Pese a denuncias, sin castigo el mal manejo de recursos públicos en Oaxaca

Álvaro Morales

I de II Partes

Tráfico de influencias, nepotismo y desvío de recursos, son algunos de los señalamientos que recaen, y han recaído durante lustros, sobre un amplio sector de diputados y presidentes municipales oaxaqueños sin que hasta ahora existan sanciones penales por parte de las autoridades judiciales locales y federales.

A pesar de la constante realización de pronunciamientos mediáticos de la clase política y la ejecución de bloqueos carreteros, marchas y la retención de funcionarios públicos a través de los cuales la población de múltiples municipalidades ha denunciado presuntos actos de ilícitos de sus autoridades, los reclamos no se han traducido en sentencias ni indagatorias que tengan como objeto desarticular las redes de corrupción que son operadas desde los ayuntamientos.

Según la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, las irregularidades cometidas por los munícipes o el resto de los integrantes de los cabildos se tradujeron en 2019 en irregularidades económicas de más de mil millones de pesos.

Antecedentes

Dentro de los últimos antecedentes administrativos y mediáticos que giran en torno al manejo irregular de las finanzas en los ayuntamientos, el Congreso de Oaxaca se negó a avalar las cuentas públicas de 2018 correspondientes a 74 municipios distribuidos en las ocho regiones del estado, con el argumento de que las autoridades incurrieron en una mala integración de sus reportes financieros, así como la existencia de inconsistencias en las investigaciones implementadas al respecto por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE).

El Poder Legislativo argumentó que las cuentas públicas no fueron aprobadas porque no hubo una revisión respecto a la aplicación de todos los conceptos del gasto y, en cambio, detectó inconsistencias en las actividades de fiscalización y en la gestión financiera.

Posteriormente, los integrantes del Congreso recriminaron que los informes no superaron los principios del gasto público, consagrados en el Artículo 134 de la Ley Federal ni las leyes correspondientes en materia de contabilidad gubernamental, gestión por resultados y control interno, entre otros.

Algunos de los ayuntamientos que no acreditaron el uso correcto de los dineros públicos fueron San Juan Mazatlán, Matías Romero Avendaño, Santiago Astata, el Barrio de la Soledad, el Espinal, San Mateo del Mar, Santa María Xadani y Santiago Juxtlahuaca; también aparecieron Putla Villa de Guerrero, San Felipe Usila, San Pedro y San Pablo Ayutla y Villa Alta.

En la región de Valles Centrales, el Poder Legislativo detectó irregularidades y tampoco aprobó los informes de los ayuntamientos de San Andrés Huayápam, Santa María El Tule, Cuilápam de Guerrero, San Pablo Etla, San Francisco Lachigoló, Mitla, Villa de Etla, San Lorenzo Cacaotepec, Santa Cruz Amilpas, San Pablo Huitzo, Tlalixtac de Cabrera, Ejutla de Crespo y Ánimas Trujano, entre otros.

En 2018, de acuerdo con datos de la Cuenta Pública enviada al Congreso del Estado por el Poder Ejecutivo, los 570 municipios de la entidad se distribuyeron un total de 16 mil 922 millones de pesos.

Otro informe, éste correspondiente al ejercicio fiscal 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló inconsistencias por casi 26 millones de pesos en la ejecución de los recursos que le fueron asignados a los municipios de Huajuapan de León y Oaxaca de Juárez, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

En lo que respecta al municipio de Oaxaca de Juárez, la Auditoría indicó que revisó 90 millones 400 mil pesos, de los que se desprenden observaciones por 10 millones 976 mil pesos, que deberán ser aclaradas o devueltos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

La observación por el mayor monto asciende a 7 millones 775 mil pesos y correspondió a una obra denominada “Construcción de 12 Aulas de la Escuela Primaria Independencia Clave 20DPR3520N en el Paraje La Magueyera, agencia de Viguera”.

En relación a ello, la Auditoría indicó que a pesar de que la construcción aparece con importe pagado, no se encontró en condiciones de operación debido a que no disponía del equipamiento requerido para funcionar en forma adecuada y, por ende prestar el beneficio apropiado a la población beneficiada con los recursos respectivos.

A ese monto, se sumaron 3 millones 189 mil pesos que no habían sido pagados al 31 de marzo de 2020 y 11 mil 400 pesos que corresponden al reintegro de recursos no pagados al 31 de marzo de 2020.

“Hackean” cuenta en Huajuapan de León

En el caso de Huajuapan de León, en la Mixteca, se indicó que se revisaron 56 millones 55 mil pesos, equivalentes al 97.8 por ciento de los recursos obtenidos bajo ese fondo.

Tras los estudios elaborados por la ASF, se determinaron observaciones por 14 millones 962 mil pesos, que corresponden a la falta de documentación comprobatoria de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa.

En ese sentido, la ASF reportó que el ayuntamiento le justificó que 14 millones 860 mil pesos del monto observado desaparecieron debido a un “hackeo” a la cuenta donde se administraron los recursos del fondo.

Además, se consideró otra probable recuperación por otros 102 mil pesos.

90% de municipios incurren en actos irregulares

La Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca estima que entre el 80 y 90 por ciento de los 570 municipios que existen en Oaxaca han incurrido en prácticas irregulares durante la ejecución de los recursos públicos que reciben tanto del estado como de la Federación.

En 2019, más de la mitad de los 2 mil 100 procedimientos que habían sido abiertos en esta entidad, señaló, estaban relacionados con inconsistencias financieras en diversos ayuntamientos por un monto conjunto de más de mil millones de pesos.

Ante ello, el organismo catalogó como imperativo que se instrumentaran mejores esquemas de prevención, principalmente que giraran en torno a fiscalizaciones en tiempo real para evitar la proliferación de posibles malversaciones.

Sin embargo, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, subrayó que, por sí solo, el Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) no tiene la capacidad para revisar cada una de las acciones que realizan los municipios, lo que hace inviable que el OSFE pueda contrarrestar las malas prácticas que predominan en esas instancias de gobierno.

El alto número de municipios que coexisten en el estado (570), abundó, sobrepasa la capacidad de las instancias que pueden prevenir o fiscalizar en tiempo real esos recursos.

Ante ello, Iruegas refirió que “se trata de generar acciones preventivas e incidir en que en esos municipios existan órganos de control interno para poder evitar en tiempo real que se malverse el recurso público”.

No obstante, a pesar de que los ayuntamientos se encuentran bajo sospecha por el uso ilícito que pudieran dar a los recursos públicos, otra de las entidades que se ha mantenido bajo las mismas sospechas es el Congreso de Oaxaca, que únicamente en dos años ha gastado más de mil 400 millones de pesos, sin cumplir con esquemas eficientes para transparentar la ejecución de los dineros que recibe.