Álvaro Morales

Durante los últimos cuatro años, altos funcionarios y autoridades del Registro Civil de Oaxaca han sido acusados públicamente más de una veintena de veces y cada vez de manera más reiterada de orquestar actos de corrupción que van desde el cobro de dádivas para agilizar trámites o corregir documentos hasta el robo de folios de actas de nacimiento para ponerlos a disposición de bandas delictivas, así como la desaparición jurídica de personas a efecto de despojarlas de su patrimonio, principalmente bienes inmuebles.

Tal ha sido la inconformidad acumulada, que particulares y organizaciones no gubernamentales han acusado que en el Registro Civil de Oaxaca operan células de delincuencia de cuello blanco, desde donde han sido orquestados diversos tipos de despojos y otros delitos que, señalan, deben ser investigados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Fiscalía General de la República (FGR).

Delitos de cuello blanco

En uno de los últimos casos ventilados, la organización Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) denunció el pasado 26 de junio que el Registro Civil de Oaxaca en contubernio con el Registro Agrario Nacional dio por fallecidos y sepultados a mil 13 comuneros del municipio de Santo Domingo Ixcatlán, localizado en la región de la Mixteca, con el objetivo de despojarlos de sus tierras.

El organismo de la sociedad civil indicó que todas las personas declaradas muertas por las autoridades se encuentran vivas; sin embargo, la Representación Comunal Agraria, integrada por comuneros afines a la familia Morales Arias, de la que forma parte la actual presidenta del Comisariado de Bienes Comunales, Alma Morales Arias, decidió, el 12 de agosto de 2018, dar de baja del padrón de comuneros a las víctimas para “privarlos de todos sus derechos como personas y, en especial, a los derechos a sus tierras y territorio indígena”.

A pesar de que dentro de la lista de agraviados se encuentran 177 personas vivas que cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agregó la ONG, el representante del Registro Civil, Daniel Víctor Merlín Tolentino, entonces Jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil de Oaxaca, avaló el acta en la que se notificaban las muertes a través del oficio DRC/UJ/699/2018.

Posteriormente, el siete de septiembre 2018, el Registro Agrario Nacional (RAN) efectuó la calificación registral del acta de la asamblea, con lo que se oficializó la baja de los ciudadanos del padrón de comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, en un acto que también tuvo el respaldo de la Procuraduría Agraria.

Según la versión de los denunciantes recabada por medios de comunicación, desde hace más de una década, autoridades estatales, federales y un sector de comuneros de Ixcatlán han permanecido interesados en “crear” un conflicto agrario con sus vecinos de Chalcatongo de Hidalgo, para lo cual algunos comuneros de Ixcatlán decidieron venderle a la segunda población terrenos situados en las inmediaciones del límite territorial de ambas demarcaciones para luego simular una disputa.

Con ello, de acuerdo con los inconformes, los involucrados tendrían acceso a al menos 150 millones de pesos del programa Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) de la Secretaría de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Acusan robos de identidad para fraguar despojos

Otro de los casos denunciados recientemente, gira en torno a los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez, que acusaron al Registro Civil de Oaxaca de haberlos despojado de su identidad al desaparecerlos de los libros de registro y con ello pretender borrar el vínculo con su padre, Víctor Manuel Gómez Conzatti, hijo del botánico italiano Cassiano Conzatti, con la intención de despojarlos de dos inmuebles, un edificio comercial y una casa, ambos localizados en el centro de la ciudad de Oaxaca y valuados en 70 millones de pesos.

Los hermanos acusan que se han enfrentado a una red de delincuencia organizada, pues para despojarlos de su identidad y desposeerlos de sus bienes han participado –según sus declaraciones– tres instancias de gobierno: el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca.

“Nos crearon otras identidades con un papá y con una mamá con apellidos distintos, que no tienen nada que ver con nosotros”, relató en una entrevista concedida a Televisa, en mayo pasado, Caleb Gómez Conzatti y Martínez.

Caleb y sus dos hermanos, afirmaron que el robo de identidad se registró en 2020 y que se enteraron de él en septiembre, cuando, de manera anónima, les hicieron llegar las actas de nacimiento en los que sus nombres aparecían con los apellidos López Martínez y no Gómez Conzatti y Martínez, como ellos se identifican.

Hasta antes de aquel periodo, han sostenido, toda su documentación se había mantenido en orden, pues en el litigio que actualmente mantienen contra las autoridades del estado de Oaxaca, encabezadas por el Registro Civil, los hermanos han exhibido copias certificadas con los apellidos Gómez Conzatti y Martínez, así como credenciales de elector, CURP, pasaportes y cédulas profesionales de diversas instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey.

Por su parte, el Registro Civil de Oaxaca asegura que Herbé, Caleb y Ashmar pretenden adjudicarse de una filiación paterna que no les corresponde y que carece de antecedentes en los archivos de la institución; sin embargo, el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación le ordenó a la instancia del gobierno local que restituya la identidad de las tres personas al haber quedado corroborado, de acuerdo con su óptica, la identidad de todos ellos bajo los apellidos Gómez Conzatti y Martínez.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR), en un peritaje realizado por este caso, determinó que tres actas de nacimiento que fueron colocadas en los libros del Registro Civil de estado de Oaxaca en el lugar que le correspondía a las actas originales de los tres hermanos, son falsas; es decir, de acuerdo con los denunciantes y según el resultado del peritaje, alguien sustrajo de los registros las tres actas que confirmarían la identidad de los agraviados y en su lugar colocó documentos falsos.

Por estos hechos, los hermanos Gómez Conzatti y Martínez entablaron denuncias penales en contra del exdirector del Registro Civil y excandidato a diputado federal por el PRI, Christian Hernández Fuentes, titular durante el periodo de materialización del robo de identidad (2018-2020); Carlos Cruz Benítez y Omar Hernández Medecigo, encargados del despacho del Departamento del Archivo Central del Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2020); Juan Gabriel Rodríguez Matus, Jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil, Primer Oficial del Centro del Registro Civil del Distrito del Centro (2017-2019); Segundo Oficial del Centro Registro Civil (2017-2019); y Oficial de Tlacolula del Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2019).

Así como contra Jorge A. Zárate Medina, director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca; José Antonio Lara Rodríguez, Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral; Gilberto Gamboa Escobar, director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca y José Octavio Tinajero Zenil, Consejero Jurídico del Estado de Oaxaca.

Más y más denuncias

Además, de los dos casos referidos anteriormente, en lo que va de la actual administración, ciudadanos y trabajadores de la dependencia han acusado la comisión de múltiples actos de corrupción en diversas áreas.

En 2017, la entonces titular, Martha Alicia Escamilla, admitió el robo de folios de actas de nacimiento por parte de empleados y exempleados, quienes habrían puesto a disposición de bandas delictivas aquella información a efecto de facilitar la comisión de delitos.

La entonces funcionaria, indicó que por tales hechos la institución había promovido denuncias penales y había destituido a al menos a cinco funcionarios vinculados con esas prácticas.

Sin embargo, posteriormente, la propia Escamilla fue acusada de promover el pago de dádivas a funcionarios de la institución en la Región del Istmo de Tehuantepec, a cambio de facilitar la emisión de actas de matrimonio y actas de nacimiento.

De acuerdo con la columnista María de los Ángeles Nivón, durante su gestión como director del Registro Civil, Escamilla León ordenó cobrar entre mil 250 hasta 10 mil pesos los enlaces matrimoniales que se efectuaban en la región del Istmo.

Para ello, agregó la periodista, cuando los representantes del Registro Civil tenían que acudir a una población para legitimar alguna boda, se establecían tarifas de entre 5 mil y 10 mil pesos, mientras que los actos realizados en las sede de sus oficinas eran valuados en mil 250 pesos.

Para obtener mayores, ganancias, según se informó, los oficiales reportaban todos los eventos a los que acudían como actos efectuados en las oficinas regionales del Registro Civil.

En noviembre de 2018, un grupo de trabajadores tomó una de las oficinas del Registro Civil en la capital de Oaxaca y detuvo los registros de nacimiento, para exigir la renuncia de una responsable de área, a quien acusaron de actos de corrupción y malos tratos al personal sindicalizado.

Los inconformes, además, se declararon en protesta de brazos caídos, hasta lograr la renuncia de la encargada de la oficina, María Isabel Pineda.

Antonio Lorenzo Ruiz, representante de los sindicalizados, presentó pruebas del exceso de la servidora pública quien, además de ausentarse constantemente de sus funciones, incurría, según su versión, en desvío de fondos.

Ese mismo año, padres de familia y personas que acudieron al Registro Civil denunciaron por medio de la red social Facebook, la presunta corrupción existente al interior del organismo, luego de que una trabajadora “cobrara” por realizar un trámite sin extender el recibo de pago o línea de captura para efectuar el pago en el banco correspondiente.

Por el contrario, el denunciante aseguró haber entregado el dinero por el servicio de actualización de un acta de nacimiento a la empleada del Registro Civil y solo después de reclamar el recibo, fue cuando entregó la “línea de captura” para hacer el pago correspondiente en una institución bancaria, aunque según el hombre, los recursos ya se los había entregado a la funcionaria.

A lo largo del video de unos tres minutos de duración, se aprecia el malestar del usuario por el presunto acto de corrupción y la forma en cómo le espeta a una mujer que dice ser la Jefa de Departamento.

En su momento, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, María Isabel Chagoya Méndez reportó que el Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad del estado de Oaxaca se ubican como las dependencia u organismos del Gobierno de Oaxaca con los índices más altos de corrupción.

La funcionaria sostuvo que, en caso del Registro Civil, la población en general cataloga a los empleados del organismo como los burócratas más corruptos.

Sobre las denuncias por irregularidades presentadas por el público usuario se encuentran: la corrección del nombre ya sea por faltas de ortografía o porque tiene errores de “dedo”, además de provocar trámites engorrosos que no deben existir.

Y el 23 de julio de 2020, ciudadanos denunciaron y manifestaron su inconformidad por los cobros de hasta 3 mil pesos que les son exigidos en el Registro Civil por un acta de defunción que cuesta alrededor de 100 pesos.

Tal queja llegó al Congreso de Oaxaca, donde algunos legisladores hicieron pronunciamientos en tribuna en contra del ex director, Christian Hernández Fuentes.

La 64 legislatura de Oaxaca aprobó un punto de acuerdo para que el Gobierno del Estado garantice a los oaxaqueños que perdieron un familiar por Covid-19, reciban de forma oportuna y sin cobros excesivos el acta de defunción, situación que hasta este momento no se ha asegurado.

De acuerdo con los diputados, la población oaxaqueña había denunciado los cobros indebidos de oficiales o encargados de las oficialías del Registro Civil, quienes se aprovechan de la urgencia y necesidad de los deudos.

Esa situación se agravó durante el comienzo de la pandemia de Covid 19, con cobros que fueron de los 2 mil a 3 mil pesos por emitir actas de defunción.

Luego, la propia dependencia informó que cinco trabajadores administrativos que expedían actas de nacimiento, fueron cesados y vinculados a proceso ante la Fiscalía Anticorrupción por cometer presuntos actos indebidos.

Las anomalías cometidas por los implicados fueron detectadas a través del sistema de videoseguridad interna en la recepción de documentos al público.

El Registro Civil precisó que los servidores públicos cesados fueron sometidos a proceso de sanción por malas prácticas y por pedir dinero a usuarios a cambio de trámites, tales como la expedición de actas de nacimiento.