Álvaro Morales

Los presuntos quebrantos al erario público orquestados desde el interior de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) durante las últimas cuatro administraciones centrales rebasan los 500 millones de pesos, de acuerdo con miembros del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Oaxaca (STAUO).

En una serie de denuncias públicas hechas llegar a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la pasada 64 legislatura del Congreso federal, la organización sostuvo que los recursos fueron malversados de las ministraciones que recibió la otrora máxima casa de estudios durante las gestiones al frente de Rectoría de Francisco Martínez Neri, actual edil de la ciudad de Oaxaca; Rafael Torres Valdez y Eduardo Martínez Helmes, a los que se suman malos manejos orquestados por al actual administración que encabeza Eduardo Bautista Martínez.

 

Los integrantes del STAUO, una corriente sindical afín al actual gobierno de Oaxaca, acusó que los manejos irregulares provienen de aportaciones extraordinarias hechas entre 2008 y 2014 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Finanzas de la entidad.

Los cuatro rectores señalados de corrupción, pertenecen a otro grupo político, que entre su estructura cuenta con el Sindicato Único de Maestros (SUMA) y que durante los últimos 17 años ha ostentado el poder al interior de la institución universitaria.

Desde 2020, el STAUO, corriente opuesta al SUMA y la principal denunciante de actos de corrupción, ha exigido la realización de las elecciones que definan al nuevo Rector.

Fuentes hemerográficas consultadas indican que en entre 2008 y 2014 la UABJO recibió recursos extraordinarias por 811 millones 648 mil pesos, de los cuales, únicamente 448 millones de pesos fueron ejercido con indicadores de transparencias, al tiempo que 109 millones 11 mil pesos se utilizaron para engrosar los saldos de los estados de cuenta de la universidad y 254 millones 159 mil pesos permanecían sin ser justificados hasta octubre de 2020.

Ante esas inconsistencias, los miembros del STAUO solicitaron que las cuentas universitarias sean auditadas y que otros organismos intervinieran en las indagatorias, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El viernes 31 de diciembre de 2021, uno de los ex rectores implicados en las acusaciones, Eduardo Martínez Helmes, fue detenido por la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca (AEI) bajo cargos de defraudación al fisco estatal.

El ex funcionario permanece preso en un penal de la región de Valles Centrales a la espera de que un juez decrete este jueves si lo somete a proceso penal o no por los que cargos que se le imputan y por los que podría llegar a ser sentenciado a una pena de 13 años de cárcel.

Hasta el momento, la única observación sustancial que recae en contra del rectorado de Eduardo Martínez Helmes, entre 2012 y 2016, es una hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades por 56 millones de pesos.

En ese sentido, la Auditoría indicó que la Universidad no justificó la correcta utilización de 56 millones 108 mil 700 pesos que le fueron ministrados por la Federación en 2016 dentro del Programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que las irregularidades, incluyen 36 millones 912 mil pesos que no habían sido devengados al 31 de diciembre, 3 millones 802 mil pesos que excedieron el máximo del tabulador autorizado a diversas categorías de administrativos y docentes, así como un millón 719 mil pesos de pesos por pagos por licencias con goce de sueldo durante el ejercicio fiscal 2016 a 20 personas, concepto no autorizado para financiarse con los recursos del programa.

Los malos manejos, de acuerdo con un informe contemplado en la revisión de la Cuenta Pública 2016, también incluyen 11 millones 706 mil pesos por pagos con recursos del programa a 24 trabajadores que cuentan con una categoría que no está contemplada en los catálogos de puestos autorizados; un millón 829 mil pesos por realizar pagos por gastos que corresponden al ejercicio fiscal de 2015 y que fueron soportados con documentación que no cumple con requisitos fiscales,  y 60 mil pesos por los pagos a tres obreros que no fueron localizados en su centro de trabajo y no se presentó la documentación que justificara su ausencia.

Desde el 14 de mayo de 2016, Eduardo Bautista Martínez rindió protesta como rector de la UABJO en sustitución de Eduardo Martínez Helmes, quien había ostentado el cargo desde mayo de 2012.

Martínez Helmes es hijo del exrector Abraham Martínez Alavés y ambos personajes, a su vez, respaldaron la postulación de Bautista Martínez.

Sobre la auditoría practicada a la Universidad, la ASF explicó que la institución obtuvo un financiamiento federal de 919 millones 206 mil pesos, de los que se revisó una muestra de 879 millones 101 mil pesos, que representó el 95.6 por ciento del total.

 

Asimismo, indicó que los 56 millones 108 mil pesos observados representan el 6.4 por ciento de la muestra auditada.

Tales inconsistencias, apuntó, se tradujeron en 14 observaciones, de las que cinco fueron solventadas antes de la integración del informe.

Sin embargo, las nueve restantes generaron una Recomendación, una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y siete pliegos de Observaciones.

“En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Convenio Marco de colaboración para el Apoyo Financiero”

“La Universidad no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”, refiere el documento.

En conclusión, abundó, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.

Triangulación de recursos, otra imputación

 

Sin embargo, en su denuncia hecha el año pasado, el STAUO indicó que a las anomalías documentadas entre 2008 y 2014, se sumaban otras que al competen exclusivamente a la gestión de Eduardo Bautista Martínez, entre 2016 y 2020.

El sindicato, encabezado por Enrique Martínez, y que en 2020 apoyó la postulación de Gilberto Gamboa como candidato a Rectoría a pesar de que éste es identificado como un personaje cercano al ex gobernador José Murat, padre del actual gobernador, Alejandro Murat, acusó al actual Rector de haber permitido la triangulación de recursos públicos para finalmente destinar 245 millones 650 mil pesos a empresas outsourcing, encargadas de cubrir el pago de honorarios de trabajadores.

El STAUO sostuvo que las empresas beneficiadas han sido identificadas como Corporativo en Servicios Integrales Nakser S.A., Especialistas en Administración Kapao, S.A. y Corporativo Tuxame S.A.

En septiembre de 2020, fuentes periodísticas informaron que durante la administración de Eduardo Martínez Helmes también fueron desviados recursos públicos por conducto de la empresa “TAXX ANSWERS S.A. de C.V.”. El monto del desvío fue de 311 millones 746 mil pesos.

Integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados recibieron un expediente por el cual se documentan probables actos de corrupción en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) por más de 500 millones de pesos a la fecha. Esos recursos se enviaron como aportaciones extras de los gobiernos federal y estatal a la casa de estudios.

La administración y control actual de la UABJO se remonta a Abraham Martínez Alavez, padre de Eduardo Martínez Helmes. Abraham Martínez fue prohijado por el ex gobernador Heladio Ramírez López, y le correspondió fundar el Sindicato Único de Maestros (SUMA). De esa organización gremial surgió Eduardo Martínez, quien en escasos años llegó a ocupar la rectoría.

 

Las denuncias de corrupción y opacidad en la UABJO comenzaron a revelarse con la administración de Francisco Martínez Neri como rector (2004-2008), quien con la bandera del PRD llegó a la diputación federal y alcanzó con el respaldo de la corriente de los chuchos, la coordinación de ese partido en San Lázaro. También se replicaron con Rafael Torres Valdez (2008-2012) y de ahí a Martínez Helmes.

Ahora la denuncia por corrupción apunta a la administración actual de esa casa de estudios a cargo de Abraham Martínez Alavez y supera los 250 millones de pesos, pues autorizó contratos con empresas outsourcing de dudoso origen.

El legajo de documentos contiene información de contrataciones de una persona hasta por un millón 377 mil pesos con el rubro de “actividades profesionales”, entre los días 16 al 28 de febrero de 2018.

También se amparan cantidades de 2 millones de pesos como la póliza E-306, en la primera quincena de junio del mismo año hasta por 2 millones 240 mil 755 pesos para una persona contratada.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había colocado sobre la mesa ineficiencias administrativas en la UABJO. En 2018 se auditaron los subsidios para Organismos Descentralizados Estatales que alcanzaron a esa universidad los mil 11 millones de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 935 millones 604 mil pesos.

Y entonces se concluyó que 502 millones 850 mil pesos quedaban por aclarar en el rubro de remuneraciones a servidores públicos por concepto de sueldos, prestaciones no ligadas, prestaciones ligadas y estímulo a carrera docente. De esa cantidad no se presentó documentación comprobatoria por 366 millones.

 

Trabajadores ilocalizables

La ASF también reportó que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) gastó durante 2017, ya durante la gestión de Eduardo Bautista, un total de 2 millones 72 mil pesos en el salario de 27 empleados que no fueron localizados en sus centros de trabajo durante un ejercicio de revisión realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2017, el ente fiscalizador resaltó que la institución no presentó documentación para acreditar la ausencia de los trabajadores ni las labores realizadas durante la visita de los auditores.

Las irregularidades fueron detectadas en escuelas de Bachillerato Especializado y en la Preparatoria Número Dos, donde la Auditoría revisó los expedientes de 100 trabajadores.

 

Ante ello, de acuerdo con el Pliego de Observaciones comenzado al respecto, la UABJO está obligada a regresar a la Tesorería de la Federación los 2 millones 72 mil pesos erogados en los supuestos salarios, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro.

Por medio del oficio S.F./1906/2018, la Universidad envió información con el propósito de atender tanto los señalamientos de los 27 trabajadores no localizados como las irregularidades detectadas en

un contrario signado en otro rubro; sin embargo, la Auditoría Superior determinó que el oficio “no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado”.

El organismo resaltó que “la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados”.

Contrato irregular

Además, la ASF halló inconsistencias por un millón 824 mil pesos en el otorgamiento de dos  contratos para la impresión de credenciales escolares.

Primero, el organismo señaló que la institución académica llevó a cabo la licitación bajo la modalidad de Invitación Restringida cuando, por los montos, tuvo que haberse hecho como Licitación Pública.

Luego, indicó que tras revisar los contratos número UABJO/OAG/DCC/SDAAS/024/2017 por 960 mil 500 pesos y el UABJO/OAG/DCC/SDAAS/180/2017 por 864 mil 400 pesos, “se constató que los pagos realizados por mil 824 millones de pesos con recursos del U006, se encuentran soportados en las facturas correspondientes; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental de que los bienes y servicios fueron recibidos”.

Ante ello, la ASF solicitó el regreso de aquella cantidad, así como los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.

Sueldos de más de 40 mil pesos en una universidad en quiebra

En agosto de 2018, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) rechazó el proyecto de Reglamento de Pensiones propuesto el 28 de agosto del mismo año por  el rector de la máxima casa de estudios, Eduardo Bautista Martínez, que fijaba los 65 años como edad mínima para que los trabajadores puedan jubilarse y obliga a los empleados a aportar el 10 por ciento de su sueldo para su retiro.

El entonces secretario de la organización, Fernando David López Cruz, sostuvo que la propuesta atentaba contra los empleados universitarios y en nada abona a la eficiencia presupuestal, pues la medida culpabiliza a los “verdaderos” obreros de la crisis financiera en la que ha caído la otrora máxima casa de estudios por culpa de malas administraciones.

El dirigente también condenó el planteamiento de la administración central de obligar a los trabajadores a aportar el 10 por ciento de su sueldo al fondo para el retiro, cuando, en la actualidad, dijo contribuyen con entre dos y cinco por ciento.

“Nosotros vamos a defender nuestro contrato colectivo de trabajo porque para poder entrar a un proyecto de esta naturaleza tendríamos que poner, primero, orden en nuestra universidad”, dijo el líder.

López denunció que mientras un trabajador del STEUABJO recibe de pensión por jubilación de alrededor de 6 mil pesos mensuales, los integrantes de los sindicatos de académicos y de trabajadores de confianza, cercanos a los grupos de poder que controlan la universidad, gozan de pensiones de entre 30 mil y 40 mil pesos.

“Nosotros vamos a seguir peleando por el respeto al contrato colectivo… el STEUABJO fija su postura en que no va con ese proyecto”, reiteró.

Sueldos de 40 mil pesos por una hora de trabajo

López apuntó que si Rectoría busca optimizar el presupuesto que recibe, debía comenzar por depurar de la nómina a aviadores y a aquellos trabajadores que cobran sueldos altos sin trabajar, muchas veces, más de una hora.

Por ejemplo, apuntó, existen maestros de tiempo completo que dan una hora clase y perciben un salario de 15 mil o 20 mil pesos quincenales cuando un académico de confianza gana 35 pesos por hora; es decir, a la quincena, obtiene 525 pesos por hora.

“Hay una desproporción”, indicó.

Ocho sindicatos, no seis

No sólo eso, pues refirió que las autoridades universitarias de Oaxaca son las únicas que negocian con líderes de ocho sindicatos, a los que les ofrecen diversos tipos de canonjías, según los intereses que representa cada organización.

“No quisiera yo comentarlo, (pero) es claro que cada sindicato de académicos, tiene su dueño, es su cuota de poder”.

Detalló que en la máxima casa de estudios subsisten tres organizaciones que aglutinan a empleados administrativos: el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UABJO (SITUABJO), el Sindicato de Empleados de Confianza de la UABJO (SECUABJO) y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO  (STEUABJO), que es el que ostenta el contrato colectivo.

A ellos, se suman, resaltó, dos fracciones del Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO), dos más del Sindicato Universitario de Maestros (Suma) y el Sindicato Universitario de Académicos (SUA), creado en 2016.

Dos de los grupos políticos más fuertes que existen en la Universidad son los encabezados por el exrector Abraham Martínez Alavés  y la exrectora Leticia Mendoza Toro.

En el caso del SECUABJO, López Cruz acusó que sus afiliados reciben beneficios como 60 días de aguinaldo, el pago de escuelas privadas para los hijos de los militantes e, incluso, mausoleos.

“Somos los más interesados de que se siga garantizado la educación y si es necesario que pongamos orden, seremos los primeros en contribuir en ello”, resaltó, luego de exigir, a cambio, “piso parejo” para funcionarios y sindicatos.