, la vida desaparece casi por completo.

“A partir de las siete, Culiacán es una ciudad fantasma”, dijo ayer miércoles en una conferencia de prensa en la Ciudad de México Miguel Calderón, activista y coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Las cifras presentadas ayer por la Coordinación General del CESP también reflejan la crisis que está dejando un mes ininterrumpido de balaceras, bloqueos carreteros, desapariciones, y los llamados ‘secuestros exprés’, una práctica criminal “nueva” en la ciudad: tan solo en el sur del estado, suman más de 200 familias desplazadas forzosamente, y 224 desapariciones forzadas de personas, un promedio siete cada día. Además, entre el 9 de septiembre, cuando empezaron los enfrentamientos armados, y el 8 de octubre, las estadísticas oficiales de seguridad contabilizan al menos 192 asesinatos, un promedio de 6 todos los días.

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