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OPINIÓN | La única brecha que abrirá el 5g en México es la de la desigualdad

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Carlos Villalobos

Con la expansión inminente de los sistemas y tecnologías basadas en el 5G, las cuales en el papel buscan que se impulse el internet de las cosas, la relación natural que existía hombre-máquina va a pasar a segundo plano y se empezará a gestar una relación máquina-máquina, la cual solo se centrará en la automatización extrema de todos los procesos disponibles.

Todos los tecno-optimistas nos plantean que necesitamos forzosamente de la evolución en la capacidad de consumo de internet para poder mejorar nuestras condiciones, recordemos que en promedio, se nos promete que al menos la velocidad media que tendremos en un escenario optimista seria de 1 gigabyte por segundo (lo que representaría en términos prácticos tener descargada completa una película de Netflix en un parpadeo), en contraste con lo que vivimos hoy día con velocidades máximas con redes 4G 19.6 Megabytes por segundo.

Sin embargo, la realidad que tenemos en nuestro país de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) realizada en 2019, el acceso a internet en el país sigue sin ser generalizado. En cifras duras, solo el 56.4% de los hogares en México, cuentan con algún tipo de conexión a internet (móvil o conexión fija), de ahí se desprende que en zonas urbanas el 76.6% de la población cuenta con conexión y en zonas urbanas solo el 47.7% de población cuenta con algún tipo de conexión. Consideran que a duras penas se cumple con el acceso generalizado de acceso a internet con la infraestructura con la que cuenta el país y el estado, pasamos al siguiente estadio a analizar, la infraestructura que se necesita para acceder al 5G.

Ante este panorama, el país se enfrenta a un escenario, donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el órgano rector que funge como juez en el ramo; ha visto en peligro su autonomía y su capacidad de gestión ante el creciente ataque a organizaciones con autonomía jurídica, como este instituto y como la Comisión Reguladora de Energía. Además del poco interés de las empresas proveedoras de servicio por invertir en este tipo de infraestructura de forma equitativa, ya que, por ejemplo, para el caso mexicano, ya se habla de las primeras pruebas con antenas 5G en el país, pero se tiene estimado que sea para los principales centros urbanos.

Además de todos estos problemas, se tiene que considerar que implementar una nueva tecnología implica dejar de dar soporte a tecnología “pasada” y nuevos ciclos de consumo, que requiere la compra y la instalación de nuevos equipos tanto de los proveedores, como de los usuarios, provocando por default que la obsolescencia programada sea mucho más tangible en el mercado.

Es innegable también que ante la generación de más y mejores datos, el gobierno y autoridades se vean tentados a tratar de obtener acceso a la información de sus ciudadanas y ciudadanos, con el único fin de tener el control de la situación del ambiente.

Afortunada, o desafortunadamente, para el caso mexicano, este tipo de ciber control está todavía muy lejos, ya que la entrada generalizada del 5G para el país se pronostica para al menos 2025.

A todo esto ¿Qué nos queda como ciudadanos? Simple, sacar el pecho, exigir la creación de una agenda de derechos digitales desde lo local, plantear iniciativas que garanticen no solo el despliegue de infraestructura digital, si no que garanticen el conocimiento de las ciudadanas y ciudadanos para la utilización de las nuevas tecnologías; igualmente promover iniciativas que fomenten el derecho a la reparación como bandera para contrarrestar la obsolescencia programada, promover también la creación de comunalidad en línea, entre muchas propuestas más, básicamente “hackear la realidad”.

Si se logra encausar y enmarcar una agenda de derechos digitales desde los órganos de gobierno, hacia los avances tecnológicos que vivimos día a día, al menos se garantizará que el acceso al internet, y a sus bondades, sea de forma ético, equitativo y sobre todo beneficioso para el país.

 

 

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