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Ley de Consulta Indígena de Oaxaca, el gran embuste de la carrera extractivista

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Rodrigo Islas Brito

Apurados por el plazo de un juez federal que daba este 30 de enero de 2019 como fecha límite para la aprobación de una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el estado de Oaxaca, bajo pena de caer en un desacato constitucional, las y los diputados de la 64 legislatura del estado, sacaron el trámite en tan solo tres días con la organización exprés de un Foro de Socialización de un proyecto de ley que fue votado y aprobado un día y medio después bajo la premisa en sus estatutos de que serán las asambleas generales comunitarias las que podrán tener la decisión final de si la Consulta a sus ciudadanos para el levantamiento de mega proyectos extractivistas en sus territorios se realiza o mejor se pasa directo a la extracción, remoción de la tierra y sus consecuentes actividades monetarias.

“Es una ley que estaba obligada a construir desde 2001. Un mecanismo de interlocución entre los pueblos y el gobierno siempre que los pueblos resulten afectado por decisiones legislativas o administrativas”, define el abogado Carlos Morales , director de Litigio Estratégico Indígena, asociación civil que demandó a través de un juicio de amparo que el Congreso construyera una ley de consulta que estaba obligado a hacer desde 2001. “El Congreso está actuando de manera rápida, es la gravedad de la sentencia la que los lleva a actuar así, al vapor”, define el también experto legalista compartiendo que la 64 legislatura había incluso había pedido legalmente que la fecha limite fuera este 30 de abril, cuestión que no le fue concedida.

Todo inicio este lunes 20 de enero con la realización del mencionado foro después de que la 64 legislatura publicitara que el camino fue la realización de 16 foros previos por todo el estado de Oaxaca. Teniendo como principal organizadora a la diputada Gloria Sánchez López en su papel presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas y Migración. La misma Sánchez López a la que en marzo de 2019 la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar acusó (a ella y a su hermano, Héctor Sánchez) de pretender impulsar empresas eólicas en el Istmo de Tehuantepec, pese al rechazo de las comunidades.

Incluso la comunidad señaló entonces que la legisladora había tratado de dividir a la población al utilizar fechas conmemorativas, como el Día Internacional de la Mujer, para visitar a la comunidad y presuntamente promover a la empresa eólica Mareña Renovables. Es así que bajo el detalle de que detrás de su organización, se encontraba una persona ubicada como agente a favor del advenimiento de proyectos extractivistas en las comunidades, el foro para hablar sobre una ley que les pregunta a los pueblos si esos proyectos se realizan o no, finalmente se llevó a cabo.

El Foro dio inicio con una ceremonia de permiso a la madre tierra, poblada de copal y de ordenanzas a todas y todos los asistentes de las 570 comunidades del estado a extender las manos a los cuatro punto cardinales del planeta, que fue realizada por la activista Carmen Santiago Alonso, directora del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, quien le pidió a las y los diputados presentes que no cayeran en la simulación.

Al término del evento se le cuestionó a la activista sobre la pertinencia del artículo 8 del entonces proyecto de ley que marca excepciones para que las consultas a los pueblos se lleven a cabo, ordenando en su cuarto apartado que estas podrán pasar por alto en el caso de que existan “acciones de desarrollo u obras de infraestructura en las que la asambleas generales comunitarias, determinen que generará un beneficio manifiesto para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.

Se le comenta a Santiago si este apartado no podrá significarse como una posibilidad para que ahora cabilderos y operadores esas “acciones de desarrollo u obras de infraestructura”, es decir los proyectos extractivistas y de mega infraestructura que buscan hacer blanco en el Istmo de Tehuantepec como el Corredor Transistmico anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busquen influir y mayoritear con sus propios intereses económicos y empresariales las decisiones de las propias asambleas comunitarias.

“Lo que se haga de la tierra y territorio tiene que tener consentimiento de las comunidades”, responde Santiago, asegura que sobre el contenido de la ley la diputada Gloria Sánchez le prometió que esperaría a que las y los asistentes al Foro le hicieran llegar sus observaciones y sugerencias sobre su contenido. “No queremos una ley a modo. Dependerá que las comunidades y las organizaciones intervengamos. Si estamos aquí es porque nos insistieron mucho en venir”, dijo ese 20 de enero, Carmen Santiago. Dos días después, el 22 de enero, la ley de consulta ya había sido aprobada con 32 votos a favor por el Congreso del Estado.

Dos días antes, Santiago comenta que la minería hoy aniquila la tierra oaxaqueña, pues pese a que el presidente Obrador ha dicho que no dará más concesiones al respecto, con las que ya existen sobra y basta para que se deteriore el territorio de los pueblos. Problemática de invasión sobre la que el abogado de Litigio, Carlos Morales también va raudo.

“Advertimos de primera impresión (en la Ley de Consulta) que posiblemente haya algunas disposiciones que no estén acordes con los estándares internacionales. El juez estableció lineamientos a los cuales tenía que sujetarse el Congreso. Si advertimos que algo que no checa, acudiremos ante el juez federal”, prometió el abogado un día antes de la votación de la ley llevada a cabo en el Congreso del Estado.

Sobre lo dictado por el artículo ocho que marca que la consulta a la gente no será necesaria en caso de que la misma asamblea comunitaria así lo decida, cuestión que ni siquiera fue abordada y mencionada a la gente por las y los redactores de la ley el día del foro, el jurista puntualiza que este puede usarse “para editarse en una decisión administrativa para que la consulta no se lleve a cabo”.

“Podrían permitir que el estado incumpliera con los estándares internacionales. Esto permitiría también consultas como esas especies de asambleas a mano alzada que se han visto recientemente”, comenta el legista en referencia a la costumbre del presidente López Obrador de volver a sus mítines consultas para los pueblos.

“Pero esas consultas no son a las que hace referencia el artículo sexto del convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo”, apunta Morales quien invita a “analizar si esa excepción a la consulta es convencionalmente justificada o si es una trampa para incumplir la misma consulta”,

Se le comenta si no existe la posibilidad de que hoy una legislatura local de mayoría morenista este simplemente sirviendo a los tramites para que un gobierno federal del mismo partido político cumpla con sus intereses de imposición sobre los pueblos de un proyecto como el Corredor Transistmico y la construcción de un Tren de cuatro pistas y las ocho zonas industriales que comprende. ¿No será esta ley un instrumento de trámite de los gobiernos estatal y federal para hacer lo que ya decidieron que se va a hacer?, es la pregunta que surge

Morales considera que no necesariamente los pueblos tienen que oponerse siempre, que habrá pueblos que dirán que están de acuerdo con la construcción de infraestructura comercial e industrial en sus territorios. Y que si la ley de consulta indígena en Oaxaca resulta en realidad al final un trámite para librarse de la obligación de tomarles su parecer, a los pueblos les queda el recurso de promover amparos al respecto.

Por su parte, Carmen Santiago asegura que la organización siempre ha sido la fuerza de las comunidades en Oaxaca a las que invita a no bajar la guardia y a aliarse con las instituciones académicas para mostrar la afectación que van a sufrir en sus territorios y entorno ecológico.

Se le dice que hoy el Tren Maya en el sureste del país y el Corredor Transistmico y su promesa de volver al Istmo de Tehuantepec un nuevo Canal de Panamá, son promesas para el presidente López Obrador de que estos traerán progreso y avance económico y sacaran finalmente del atraso y la pobreza a los pueblos originarios de México.

“No es la única alternativa, cada quien conoce muy bien su región y sabe cómo hacer producir la tierra”, estima la directora de Flor y Canto. ¿Con estos proyectos puede registrarse un choque entre las comunidades y los intereses empresariales y gobierno?, se le cuestiona.

“Si hablamos de Oaxaca, esta ya está conflictuada desde hace muchos años por límites territoriales. Ese si es un tema que puede afectar como la problemática ancestral que es. Al ser humano con tal de lograr propósitos no le importa perder parte de su territorio. Nosotros como pueblos indígenas hemos perdido muchos valores que nos distancian de una unidad”, enuncia la activista.

Por su parte, la diputada Gloría Sánchez, el miércoles 22 de enero en el que en sesión extraordinaria se aprobó constitucionalmente la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el estado de Oaxaca, jubilosa afirmó: “Hoy es un día en que se hace justicia a los pueblos indígenas y afromexicanos, porque se trata de un instrumento poderoso para defender a quienes por años han estado desprotegidos”.

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