Evidencian contradiccion de jueza al sentenciar y luego deslindar de desaparicion forzada a ex alcaldesa

I de II Partes

Álvaro Morales

En un periodo de ocho días, la jueza de Huajuapan de León, María Teresa Quevedo Sánchez, cambió el fallo condenatorio que había emitido en audiencia pública el pasado siete de diciembre en contra de la ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de la activista Claudia Uruchurtu Cruz y, en un viro sin precedente, decidió reclasificar el ilícito a “obstrucción” en las labores de búsqueda de la mujer que permanece desaparecida desde marzo de 2021.

En una audiencia realizada vía remota, a la que tuvieron acceso familiares de la víctimas, abogados, ministerios públicos y representantes de la parte imputada y cuyo extracto fue entregado por las víctimas colaterales a este medio de comunicación, la jueza Quevedo Sánchez declaró, ante los oídos de todos y sin ningún tipo de interferencia que alterara la comunicación, culpable del delito de desaparición forzada de personas a Lizbeth Victoria Huerta, Juan Antonio Hernández Martínez, Rolando Aquino Barrita y a Nelci Yanet Vásquez Jiménez, ; sin embargo, únicamente los tres últimos recibieron la sentencia respectiva.

“Como consecuencia, se considera y se declara a Lizbeth Victoria Huerta, Juan Antonio Hernández Martínez, Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita culpables del delito de desaparición forzada de personas cometido en agravio de Claudia Uruchurtu Cruz, quedando subsistentes las medidas de coerción que se les impusieron en la presente causa”, leyó la propia jueza, según se aprecia en el fragmento de la videograbación de la audiencia.

Y continúa la juzgadora: “Noveno, los razonamientos y fundamentos se establecerán al integrarse la sentencia respectiva, así lo resolvió y firma la ciudadana licenciada María Teresa Quevedo Sánchez”.

Mira aquí el vídeo:

 

Contradicciones

Con aquel antecedente, cinco días después, el 12 de diciembre, en la audiencia de individualización de sentencia, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca solicitó la pena máxima en contra de Lizbeth Victoria Huerta y sus tres cómplices que, por tratarse de  exservidores públicos, asciende a 90 años en prisión.

Sin embargo, en ese momento, la jueza argumentó que la solicitud de la autoridad ministerial no se apegaba a su fallo, pues la ex edil en ningún momento había sido sentenciada por desaparición forzada de personas sino por “obstruir” las labores de búsqueda de Claudia Uruchurtu Cruz.

“Cuando llegamos a esa audiencia, el 12 de diciembre,  los ministerios públicos solicitan a la juez que de les dé la pena máxima a los acusados. La pena por desaparición forzada de personas es de entre 40 y 60 años de cárcel; sin embargo, hay una agravante, y que es que todos ellos eran servidores públicos: Lizbeth Victoria Huerta, presidenta municipal de Nochixtlán, y los otros tres trabajan en el municipio. Por ser servidores públicos se les puede imponer, por encima de la pena máxima, la mitad otra vez de la pena y esa es la pena que solicitan los ministerios públicos”, explica Elizabeth Uruchurtu Cruz, hermana de Claudia, días después de la emisión de la sentencia y mientras sus abogados preparan la apelación a la resolución de la impartidora de justicia.

“Solicitan 90 años para Lizbeth Victoria Huerta y entre 60 y 90 años para los otros tres responsables; ahí es cuando la jueza, dice que no se apegaron a su fallo…
“Se hace una pausa en la audiencia y nosotros como víctimas; incluso, los mismos ministerios públicos, nuestros asesores jurídicos, entramos en una confusión porque no entendíamos qué es lo que estaba tratando de decir la juez; finalmente, la juez termina esa audiencia, el 12 de diciembre, sin dar una sentencia, y nos dice que va a leer la sentencia el 15 de diciembre y ya: nos deja con esta duda de no saber qué es lo que está diciendo”, agrega Uruchurtu.

El 15 de diciembre, la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento de Huajuapan de León, María Teresa Quevedo Sánchez, modificó el delito de desaparición forzada de personas que recaía, según sus propios términos dados días antes, sobre Lizbeth Victoria Huerta y operadora política del hoy gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz,  y la sentenció a cuatro años y dos meses de prisión bajo cargos de “obstrucción” en la búsqueda de Claudia Uruchurtu Cruz.

Con su decisión, la jueza Quevedo Sánchez propició que la pena contra Victoria Huerta se redujera más  95 por ciento, pues la sentencia máxima por desaparición forzada de personas, delito que se le atribuía a la ex edil, es de 90 años.

Contrariamente, la misma juzgadora halló penalmente responsable de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu a Juan Antonio Hernández Martínez, guardaespaldas de Lizbeth Victoria, y, por ende, lo condenó a 60 años de prisión en calidad de autor material del acto criminal, y, en calidad de partícipes o cómplices, condenó a 40 años de cárcel a Rolando Aquino Barrita y a la misma pena a Nelci Yanet Vásquez Jiménez, ambos también cercanos a la ex alcaldesa.

“Una vez que dijo que eso no era lo que ella había dicho, fue cuando nos quedamos muy preocupados y comenzamos a levantar la voz y a denunciar lo que estaba tratando de hacer y que efectivamente fue lo que acabó haciendo el día 15 de diciembre, cuando se renauda la sesión y entonces ella empieza a dar los términos de cárcel para cada uno y decide que efectivamente no está condenando a Lizbeth Victoria Huerta por el crimen de desaparición forzada sino por una crimen mucho menor que es, básicamente, que hubiese obstruido la búsqueda y ese delito solamente lleva entre dos y siete años y determina que a Lizbeth Victoria Huerta le tocan cuatro años y ahí está, es lo que ella dice”, denuncia Elizabeth Uruchurtu.

Apelarán sentencia

El próximo 29 de diciembre vence el plazo para que tanto los involucrados en la resolución como las víctimas colaterales apelen la sentencia emitida el 15 de diciembre y, ante ello, los asesores legales de la familia Uruchurtu impugnarán la condena, principalmente, por el caso de Victoria Huerta.

En ese sentido, la hermana de la activista desaparecida reiteró que sus allegados están dispuestos a concluir toda la ruta jurídica hasta obtener justicia al 100 por ciento e incluso llegar a instancias internacionales.

“Nosotros en este caso tenemos derecho a apelar la sentencia; entonces, ese es el primer paso legal. Hay diferentes posibles resultados de una apelación y si fuera el caso que siguiéramos sin que se haga justicia, sin que se haga el procedimiento adecuadamente, nos podemos ir a un amparo, un amparo sería un amparo federal y el caso se lleva a las instancias federales.

“Entiendo que una vez que esos recursos son agotados, es cuando realmente podemos comenzar a considerar las instancias internacionales y, en este caso, por el activismo que venía realizando Claudia, creo que la primera instancia internacional sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperemos que no haya necesidad de llegar, pero llegaremos hasta donde tengamos que llegar porque es lo que se merece Claudia.

“Claudia nunca se consideró, nunca se llamó, nunca alardeo de que ella fuera un activista, nunca lo hizo, ella siempre nos dijo que ella lo hacía, una, por la gente, porque le parecía realmente inhumana la forma en que se le robaba, porque eso es lo que es: robo, y porque ella decía que todos como ciudadanos teníamos la obligación de pelear por una situación mejor; yo creo que eso es lo menos que le debemos a mi hermana, el llegar hasta donde podamos llegar para que la situación mejore no solamente para nosotros sino para otras familias, esa es la parte jurídica.

–¿Tienen evidencia suficiente que responsabiliza a la ex edil de ser autora intelectual?

–No es evidencia que nosotros tengamos, es evidencia que la policía de las diferentes instancias en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca recolectó en su investigación, en todo este proceso. El cúmulo de testimonios y el cúmulo de evidencia es más que vasto y, repito, hay un testimonio que me pareció, que nos pareció fue clave de uno de los partícipes en el crimen de la desaparición de Claudia.

Uno de los partícipes narra paso a paso y con lujo de detalle cómo es que desaparecen a mi hermana, qué es lo que hacen con ella y ese testimonio nos parece, a pesar de que es muy difícil de escuchar, esencial porque deja clarísimo, sin lugar a duda para ningún mortal, cómo se llevó a cabo el crimen y quién lo ordenó.

>Toda la demás evidencia que se presenta durante el juicio es evidencia que viene a corroborar este dicho: las imágenes de circuito cerrado de televisión, los testimonios, los diferentes peritos que hacen su trabajo. Está ahí, no es algo que nosotros inventamos, es algo que las mismas instancias, la fiscalía, las áreas de investigación, las áreas de análisis, las áreas de peritaje, pusieron enfrente de la juez. Está más que claro: yo no sé qué más necesita esa señora o algún otro juez para ver cómo se dieron las cosas… no hay ninguna duda de que estos cuatro y otro que está esperando juicio, son responsables de la desaparición forzada de Claudia Uruchurto…